Los análisis de ADN y decisiones de la justicia argentina han sido factores clave para acelerar la restitución de su identidad a los hijos de desaparecidos durante la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983.
Los últimos dos casos, conocidos este mes, elevaron a 95 los hijos de desaparecidos, muchos de ellos tomados en adopción con nombres falsos por participantes en la represión ilegal, cuya identidad fue establecida por la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, una de las más respetadas del país.
Las Abuelas, como se las conoce popularmente, han dedicado años a la búsqueda de sus nietos apropiados ilegalmente por represores o, en algunos casos, dados en adopción a familias que ignoraban la suerte corrida por sus padres. En varias ocasiones, la experiencia resultó traumática para los niños, hoy adultos, que reconocían como su familia a la de sus apropiadores.
"Somos muy respetuosos del tiempo de cada uno. Muchos de los nietos que se resistieron a realizarse las pruebas genéticas, que luego se concretaron, hoy vienen todos los días a la sede de Abuelas", dijo a IPS Alan Iud, subcoordinador del equipo de abogados de la entidad de derechos humanos.
De las siete restituciones de identidad que se lograron este año, seis fueron posibles gracias a una novedosa medida judicial.
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Ante la insistente negativa a realizarse las pruebas de ADN de posibles hijos de algunos de los 30.000 desaparecidos víctimas de la dictadura, los jueces federales argentinos comenzaron a ordenar en 2006 allanamientos para obtener en sus domicilios peines, cepillos de dientes o prendas íntimas, que permiten realizar los análisis.
Con estos elementos, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) puede determinar la identidad de una persona con una certeza superior a 99,99 por ciento.
Algunos críticos han condenado esta práctica como una invasión a la privacidad, pero expertos legales señalan que se trata de balancear el derecho a la intimidad con la prioridad de esclarecer casos de apropiación de identidad y graves violaciones a los derechos humanos.
"Somos el único centro de investigación genética del mundo creado especialmente para dilucidar crímenes de lesa humanidad", dijo a IPS Belén Rodríguez Cardoso, bioquímica que coordina el BNDG, un organismo que funciona en Buenos Aires creado en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) y que es centro de referencia internacional en la materia.
Rodríguez señaló que "la técnica de identificación de ADN sobre células de descamación, que las personas dejan en elementos de uso cotidiano, se desarrolló a partir del proyecto genoma humano. En el caso de Argentina, si bien sufrimos algún desfasaje, podemos ir acompañando los prototipos de vanguardia".
Iud explicó que "una vez que el juez les comunica a los jóvenes que se resistieron a realizarse la prueba de ADN el resultado de la misma, por lo general quieren conocer a su familia y la expresión común es que sienten un gran alivio, que se les quitó un peso de encima".
El factor principal de la resistencia al análisis genético es evitar la posibilidad de inculpar a los apropiadores. Según algunos jueces, el método de allanamiento no es prueba legal válida contra los falsos padres.
Para Iud "es muy importante la opinión de los nietos, pero no es correcta esa interpretación judicial. Si bien nuestra prioridad es recuperar la identidad, hay casos y casos. Si se trata de un represor que se apropió de un niño, y no de alguien que obró en buena fe, la justicia debe actuar".
La Corte Suprema argentina dictaminó en 2003 que no se realizaran extracciones de sangre forzosas, porque debía respetarse la decisión de las víctimas.
"Es realmente penoso supeditar la búsqueda de la verdad a la relación que la víctima haya construido con el apropiador, además de que existe también el derecho de la abuela de conocer a su nieto", señaló Iud.
El primer caso de un allanamiento en búsqueda de objetos íntimos que permitió recuperar la identidad fue el de Natalia Suárez Nelson, "robada" por su apropiador, Omar Alonso, un cantante de tangos vinculado con la policía en tiempos de la dictadura.
Suárez Nelson se resistió hasta donde pudo al avance judicial, pero hoy ha reconstruido un vínculo con su familia biológica. Desde entonces, sobre 12 restituciones de identidad, ocho se basaron en las pruebas de ADN obtenidas de muestras tomadas en allanamientos.
A partir de 1983, cuando se restauró la vigencia de la Constitución y el gobierno democrático en Argentina, los casos de restitución de identidad cobraron intensidad. Algunas historias explotaron en los medios de prensa, ante la negativa de adolescentes de reconocer a sus familias biológicas.
Un caso notorio fue el de los mellizos Reggiardo Tolosa, localizados en Paraguay viviendo con su apropiador, el subcomisario Samuel Miara. Al día de hoy, no tienen relación con sus familiares y guardan lealtad al policía, quien permanece detenido.
En la vereda opuesta, son numerosas las experiencias de integración exitosa cuando la adopción había sido de buena fe. Es el caso de María de las Victorias Ruiz Dameri, quien vive cerca de la ciudad de la ciudad de Rosario, 306 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. Allí fue criada por su madre adoptiva, quien colaboró en la búsqueda de la verdad.
Los dos hermanos de María de las Victorias también habían sido sustraídos a sus padres y recuperaron su identidad.
Laura Ruiz Dameri lo hizo este año gracias a pruebas de ADN. Su apropiador, Antonio Azic, fue miembro de uno de los "grupos de tareas" de la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales campos de concentración de la dictadura, donde según testigos actuó como torturador.
Azic está actualmente preso. Tiene su rostro desfigurado a causa de un intento de suicidio. También se había apropiado ilegalmente de Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004 y hoy es diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, que apoya a la presidenta Cristina Fernández, tal como lo había hecho con su esposo y predecesor en el cargo Néstor Kirchner.
Los avances en la restitución de identidad señalan un cambio en la voluntad política de los líderes políticos de este país. Tras dos rebeliones militares que pusieron en riesgo al régimen democrático, Alfonsín propulsó dos leyes, actualmente anuladas, las de obediencia debida y punto final, que otorgaban cobertura legal a los represores.
Sin embargo, ambas dejaron claramente fuera de ese "paraguas" legal a los casos de apropiación ilegal de niños.
Algunos analistas señalan que la parálisis en la persecución judicial de estos casos no respondió a impedimentos legales sino a la falta de voluntad política de los gobiernos posteriores, cuyo caso paradigmático fue el indulto concedido por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) a militares condenados en 1985, entre otros. En 1989 y 1990, a través de cuatro decretos presidenciales, Menem perdonó a alrededor de 1.200 personas, entre los que se contaban represores, líderes guerrilleros y hasta gente investigada por delitos comunes.
