La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos suspendió la ejecución de un condenado a muerte del meridional estado de Georgia, Troy Anthony Davis, menos de dos horas antes del momento previsto para la inyección letal.
El alto tribunal volverá a reunirse el lunes 29. Entonces decidirá si accede al pedido de la defensa: celebrar una audiencia para analizar la negativa de la Corte Suprema de Georgia a realizar un juicio en que se tomen en cuenta nuevas evidencias.
Davis es acusado de haber dado muerte a un agente de policía hace 19 años. Desde el juicio original en 1991, siete de los nueve testigos de la fiscalía se han retractado.
Familiares y amigos se encontraban con el condenado en el pabellón de la muerte en la cárcel de Jackson, Georgia, creyendo cercano el momento de la ejecución.
Manifestaciones y vigilias se realizaban también en todo el estado, mientras corría el reloj hacia la hora prevista para la inyección letal.
[related_articles]
Entre las organizaciones que convocaron las protestas figuran Amnistía Internacional, Georgianos por Alternativas a la Pena de Muerte (GFADP, por sus siglas en inglés), la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP).
Decenas de personas se reunieron para expresar su alegría y su alivio luego de conocer la decisión de la Corte Suprema nacional frente al Congreso legislativo del estado de Georgia en la ciudad de Atlanta.
"Estamos profundamente agradecidos por la suspensión de la ejecución de Davis. Apreciaríamos mucho que la gestión para demostrar su inocencia sea tomada en serio por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos", dijo la presidenta de GFADP, Sara Totonchi.
Davis, de 39 años, está en el pabellón de la muerte desde 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen MacPhail, cometido en 1989. Los fiscales basaron su acusación sobre testimonios, sin aportar ninguna evidencia física ni arma que conectara a Davis con el crimen.
Desde la condena, siete de los nueve testigos cambiaron o se retractaron de sus testimonios originales a través de declaraciones juradas. Afirmaron que la policía los amenazó para que implicaran a Davis en el asesinato.
La Corte Suprema del estado de Georgia determinó en marzo que las retractaciones eran insuficientes para ameritar un nuevo juicio. Mientras, los abogados y simpatizantes de Davis advirtieron que la evidencia que restaba dejaban demasiadas dudas como para que la ejecución se concretara.
Si la Corte Suprema de Justicia decide dar vía libre a la apelación, las audiencias comenzarán en octubre y posiblemente se tomará una decisión para el segundo trimestre de 2009, según Jared Feuer, director de la región sudeste de la filial estadounidense de Amnistía.
La suspensión de la ejecución quedará firme mientras se procese el caso judicial.
Pero si la Corte Suprema federal se negara a realizar audiencias sobre la apelación, se levantará la suspensión y se fijará una nueva fecha para la inyección letal. En esa eventualidad, la ejecución se realizará en cuestión de semanas.
Si la Corte Suprema tomara el caso, sería "la primera vez que un tribunal de justicia atienda las evidencias que apuntan a la inocencia de Davis", dijo Larry Cox, director ejecutivo de la filial nacional de Amnistía.
Ésta es la segunda vez en poco más de un año que Davis esquiva la ejecución. En julio de 2007, la Junta de Clemencia y Libertad bajo Palabra de Georgia tomó una decisión en ese sentido menos de un día antes de la fecha prevista.
Los abogados y simpatizantes de la causa de Davis se escandalizaron cuando el tribunal superior del condado de Chatham formuló la solicitud de ejecución y el Departamento de Prisiones de Georgia fijó la fecha a comienzos de este mes.
Lo hicieron antes de que los abogados tuvieran oportunidad de recibir noticias de la Corte Suprema federal, que está en receso hasta el lunes y tomó la decisión del martes mediante procedimientos extraordinarios.
"Por razones insondables, el condado de Chatham parecía empecinadamente decidido a llevar a cabo la ejecución antes de que se agotaran todos los recursos judiciales", dijo Cox.
La Junta negó la clemencia para Davis el día 12. Veinticuatro horas antes del momento decidido para la ejecución, el órgano reafirmó su decisión, lo que fue avalado por la Corte Suprema de Georgia.
El caso de Davis ha tenido repercusión pública, incluso fuera de fronteras.
Numerosos activistas por los derechos humanos y civiles pidieron por su vida, como el reverendo Al Sharpton, el ex presidente Jimmy Carter, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, el papa Benedicto XVI y legisladores de Georgia y de todo Estados Unidos.
La filial nacional de Amnistía recogió más de 200.000 firmas pidiendo clemencia.
"Ya resultan imposible de contar las llamadas telefónicas que recibimos de todo el mundo", dijo a IPS Laura Moye, de GFADP.
Simpatizantes de Davis enviaron este mes cartas, mensajes de correo electrónico, de texto por telefonía celular y llamadas telefónicas para aumentar la presión sobre el gobernador de Georgia, Sonny Perdue, los tribunales y otras autoridades que inciden en el caso.
La campaña se mantiene aun con la suspensión.
"Ésta es una lucha de largo plazo. Seguiremos luchando hasta que haya justicia para Troy Davis", concluyó Moye. (https://ipsnoticias.net/_focus/penademuerte/index.asp)
