Sin la presencia del principal imputado, el ex presidente Carlos Menem, comenzó este jueves en Argentina el juicio oral y público por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que fue el mayor escándalo de corrupción de su gobierno (1989-1999).
Según su defensor Omar Daer, Menem, de 77 años, "no está en condiciones de soportar" el proceso en su contra debido a que padece "un cuadro de estrés, anemia severa, diabetes y alergia". Por eso se excusó de asistir. No obstante el Tribunal Oral en lo Penal Económico inició el proceso contra los otros 17 imputados en la causa, entre ellos ex ministros.
Los jueces leyeron la acusación y resolvieron que Menem deberá presentarse cuando se lea la requisitoria del fiscal en su contra. Si no lo hace, los jueces podrían trasladarse hasta su provincia natal, la norteña La Rioja, donde reside.
El ex mandatario, dos veces elegido para el cargo, es senador nacional por el Partido Justicialista, y tiene inmunidad de arresto. Puede ser juzgado pero no detenido. En caso de que sea condenado en esta causa, la cámara alta deberá quitarle los fueros para que cumpla la sentencia, que podría ser de entre cuatro y 12 años de prisión.
Menem, que tiene pendientes varios procesos por corrupción, estuvo bajo arresto domiciliario ocho meses en 2001 por esta causa. Pero entonces la figura legal que se le imputaba era la de asociación ilícita. Ese proceso fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de entonces, integrada por magistrados designados durante su gestión.
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La investigación que ahora llegó a la instancia de juicio había sido iniciada en la Aduana por contrabando.
Las ventas de 6.500 toneladas de armas se efectuaron entre 1991 y 1995 mediante una serie de decretos —firmados por Menem y algunos de sus ministros— que indicaban que el armamento iba a Panamá y a Venezuela. No obstante, se probó que los cargamentos fueron a Ecuador y a Croacia, dos destinos vedados por diferentes razones.
Ecuador mantenía un conflicto bélico con Perú, en el que Argentina jugaba un papel de mediación. Croacia era una de las protagonistas de las guerras de secesión de la entonces Yugoslavia, por lo cual estaba sujeta al embargo internacional a la venta de armas, dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas para las partes involucradas.
El intermediario de las operaciones fue el militar retirado Diego Palleros, uno de los acusados en el juicio que comenzó este jueves. El ex uniformado, que estuvo ocho años prófugo, reveló que las operaciones fueron por unos 50 millones de dólares. Ese dinero no ingresó a las arcas del Estado, pero sí se registraron movimientos en cuentas bancarias en Uruguay.
Además de Menem y Palleros están en el banquillo el ex asesor presidencial Emir Yoma, ex cuñado de Menem, el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, el ex jefe de la fuerza aérea, Daniel Paulik, y el ex interventor de la empresa estatal de armamento Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga.
Otros acusados que pertenecían a Fabricaciones Militares, a la cartera de Defensa y a la Aduana, son considerados "partícipes necesarios" del delito. Y otras 40 personas, entre ellas el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, siguen bajo investigación mientras se desarrolla el juicio contra el primer grupo de imputados.
El abogado Ricardo Monner Sans, quien denunció el delito a la justicia en 1995 basado en datos que recibió de un texto anónimo, se manifestó optimista ante IPS por el inicio del juicio, aunque escéptico de la posibilidad de que Menem se enfrente al tribunal.
"Estoy satisfecho por ver que esa denuncia que hice en soledad no quedó en nada", declaró.
"Menem es uno de los principales responsables como coautor del contrabando. Él y sus ministros, que firmaron los decretos, y los jefes militares, no podían ignorar que se trataba de un gran negociado, e inclusive habría que ver qué influencia tuvo Estados Unidos para que esta operación se llevara a cabo", planteó el abogado.
Monner Sans, denunciante en este proceso, actúa como jurista en otras causas conexas a la de las armas. Una de ellas fue iniciada para investigar la caída de un helicóptero en Buenos Aires en 1996, que dejó 11 muertos, entre ellos dos militares que conocían detalles de los desvíos, Juan Carlos Andreoli y Rodolfo Aguilar.
El abogado también representa a Ana Gritti, viuda de uno de los siete muertos en la explosión de una fábrica militar de Río Tercero, en la norteña provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en 1995, apenas unos meses después de la denuncia que dio origen a la investigación judicial por el contrabando de armas.
Inicialmente Menem declaró que se trató de "un accidente", pero las insistentes pericias pedidas por los abogados de la viuda probaron años más tarde que se trató de un hecho intencional, vinculado al escándalo del contrabando que había comenzado a salir a la luz.
La justicia de Córdoba, que procesó a Menem y a otros colaboradores, consideró que la voladura de la fábrica fue "intencional". "La orden (de destruir el arsenal) la impartió Menem" afirmó el juez Oscar Valentinuzzi, con la intención aparente de borrar pruebas del contrabando.
"Los armamentos eran trasladados a la fábrica de Río Tercero para maquillarlos y embalarlos. De ahí se trasladaban al puerto de Buenos Aires y se exportaban", explicó Monner Sans. "Era menester hacer desaparecer los rastros", añadió. En la explosión murieron siete personas, hubo 300 heridos y cientos de viviendas dañadas.
En diálogo con IPS, Gritti, que también es abogada, dijo esperar que el proceso que comenzó este jueves sea una primera etapa de un juicio que debería seguir por el crimen de Río Tercero. "El contrabando de armas fue uno de los más viles actos de corrupción de la democracia en Argentina", aseguró.
Gritti, viuda de Holder Dalmasso, admitió que hubiera sido bueno que el juicio por la explosión de la fábrica se realizara en el marco del proceso por la venta de armas, pero explicó que se trata de delitos diferentes, con instancias distintas, y eso complicaba la reunión de las dos investigaciones
De todos modos, en menos de seis meses, la investigación judicial podría pasar a juicio oral, y Menem volverá a ser citado para comparecer en un tribunal, afirmó.
