Que decenas de campesinos y campesinas de piel cobriza caminen desnudos por una avenida céntrica en demanda de tierras o que miles de profesores que portan palos cierren calles principales en las horas de mayor tránsito son hechos casi cotidianos en la capital mexicana.
Hay en promedio unas 250 movilizaciones por mes. Se calcula que en un año son 12 millones de personas las que participan en estas protestas en la gigantesca mancha urbana de 20 millones de habitantes, conformada por la ciudad de México y el vecino estado de igual nombre.
La alcaldía de la capital, en manos desde 1997 del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostiene que de ninguna forma impedirá la expresión de "legítimas" manifestaciones sociales. En cuanto al uso de la policía, advierte que sólo entrará en acción cuando haya violencia.
De enero a septiembre se registraron 2.261 movilizaciones en esta ciudad. En 63 por ciento de ellas las protestas estaban dirigidas contra el gobierno nacional del conservador Felipe Calderón, mientras que las restantes tuvieron como blanco a la alcaldía o a grupos privados, según informes de la Secretaría de Gobierno de la capital.
En 2007 hubo 2.932 movilizaciones. Pero no todas fueron protestas. Casi 500 de ellas estuvieron relacionadas a manifestaciones religiosas, deportivas o culturales, precisan los informes entregados a IPS por la alcaldía.
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La Secretaría de Transportes de la alcaldía capitalina incluye en su sitio de Internet y difunde a través de los medios de comunicación periódicas alertas sobre la marchas en curso, para que los transeúntes y automovilistas tomen precauciones y eviten las áreas bloqueadas por los manifestantes.
Legisladores y vecinos exigen algún tipo de regulación para estas manifestaciones que causan diversos problemas. Hay normas que imponen sanciones a quienes corten calles o avenidas consideradas primarias, pero no se aplican.
La llamada Ley de Cultura Cívica de la ciudad indica que "impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello", constituye una infracción penada con detención de 13 a 24 horas o una multa que oscila entre 56 y 100 dólares.
La ley añade que se entenderá que existe causa justificada si "la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas es inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacifica".
Diversos estudios señalan que a causa de las marchas se pierden diariamente ocho millones de dólares en promedio y miles de horas de trabajo. Además, el caos de tránsito que generan dispara los índices de contaminación debido a la quema de combustible por parte de los vehículos "varados".
Diariamente circulan por la ciudad de México unos cuatro millones de automóviles.
Las movilizaciones se concentran en su mayoría en las zonas céntricas, donde se ubican gran parte de los edificios donde operan oficinas de gobierno y la alcaldía.
"Las marchas y plantones (manifestantes que ocupan un lugar y levantan un campamento) son formas de protesta válidas, pero de tanto repetirse se volvieron parte del paisaje y muchas incluso ya no obtienen ningún resultado, además de desquiciar aún más a esta ya caótica ciudad", dijo a IPS el antropólogo Leonardo Fernández.
Los reclamos de los manifestantes son variados. Incluyen temas como salarios, educación y empleo, así como protestas contra diversas decisiones de las autoridades o pedidos de que se haga justicia en algún asunto.
No existen estudios que indiquen si quienes participan en ellas obtienen o no respuesta a sus demandas, pero las marchas "se vienen repitiendo sin pausa y no hay autoridad que quiera asumir el costo de encauzarlas bajo algún tipo de regulación para que no afecten a terceros", señaló Fernández.
Los legisladores capitalinos opositores al PRD, fuerza que tiene la mayoría en la llamada Asamblea Legislativa de la ciudad, anunciaron en abril la creación de un frente para impulsar normas que regulen las marchas.
En el grupo opositor están los partidos Acción Nacional, del presidente Calderón, el tradicional Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y los pequeños Nueva Alianza y Alternativa.
En un comunicado, esas fuerzas políticas expresaron que urge la reglamentación, pues a su entender las movilizaciones generan caos y pérdidas económicas importantes. Aclararon que su intención no es coartar la libertad de las personas de manifestarse.
Los opositores al PRD plantean que las marchas se podrán hacer siempre que sean autorizadas con anterioridad y que tengan horarios determinados que no correspondan a las horas de mayor circulación de automóviles. Sugieren además que se impida su realización en vías rápidas o de un solo carril.
Pero la alcaldía y los legisladores del PRD sostienen que no es necesario, argumentando que la Ley de Cultura Cívica ya contempla el tema. Además, hay un decreto municipal de 2001 que indica que se permiten las marchas en la ciudad siempre que no bloqueen las vías de tránsito consideradas primarias.
Sin embargo, quien vive en la capital mexicana tiene claro que el cierre de una vía primaria en las horas de mayor tránsito es algo que sucede periódicamente y que casi nunca hay detenidos por ese motivo.
Por ejemplo, se registran continuos cortes en Paseo de la Reforma, una de las avenidas céntricas de mayor circulación de la ciudad.
Entre ellos se destaca el que protagonizan unos 300 indígenas del estado de Veracruz, que se repite todos los años desde fines de la década del 80. Instalan por dos o tres meses un campamento en un parque cercano al Paseo de la Reforma.
Los indígenas del llamado Movimiento de los 400 Pueblos demandan sin conseguirlo que se les devuelvan tierras que, según afirman, las autoridades les arrebataron injustamente. Periódicamente, se desnudan completamente y bloquean la avenida mientras la policía se limita a mirar.
Miles de profesores de escuelas públicas del estado de Morelos, vecino a la capital, marcharon el 11 de este mes en horas de mayor tránsito por avenidas centrales de la ciudad portando palos, lo que causó un caos vehicular en varios kilómetros a la redonda. Nadie resultó detenido, aunque sus representantes fueron recibidos en la presidencia para escuchar sus demandas.
Los manifestantes exigieron mejores salarios, la destitución de su trabajo de una dirigente sindical y rechazaron la nueva política del gobierno de Calderón que obliga a los profesores a rendir pruebas académicas y someterse a concursos para acceder a un cargo docente.
El "abuso del recurso de las marchas ha hecho que los manifestantes se confundan ya con el paisaje urbano. Incluso el muy prolongado plantón de los llamados 400 Pueblos, que se exhiben o pasean desnudos por Paseo de la Reforma, perdió todo poder de escandalizar o mandar algún tipo de mensaje. No conozco a nadie que sepa por qué se desvisten", escribió Sergio Sarmiento, columnista del diario Reforma.
Una encuesta de la consultora Mitofsky, en la que se interrogó a 400 personas de diversas zonas de la capital, señaló que uno de cada cuatro consultados se declaró afectado por alguna manifestación. Otra, realizada por el diario Reforma, indicó que el mayor deseo de los capitalinos en materia de política urbana es que las marchas sean reguladas.
