Washington pareció un «cowboy» disparando desde la cintura contra las reputaciones de los gobiernos de Argentina y Venezuela, al iniciarse esta semana en Miami el juicio en torno a los misteriosos 800.000 dólares que un ciudadano venezolano-estadounidense intentó ingresar de modo ilegal en Buenos Aires.
Una airada declaración de la cancillería argentina asentó que "las relaciones maduras que deben existir entre Estados no pueden verse sino afectadas" ante lo que consideró una manipulación con "fines políticos subalternos" por parte de la Fiscalía en Miami y del estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no dudó en declarar que se trata de "una nueva arremetida del imperio, que incluye planes de golpe de Estado y magnicidio, que montó un show con empresarios comprados y la complicidad de los pitiyanquis que quieren doblegar nuestra revolución, pero no lo lograrán".
¿Qué pasó? El 4 de agosto de 2007, autoridades del aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires decomisaron una maleta con 790.550 dólares en efectivo portada por el venezolano-estadounidense Guido Antonini, pasajero de un vuelo privado contratado por la firma petrolera estatal argentina Enarsa proveniente de Caracas.
Antonini no fue detenido, porque las autoridades aduaneras argentinas en un principio entendieron que era una infracción, pasó a Uruguay, donde habría hecho negocios con la firma de viviendas Umissa, y llegó a Estados Unidos, para sumirse en el hermetismo hasta que reapareció como estrella de un proceso judicial contra varios extranjeros.
[related_articles]
Los acusados ante el tribunal de Miami son los empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffman, el abogado Moisés Maiónica y el supuesto agente de inteligencia Antonio Cánchica, todos venezolanos, y también el uruguayo Rodolfo Wanseele.
Al aún prófugo Cánchica y a los otros cuatro, que permanecen detenidos, se les imputa actuar ilegalmente como agentes de una potencia extranjera, en este caso Venezuela, para extorsionar a Antonini con el objeto de que encubriese el origen y destino de la maleta.
Antonini aceptó desde un principio colaborar con las autoridades estadounidenses y grabó sus conversaciones con los otros implicados, algunos de ellos viejos amigos suyos y compañeros en la afición por los autos de carrera. Por su parte, Maiónica, Kauffman y Wannseele se declararon culpables para obtener rebajas en sus penas.
Durán, en cambio, se proclamó inocente y las acusaciones en su contra, como los alegatos de su defensa, son un inmenso lago de imputaciones que salpican a líderes y funcionarios de los gobiernos de Argentina y Venezuela.
Estados Unidos "parece que más que juzgar a unos agentes del Estado venezolano hace de este proceso un juicio sobre lo que han sido la revolución y la corrupción en la gestión que Chávez encabeza desde hace 10 años", observó ante la consulta de IPS el analista Orlando Ochoa.
La respuesta de Chávez supone avalar este planteamiento, pues desde que se inició el juicio, el martes, denunció el "show" de Miami, acusó a Washington de respaldar un nuevo intento de asesinarlo y darle un golpe de Estado, se regocijó por el arribo de bombarderos rusos a bases venezolanas, y en un mítin, al grito de "ya basta, yanquis de mierda, váyanse al carajo", ordenó la expulsión del embajador estadounidense, Patrick Duddy.
¿Qué se ha "revelado" durante el juicio? (Si se ha de creer a unos y otros).
Según Antonini, que la valija pertenecía a otro pasajero, Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales de Argentina y recaudador de fondos para las campañas de Fernández y de su esposo y predecesor, Néstor Kirchner (2003-2007).
Según Maiónica, que el dinero salió de las arcas del grupo estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) y un asistente de su presidente y ministro de Energía, Rafael Ramírez, lo llevó hasta el avión que despegó de Caracas rumbo a Buenos Aires.
Sacar 800.000 dólares en efectivo sin declaración previa es un delito en Venezuela, donde rige un severo control cambiario que limita esos movimientos hasta 10.000 dólares, y su introducción en Argentina, tras la confiscación aduanera, dio paso a la intervención judicial y a la consecuente investigación por contrabando, pero un juez penal económico desechó ese cargo contra Uberti.
Pero la justicia argentina persigue a Antonini, a Diego Uzcátegui, antiguo directivo de Pdvsa, y a su hijo del mismo nombre, quien también era pasajero del vuelo en la que se transportó la maleta. Quiere procesarlos por lavado de dinero, pero los pedidos de extradición no han sido atendidos, por lo que la cancillería se quejó en su comunicado contra el proceso de Miami.
En tanto en Venezuela, la Fiscalía General demoró semanas en abrir un procedimiento del que no se ha informado prácticamente nada, mientras lo ignoraban la Contraloría y el organismo que administra el control cambiario. "La investigación es larga, informaremos en su momento", dijo el jueves la número dos de la Fiscalía, Iraida Alfonzo.
En Uruguay también lo relacionan a Antonini en un caso de presunto desvío de dinero, junto al argentino Alejandro Lagrenade, cabeza de la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur SA (Umissa), destinataria frustrada al parecer de 23 millones de dólares adelantados por el Estado venezolano para comprar 12.000 viviendas, de las que se despacharon apenas 5.000 y sólo se han armado 40.
La jueza Fanny Canessa, que lleva el caso, el cual podría consumir otros dos meses de investigaciones, ordenó levantar el secreto bancario de Antonini, Legranade y otras dos personas involucradas.
Antonini y sus amigos, con quienes confronta en el tribunal de Miami, compartían negocios, aficiones y el gusto por la buena mesa, al punto de que la principal grabación mostrada hasta ahora por el fiscal Thomas Mulvihill se realizó subrepticiamente en un restaurante donde compartieron viandas y copas.
Ese día, 27 de agosto de 2007, ya Antonini actuaba por cuenta del FBI. Allí los amigos le propusieron, según las grabaciones realizadas, encubrir el origen y destino de los fondos y le ofrecieron protección y asistencia de Caracas y de Buenos Aires.
Para el ministro argentino del Interior, Florencio Randazzo, todo el escándalo es "una operación armada por el FBI para involucrar al gobierno argentino y al de Venezuela", y consideró "lamentable que se tomen como verdaderas las palabras de tres delincuentes".
Antonini escribió una carta a Chávez —redactada por el FBI, según la defensa de Durán— pidiéndole dinero para sostener su difícil posición en Estados Unidos y entonces, siempre según imputaciones que se hacen a sus ex compañeros, el mandatario venezolano ordenó seguir el caso al jefe de su policía política.
Según esa versión, Cánchica, Maiónica, Kauffman y Durán siguieron, en sus conversaciones con Antonini, instrucciones del ex vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez, del general Henry Rangel Silva, jefe de la policía política, y del actual ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami.
Antonini habría sido tentado para que fuese a Buenos Aires y se entregase, con la oferta de quedar completamente libre en febrero pasado. "No podemos tomar el riesgo de que Cristina (Fernández) no gane", habría planteado Maiónica.
"Si gana la oposición (argentina) eres el chivo expiatorio", comentaría Durán. A lo que Antonini replicó que, "si hablo, todo el mundo va a ir preso". Por ahora, más que una frase de sobremesa, esa observación suena como una profecía.
Fernández y su esposo Kirchner tenían previsto visitar Caracas el próximo fin de semana, en camino a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pero decidieron suprimir esa escala.
*Aportes de Marcela Valente (Argentina) y Raúl Pierri (Uruguay)
