Con el telón de fondo de la crisis financiera internacional, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, propuso este martes eliminar el sistema privado de jubilación, creado hace 14 años, y dirigir los aportes de los trabajadores activos a un régimen estatal único.
El anuncio fue realizado por la presidenta en un acto en la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el organismo encargado del sistema previsional público, basado en el principio de reparto.
La mandataria calificó de "saqueo" el régimen privado de ahorro y capitalización, que sería absorbido por el estatal si prospera un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al parlamento.
En el acto, el titular de la Anses, Amado Boudou, sostuvo que la iniciativa "termina con el experimento fracasado del régimen de capitalización". Para sostener "la ilusión" de la jubilación privada, asegurando prestaciones mínimas, el Estado debe aportar por año 4.000 millones de pesos (1.300 millones de dólares), agregó.
Si el proyecto es aprobado, los trabajadores activos y jubilados del sistema privado no perderán su nivel de remuneraciones, aunque sus pensiones pasen a la Anses, aseguró.
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La iniciativa ya generó controversias, pues implica deshacer la reforma previsional de 1994, que había reemplazado el exclusivo régimen estatal de reparto por uno mixto, en el que conviven el sistema público y solidario, con las administradoras privadas de ahorro y capitalización.
Esa reforma fue parte de una ola privatizadora en América Latina que alcanzó al sistema previsional. Once países en la región cuentan hoy con sistemas previsionales privados, de los cuales seis sustituyeron por completo el régimen público, como Chile o México, y ocho tienen regímenes mixtos, como Argentina y Uruguay, o en competencia, como Perú.
Otros ocho países mantuvieron la previsión social en la órbita del Estado, pero algunos incorporaron cambios. Brasil introdujo en 2002 reformas que permiten al trabajador efectuar ahorros voluntarios en una administradora privada, además de la contribución obligatoria al régimen de reparto.
Un sistema similar rige en Uruguay, donde cierta franja de asalariados solo cotiza al sistema estatal, mientras otra lo hace simultáneamente a los dos regímenes.
El gobierno de Argentina busca implementar un mecanismo parecido al de Brasil. La Anses considera que la capitalización podría ser un pilar voluntario de ahorro individual, al margen del aporte solidario al Estado.
Actualmente hay 9,5 millones de personas afiliadas a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), pero solo aportan regularmente 3,6 millones, y hay unos 5,2 millones de trabajadores en el sistema estatal de reparto, de los que 3,8 millones cotizan cada mes.
El anuncio fue cuestionado por el gremio de las AFJP y por dirigentes políticos que creen que el gobierno busca tener bajo control del Estado una caja millonaria de ahorros en una coyuntura internacional y nacional marcada por la escasez de crédito y por un exigente calendario de vencimientos de pagos de deuda pública.
La bolsa de valores cayó casi nueve por ciento este martes, y la justicia federal inhabilitó a las AFJP a operar con bonos y acciones por siete días, a raíz de una denuncia de posible fraude, presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social tras una fuerte liquidación de bonos efectuada el lunes por las administradoras.
La medida "es correcta", ya que el régimen de las AFJP "era un lastre" que restaba recursos al sistema público, dijo a IPS el diputado opositor Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos, que reclamaba la eliminación de las jubilaciones privadas.
Pero es necesario un organismo autárquico para administrar los fondos, un ente de conducción mixta en el que participe el Estado, las empresas y los trabajadores, y "que asegure la intangibilidad de esos aportes" y evite que el gobierno los desvíe para pagar endeudamiento, añadió Lozano.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, celebró el anuncio del gobierno. "El privado no era un sistema de seguridad social sino de riesgo", dijo. Pero es "fundamental" que los recursos "no sean de libre disponibilidad" porque el riesgo de que se usen para otro destino "es altísimo", añadió.
Las AFJP reciben hoy aportes anuales de unos 15.000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) y administran unos 33.000 millones de dólares, que invierten sobre todo en bonos de deuda pública nacional (55 por ciento) y, en menor medida, en títulos extranjeros, acciones y depósitos de plazo fijo.
En un análisis titulado "Las promesas incumplidas del régimen de capitalización", la Anses, dependiente del Ministerio de Trabajo, sostuvo que la caída bursátil de las últimas semanas mostró "brutalmente" que el sistema privado es "inadecuado" y su rentabilidad negativa.
Según datos de las AFJP, la rentabilidad del sistema cayó 2,2 por ciento el último año en términos nominales. Pero, con la evolución de la tasa de inflación, la pérdida real de rentabilidad fue de 20 por ciento, según Boudou.
De acuerdo con la Anses, el sistema es inviable porque el Estado está garantizando con sus fondos el pago de miles de jubilaciones privadas. Setenta y siete por ciento de las 445.000 personas que se jubilaron en alguna AFJP, reciben dineros públicos como complemento de sus pensiones que están por debajo de los montos mínimos legales.
Varios miles de jubilados, que ya consumieron sus ahorros previsionales en las AFJP, dependen ahora de las pensiones que les paga el Estado.
Las AFJP cobran las comisiones "más altas del mundo" por administrar e invertir los ahorros previsionales de sus asociados, afirma un estudio encargado por el Estado en 2002 a técnicos de la Organización Internacional del Trabajo.
En el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2008), esposo de la actual mandataria, hubo mejoras en el sistema, pero no cambios de fondo. En 2005, se facilitó la jubilación de 1,5 millones de personas, la mayoría mujeres que no habían cotizado durante su vida laboral, y se elevó a 95 por ciento la cobertura previsional.
Cuando se crearon las AFJP, los trabajadores debieron optar entre uno u otro régimen. Los indecisos fueron asociados compulsivamente a alguna administradora privada.
En 2007, se abrió el sistema privado de jubilaciones para que sus afiliados pudieran pasarse al Estado, lo que hicieron 1,3 millones de trabajadores. Pero la ley habilitante estableció que no habría más cambios hasta 2012.
