El ejército de Perú continúa negando información a las autoridades judiciales que investigan los asesinatos cometidos por militares durante la guerra interna que sacudió al país entre 1980 y 2000.
El ejército contestó que no tenía nada que informar. Los pedidos de López están fechados el 16 y 18 de junio. La última respuesta oficial del Ministerio de Defensa fue enviada el 25 de agosto.
De acuerdo con testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, volcados en su informe de 2003, efectivos del ejército de la base de Putis asesinaron en 1984 al menos a 123 campesinos, a quienes consideraban sospechosos de colaborar con el grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso. Alrededor de un tercio de las víctimas fueron niños.
En mayo y junio de este año, peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense iniciaron la exhumación de los restos de los pobladores de Putis. Contabilizaron hasta ahora 97 cuerpos, de los cuales 38 correspondían a menores de diez años.
La pericia confirmó lo que habían declarado los testigos: se trató de una ejecución, no de un enfrentamiento con miembros de Sendero Luminoso.
En respuesta al requerimiento del fiscal López, el Ministerio de Defensa se limitó a repetir lo que el ejército viene sosteniendo insistentemente. Argumenta que no cuenta con documentación que acredite la identidad de los militares que estuvieron en Putis en 1984.
No se trata de un caso aislado. El fiscal López también solicitó información al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre los planes de operaciones en Putis. Tampoco obtuvo respuesta.
Según el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Otto Guibovich Arteaga, "en los archivos pasivos y permanentes no se ha encontrado información relacionada al caso Putis", de acuerdo con el oficio cuya copia obtuvo IPS.
El Comando Conjunto aprobaba las operaciones antisubversivas, por lo que resulta llamativo a los analistas que no cuente con un archivo documental sobre Putis, una de las zonas devastadas por la guerra interna.
Sin embargo, existen evidencias de que el ejército mantiene un registro de sus operaciones contrainsurgentes, incluso de las operaciones clandestinas.
En 2002, la jueza Victoria Sánchez Espinoza, quien investigó al grupo de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército que bajo la denominación de "Destacamento Colina" cometió las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, entre 1991 y 1992, obtuvo información clave en los archivos de ese organismo.
Descubrió los planes de operaciones clandestinas, la relación de los agentes con sus seudónimos y sus nombres y apellidos verdaderos, el registro del dinero que recibían como compensación por sus actividades ilegales, entre otro material que sirvió para formular las acusaciones a los responsables.
Esta información incluso es parte del juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y su ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, el segundo hombre más poderoso de ese régimen.
Si el ejército documentó las acciones secretas del "Destacamento Colina" con mayor razón debería tener en sus archivos la nómina del personal militar que formalmente cumplió funciones en el cuartel de Putis.
La negativa a suministrar información a la justicia sería una orden del comandante del ejército, general Edwin Donayre Gotzch. Cuando fueron encontrados los cuerpos de las víctimas de Putis y activistas por los derechos humanos sugirieron que los militares deberían pedir perdón, Donayre respondió: "¿Y quiénes van a pedir perdón por mis más de 1.200 fallecidos, por más de 1.400 discapacitados que tiene el ejército?".
Señaló, además, que "gracias a las fuerzas armadas y a los comités de autodefensa (de pobladores organizados por los militares) hoy se vive una situación de paz y tranquilidad".
Hasta el ministro de Defensa, el socialcristiano ministro Flores Araoz, comentó que "no se puede poner al Estado de rodillas frente al terrorismo ofreciendo disculpas".
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación relata que debido a la presencia de Sendero Luminoso, organización que asesinaba a los pobladores que se oponían a formar parte de sus "comités populares", el ejército instaló una base en Putis.
Cansados por los crímenes senderistas, los campesinos abandonaron la localidad y se dispersaron. Para ganarse a los pobladores, los militares los convencieron para que se volvieran a reunir en Putis. Hicieron que cavaran una fosa que supuestamente se dedicaría a la cría de peces, actividad a la que se dedicarían para sobrevivir.
Una vez que terminaron el trabajo, los pobladores fueron reunidos ante la poza y acribillados por los militares, quienes los consideraban colaboradores de Sendero Luminoso.
"Es difícil entender la lógica de los asesinos. Aunque hubieran los campesinos hubieran sido, hipotéticamente, 'subversivos', no constituían una real amenaza a un batallón de soldados bien atrincherados y pertrechados con armas de guerra", declaró el coordinador de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, Nolberto Lamilla, quien promovió la exhumación de los cuerpos.
En Putis quedan todavía por lo menos una docena de tumbas más que destapar.
