Enfrentados con la amenaza de colapso de varios bancos, los gobiernos de la Unión Europea (UE) aprobaron esta semana un plan de rescate por más de 1,8 billones de euros (2,46 billones de dólares).
Y ante una crisis alimentaria mundial, los políticos del bloque europeo sopesan la propuesta de asignar 1.000 millones de euros a agricultores de países pobres.
De todos modos, nadie considera seguro que ese dinero vaya a desembolsarse.
Como muchas ideas que emanan de la burocracia de Bruselas, la propuesta de la "célula alimentaria" de 1.000 millones de euros (unos 1.333 millones de dólares) ha desatado un tira y afloja entre las principales instituciones de la UE.
La iniciativa fue presentada a comienzos de año por la Comisión Europea (rama ejecutiva del bloque), que recomendó que el dinero de algunos subsidios no entregados a los cultivadores se usaran en la compra de semillas y fertilizantes para los de países más pobres.
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Pero Alemania, el mayor contribuyente de las arcas de la UE, y algunos comités del Parlamento Europeo consideraron que el programa tenía fallas, y se mostraron preocupados de que no fuera adecuado a los procedimientos presupuestarios.
Activistas contra la pobreza reclamaron esta semana que los 1.000 millones de euros se sumen a la asistencia al desarrollo ya prometida por la UE y que se garantice que el dinero llegará a quienes más lo necesitan.
"Es una vergüenza que los líderes europeos discutan si le asignan 1.000 millones de euros al rescate de los hambrientos, cuando dispusieron de inmediato casi 2.000 billones de euros para salvar al sector financiero", dijo Alexandre Polack, de la organización humanitaria ActionAid.
El grupo sostuvo que, aunque la asistencia extraordinaria es importante, no puede sustituir los cambios de política económica requeridos para abordar las razones profundas por las cuales la población hambrienta del mundo aumentó de 850 millones a 925 millones.
Un informe de ActionAid considera urgente contemplar medidas que parecen un anatema para el espíritu del libre mercado predicado por la elite de Bruselas. Entre estas medidas figura reconocerles a los países pobres el derecho a restringir las importaciones de alimentos para proteger a los productores locales.
Según el estudio, Guinea y Senegal han sido capaces de reanimar sus decaídos cultivos de papa y cebolla prohibiendo temporalmente la importación de esos productos desde Holanda.
La legisladora francesa Christiane Taubira exigió reconsiderar la concepción económica que motivó los acuerdos de asociación económica (EPA) que la UE negocia con África.
Taubira, quien preparó un informe sobre los EPA a pedido del presidente francés Nicolas Sarkozy, dijo que la clase de acuerdos de libre comercio alentados por la Comisión Europea son inadecuados para países que sufren altos niveles de pobreza y malnutrición.
La legisladora alegó que estos convenios deberían ser rechazados y que, en cambio, deberían realizarse nuevas negociaciones con la mira puesta en estimular el desarrollo económico y social en África y en respetar el derecho de los ciudadanos de ese continente a la alimentación.
Renwick Rose, de la Asociación de Cultivadores de las Islas Windward, se quejó de las "sesgadas políticas agrícolas y económicas" que determinan que apenas dos países de América Latina y el Caribe —Guyana y Belice— son exportadores netos de alimentos.
En una conferencia organizada por el Centro Técnico para la Cooperación Agrícola y Rural, que promueve la agricultura en los países pobres, Rose indicó que es común hallar banano en los almuerzos escolares de los niños británicos.
Sin embargo, los padres de países de América Latina y el Caribe son impulsados a través de la publicidad a enviar a sus hijos a clase con alimentos importados, en vez de frutos localmente cultivados.
Stineke Oenema, de Concord, red que reúne a numerosas organizaciones humanitarias europeas, consideró vital que el apoyo a la agricultura del Sur en desarrollo se concentre en los cultivadores de pequeña escala.
Alentar la agricultura intensiva y su rápida liberalización puede empujar a los cultivadores fuera de la actividad y causar un severo daño ambiental, sostuvo.
Oenema se mostró preocupado porque algunos políticos continúan defendiendo ese curso de acción para África. "Parece que no aprendimos ninguna de las lecciones del pasado", agregó.
Prerna Bozman, de la Alianza de Asia Austral para la Erradicación de la Pobreza, alegó que la célula alimentaria de la UE no debería usarse para promover la agenda de las grandes empresas productoras de comida.
"La actual industrialización de la agricultura y el uso intensivo de pesticidas ha contribuido significativamente con la crisis actual y tiene devastadoras repercusiones económicas, ambientales y de salud", dijo.
"Es extremadamente urgente que actuemos ahora", dijo Lluis Riera, alto funcionario de la Comisión Europea. Su institución espera que las otras agencias clave de la UE aprueben la célula alimentaria para fines de este año, a fin de que el dinero esté disponible a tiempo para la temporada de siembra que se iniciará en marzo de 2009.
Tras décadas de reducción del apoyo a la agricultura por parte de los donantes, en los últimos tiempos la Comisión y el Banco Mundial comenzaron a reconocer su importancia. "Tenemos que aprovechar la oportunidad para reforzar esta tendencia", agregó Riera.
Steve Wiggins, del Instituto de Desarrollo Exterior con sede en Londres, sugirió que los disturbios a causa de la inflación y la carestía de alimentos en más de 20 países este año ponen de relieve la necesidad de hacer frente a la pobreza para reforzar la seguridad y la estabilidad.
"En un mundo de considerable inequidad donde 900 millones de personas padecen hambre, continuar así origina dificultades políticas evidentes", sostuvo.
