La violencia sexual es endémica en Pakistán, pero raramente se formulan denuncias. Pocas víctimas, o sus familias, resisten la presión para llegar a un acuerdo con los atacantes ante la pasividad de la justicia, que deja pasar los años sin avanzar en los casos que sí se presentan.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán registró 755 casos de acoso sexual en 2007, 377 violaciones (166 víctimas eran menores) y 354 violaciones en masa (92 cometidas contra menores). Los activistas afirman que el número real es mucho mayor, ya que muchos casos no son denunciados por temor a las repercusiones sociales, legales y económicas.
Los violadores, destacó la Comisión, son "predominantemente personas influyentes en la sociedad o terratenientes que viven en la comunidad de la víctima".
No sorprende que la mayoría de los casos denunciados terminen en un arreglo entre las partes. Quienes se niegan a aceptarlo deben con frecuencia huir de sus hogares, como sucedió con Kainat Soomro, una niña de 13 años violada por varios hombres en enero de 2007 en su aldea de la provincia de Sindh.
Dos semanas más tarde, en esa misma provincia, la joven Naseema Lubano, de 16 años, también fue víctima de una violación masiva.
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Incluso el notorio caso de Mukhtaran Mai, también violada por varias personas influyentes, todavía está a consideración de la Corte Suprema.
La dramática historia de Mai comenzó en junio de 2002, cuando el "panchayat" (consejo local) de la localidad de Meerwala, en la oriental provincia de Punjab, ordenó que fuera violada en público por seis hombres como castigo a su hermano menor, quien supuestamente había mantenido relaciones ilegítimas con una mujer de una tribu rival, los mastoi.
Luego, Mai, entonces de 30 años, debió caminar desnuda hacia su casa ante la mirada de una multitud que la humillaba.
Mai utilizó el dinero que obtuvo como indemnización para construir las primeras escuelas en su aldea. El gobierno tuvo que otorgarle protección para que pudiera continuar viviendo en su hogar.
"En Pakistán, la víctima está más segura cuando se hace pública su identidad", dijo Owais Aslam Ali, de la Fundación de la Prensa de Pakistán. "Especialmente en las zonas rurales, donde todos saben qué ocurrió y quiénes están involucrados, no identificar a las víctimas las hace más vulnerables a las amenazas", agregó.
Los casos de Soomro y Lubano fueron trasladados a Karachi, por razones de seguridad. Las víctimas y sus familias también se mudaron a la ciudad. Kainat viajó con 11 parientes, Naseema con sus padres, seis hermanos menores y la familia de su tío con sus seis hijos, de quienes se negaba a separarse.
Logran sobrevivir con la ayuda de la no gubernamental Guerra contra la Violación (WAR, por sus siglas en inglés), cuyo escaso personal y sus voluntarios no sólo ofrecen asistencia legal y psicológica sino que ayudan a las familias incluso mucho después de que los medios de prensa dejaron de prestar atención a los casos.
El abogado Faisal Siddiqui, quien defiende en forma gratuita a las dos jóvenes, advirtió que los casos demandarán como mínimo entre siete y ocho años, tomando en cuenta las apelaciones en las distintas instancias hasta el fallo definitivo de la Corte Suprema.
"Mientras tanto, hay que tener un plan para atender las necesidades de esas familias", agregó, como su seguridad, medio de vida, alojamiento, al igual que los problemas derivados de su desplazamiento, la interrupción de la educación de los niños y la pérdida de la autoestima.
El padre de Kainat, Ghulam Nabi Soomro, respetado presidente del sindicato de transportistas en su aldea, tiempo atrás podía mantener confortablemente a su familia. Sus hijos trabajaban, al igual que su nuera Tasleem, enfermera. Actualmente la situación económica es precaria.
La solicitud de Tasleem de ser transferida a Karachi está empantanada hace meses en el Ministerio de Salud. Los funcionarios exigen sobornos para "mover" el expediente. La joven está buscando otros empleos e intentó vender ropa, pero los compradores no abundan.
Su esposo Noor Nabi apenas gana 35 dólares por mes. Hace poco, una donación hizo posible que su hermano Bilawal, de 17 años, alquilara un carrito y adquiriera cosméticos para venderlos en la calle en la que viven.
"No queremos que vaya más allá porque los violadores todavía están libres", dijo a IPS Ghulam. "Siempre mantuve mi cabeza en alto, pero ahora me siento empujado al punto del suicidio", agregó.
La familia Lubano también está desesperada. No hay adultos que hayan recibido educación formal. Duermen en el piso de un departamento de Karachi, cedido temporalmente por un activista político.
"Gracias a él tenemos un techo. De otra forma estaríamos en la calle", dijo a IPS Hamza Gaman Khan, el padre de Naseema.
En el departamento, se amontona una docena de somnolientos niños. Criados en una zona rural, tienen miedo de salir a las atiborradas calles de Karachi.
Una de las niñas tiene arañazos en la cara, a causa de una pelea con Naseema, dijo. El hacinamiento exacerba las tensiones.
No pueden pagar la electricidad, el gas o el servicio de agua corriente. Van a buscar agua con baldes a un grifo comunitario cercano al departamento. Utilizan las donaciones para comprar alimentos esenciales. A veces ni siquiera tienen para eso y sólo pueden tomar té.
"Podemos soportar cualquier cosa, pero no ver a los niños pasar hambre", dijo Hamza con lágrimas en sus ojos. "Jamás lo había visto llorar antes. Siempre se mostró tan fuerte y valeroso", comentó a IPS Nasreen Siddiqui, de WAR.
Hasta hace poco, un hermano de Naseema, Ali Asghar, de 16 años, era el único miembro de la familia que tenía un ingreso, trabajando largas horas en la cocina de un restaurante. Sin dinero para transporte, diariamente hacía a pie el recorrido de ocho kilómetros hacia y desde su trabajo.
Ahora, WAR encontró un patrocinador que otorga a Ashgar un estipendio, lo que permite que retorne a la escuela. También logró que la compañía multinacional para la que trabajaba Hamza en su aldea le diera un empleo en su depósito de Karachi. Poco a poco, sus vidas están volviendo a la normalidad.
Ambas familias señalaron a IPS que si llegan con los violadores a un acuerdo para desistir de las acciones judiciales contra ellos estarían en condiciones de retornar a sus hogares. Pero no siquiera piensan en considerar esa opción.
