En el último año, varios hechos han planteado preguntas fundamentales sobre si la misión principal de la Unión Europea (UE) como institución es garantizar el funcionamiento fluido de un bloque económico o una calidad de vida decente para sus 490 millones de ciudadanos.
Primero, un tribunal de la UE aprobó una serie de regulaciones señalando que una compañía de un estado miembro del bloque que desee hacer negocios en otro no está obligada a respetar los estándares laborales del segundo si estos son más exigentes que los que se aplican su propio país.
Luego, la Comisión Europea —órgano ejecutivo del bloque— alertó a Alemania que fijar un salario mínimo para los trabajadores postales de menos de 10 euros (14,50 dólares) por hora infligiría el principio de competencia, dado que puede disuadir a compañías extranjeras de ingresar al liberalizado sector de la distribución de correspondencia.
Y finalmente, los irlandeses rechazaron el Tratado de Lisboa, firmado por todos los países del bloque y que sustituye la Constitución europea, lo que fue interpretado como un castigo a Bruselas por su supuesta tendencia priorizar el libre mercado por sobre las políticas sociales.
En este contexto y con el aumento de las advertencias sobre una crisis económica mundial, la Comisión prometió "renovar y revigorizar" la dimensión social de Europa. A tal efecto, propuso 19 iniciativas, que cubren temas como la consulta a los trabajadores, la necesidad de nuevas reglas contra la discriminación y la terrible situación de los gitanos.
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Un documento de la Comisión ofreció un pronóstico desalentador: alrededor de 78 millones de habitantes del bloque —19 millones niños o adultos jóvenes— están en riesgo de caer en la pobreza.
Y aunque el desempleo sigue siendo una causa importante de dificultades económicas, tener acceso a un trabajo regular muchas veces no garantiza el sustento. Unas ocho millones de personas están en riesgo a causa del creciente fenómeno de la pobreza "en el empleo", alertó la Comisión.
Pero las propuestas —conocidas en Bruselas como el "paquete social"— han generado una respuesta menos que entusiasta entre los activistas sociales. La Red Europea Contra la Pobreza sostuvo que se necesita exhibir mucho más coraje para convertir la lucha contra las dificultades económicas en un objetivo central de la UE.
Francia, que ocupa la presidencia rotativa de la UE, buscó ir aun más lejos que la Comisión. El ministro de Trabajo francés Xavier Betrand declaró que 2008 sería el año de la "Europa social".
Su compromiso fue recibido con desdén por muchos miembros del Parlamento Europeo, quienes señalaron que las políticas sociales no figuraban entre las prioridades de Francia cuando comenzó su periodo al frente del bloque, en julio.
El europarlamentario socialista Martin Schulz señaló que, 15 años atrás, los empleados confiaban en las instituciones de la UE para recibir la protección que se les negaba en el plano nacional.
"Ahora, muchos temen que esta Europa no les garantice protección social. Es por esto que hoy somos pesimistas", sostuvo.
Schulz discrepó con las opciones económicas de algunas autoridades del bloque, como los pedidos de restricción salarial hechos por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet.
"El señor Trichet nos dice que los salarios en Europa son demasiado altos. Ése puede ser el caso del presidente del Banco Central Europeo, pero no el de algunas personas", opinó.
Otros destacaron que el paquete de la Comisión tiene en realidad pocas propuestas específicas y que es improbable que se logren avances importantes antes de que la administración de José Manuel Barroso finalice su mandato, en 2009.
Las elecciones para el Parlamento Europeo también están previstas para el año próximo, por lo que las posibilidades de impulsar nuevas medidas a través de la maquinaria legislativa son limitadas.
Elisabeth Schroedter, europarlamentaria por el Partido Verde alemán, sostuvo que, desde que asumió el equipo de Barroso en 2004, ha estado más guiado por un deseo de servir al libre mercado que de mejorar la legislación social, agregó.
"Al final del periodo de la Comisión, los defectos de los años anteriores ahora son reconocidos. Pero cuando uno mira el contenido, (nota que) la Comisión no parece haber aprendido ninguna lección", dijo.
El comisario de la UE para Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, negó que el paquete sea una respuesta al referendo en Irlanda, único país que sometió el Tratado de Lisboa a una consulta popular.
"Las políticas sociales no han sido marginadas. Esta agenda las coloca en el corazón de la elaboración de políticas europeas", sostuvo.
Pero Viktória Mohácsi, europarlamentaria por el Partido Liberal de Hungría que pertenece a la comunidad roma (gitanos), insistió en que no se está haciendo lo suficiente para poner fin a la discriminación que enfrenta su pueblo.
A varios millones de niños gitanos se les niega una educación de buena calidad, dado que han sido puestos en escuelas inferiores y separadas del resto de la población, aseguró.
"Esta cuestión de la segregación ha sido dejada de lado. Para mí, eso es un delito", sostuvo.
