Unos 34.000 trabajadores del Poder Judicial de Colombia comienzan este miércoles una huelga nacional indefinida. El demoledor ataque del lunes contra el Palacio de Justicia en la occidental ciudad de Cali es apenas un motivo más para la protesta.
"Se suspenden todas las diligencias; las audiencias del sistema penal acusatorio, tanto las preliminares como las de juicio oral; se suspenden todas las diligencias de carácter civil administrativo, laboral, penal", anunció Fabio Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial).
Ochenta por ciento de los 43.000 trabajadores de la justicia paralizarán labores. "La huelga va a ser general y va a afectar a todas las jurisdicciones", aunque "vamos a atender casos de extrema gravedad", agregó.
Asonal Judicial presentó un pliego de peticiones a las autoridades en noviembre de 2007, pero "el gobierno guarda silencio", señaló a su vez Tarsicio Mora, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor central sindical de este país, a la que es afiliada Asonal Judicial.
"Se han agotado las vías del diálogo. No les queda otra salida a los trabajadores que la protesta", "aquí se demuestra que no hay diálogo con los sectores sociales, y menos con el movimiento sindical", dijo Mora.
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Asonal Judicial reclama la reclasificación y nivelación de salarios, que establecía la Ley 4 de 1992, pero que los sucesivos gobiernos sólo han cumplido parcialmente.
De hecho, un fallo conocido este miércoles, sobre una tutela por ese incumplimiento, ordena tres días de arresto al presidente Álvaro Uribe, y a sus ministros Óscar Iván Zuluaga, de Hacienda, y Fabio Valencia Cossio, del Interior y de Justicia.
La providencia judicial de primera instancia, emitida por el Tribunal Superior de Sincelejo, ciudad del noroccidente, debe ser revisada ahora por la Corte Suprema de Justicia. Por lo demás, en el sector estatal, dijo Mora, "se entronizó" la provisionalidad laboral. Los funcionarios no son nombrados y trabajan por contratos que se renuevan o no. "Ya tenemos servidores estatales que han cumplido más de 20 años de servicio" como funcionarios provisionales, a pesar de que es ilegal, enfatizó.
La inestabilidad laboral amenaza a más de 18.000 trabajadores provisionales del Poder Judicial. Muchos llevan hasta 14 años bajo ese tipo de contratación. Unos 4.000 jueces y otros empleados públicos pueden quedar cesantes en diciembre.
Para Apecides Alvis, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la central más antigua surgida en 1936, reducir jueces o traer nuevos implica un periodo de adaptación a los procesos en curso que "sin duda va a generar muchas dificultades".
La situación "indudablemente" afecta la independencia de la justicia, según contestó el presidente de Asonal Judicial a una pregunta de IPS, "porque se utiliza el mecanismo de la provisionalidad para poder presionar determinado tipo de decisiones de un funcionario en un momento dado".
Ese es un aspecto delicado en el contexto actual, cuando los autores intelectuales de graves matanzas en la longeva guerra colombiana deben ser llamados por la justicia a rendir cuentas.
Colombia vive un conflicto interno desde mediados de los años 60, con guerrillas izquierdistas alzadas en armas. En los años 80 se sumaron a la guerra grupos paramilitares de ultraderecha, actuando contra la insurgencia y en alianza con la fuerza pública.
"El país requiere de investigaciones y sentencias claras y prontas en un terreno que ha conmovido a la sociedad colombiana, como es el de la actividad de la 'parapolítica', por ejemplo, y del propio paramilitarismo", indicó Hernández en referencia a los procesos judiciales contra políticos aliados de paramilitares, acusados de graves crímenes y parcialmente desmovilizados tras negociar con el gobierno.
Hernández agregó que "se hace necesario que la sociedad tenga unas respuestas que correspondan a las reclamaciones de las víctimas y de la población colombiana, a la dimensión que han tenido los crímenes", clasificados en muchos casos como de guerra y de lesa humanidad.
"Si esos funcionarios que tienen tan delicada misión no tienen ni siquiera una vinculación (laboral) en propiedad, es muy fácil conducirlos hacia una presión o una manipulación", advirtió el presidente de Asonal.
"Hemos exigido del gobierno que, dada la experiencia, el desempeño y las facultades que tienen estos trabajadores, se les dé estabilidad laboral", reiteró Hernández.
De hecho, el respeto a la independencia judicial es el primer punto del pliego de solicitudes de los empleados del Poder Judicial.
"Hay una situación muy grave derivada de la intromisión del Ejecutivo en los asuntos judiciales, la agresión constante", señaló en referencia a recurrentes ataques del presidente Uribe contra los magistrados que lideran los procesos a decenas de políticos aliados del mandatario, acusados de ser parte de la parapolítica.
"La rama judicial en Colombia atraviesa por una situación bastante crítica", pues el jefe del Ejecutivo está "agrediendo constantemente a la cúpula judicial, en particular el trabajo desplegado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en torno a las investigaciones sobre parapolítica", dijo Hernández.
El dirigente sindical advirtió que se trata de "un ataque sistemático, organizado, de parte del presidente de la República y del Ejecutivo en su conjunto" tratando de deslegitimar "a toda costa" la investigación judicial en esos casos.
"Queremos, dentro del pliego de solicitudes, que se establezcan unos mecanismos claros de respeto a la independencia y la autonomía del órgano judicial, como corresponde en todo Estado social de derecho", resumió.
La semana pasada, el jurista argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), encendió las alarmas con su visita a Colombia.
"Nos exhortó a que todas las instituciones y las ramas del poder público sacáramos la bandera blanca, conminándonos a que, de no ser así, pues vendrá él con otra bandera", recordó el fiscal general colombiano Mario Iguarán el martes, en referencia a que la CPI analiza el caso colombiano.
En este panorama, en la madrugada del lunes estalló un coche bomba con 80 kilogramos de los explosivos amonal y pentonita contra el Palacio de Justicia de Cali, la tercera ciudad de Colombia.
Quedaron prácticamente en ruinas el sótano y nueve de los 18 pisos que tiene una de las dos torres del recinto judicial. Unos 200 despachos fueron destruidos, incluyendo sus computadores, y deteriorados los archivos en papel. Peritos evalúan si el edificio tiene que ser demolido.
Más de 500 edificaciones fueron afectadas, y la alcaldía decretó "emergencia manifiesta" el martes. Aun sin huelga, por fuerza mayor quedaron suspendidos todos los procesos judiciales en Cali por 10 días. A mediodía de este miércoles, la sede destruida fue rodeada de claveles blancos y los jueces ingresaron a recoger lo que se pudo salvar.
El presidente Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, achacaron el acto terrorista, que dejó cuatro muertos, a la columna "Manuel Cepeda" de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero "no fue la columna Manuel Cepeda. Eso está confirmado", concluyó en declaraciones a IPS un analista que sigue estrechamente la evolución de la guerra con las FARC.
A los autores de la explosión hay que buscarlos en las bandas narcotraficantes que actúan en la región, consideró el experto, de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, un centro de pensamiento y acción política para la paz y el desarrollo.
El presidente de Asonal Judicial estimó que "nos ha llamado poderosamente la atención cómo se produce el atentado en los días previos a este movimiento, que fue conocido y declarado desde hace ya más de un mes".
"Preferimos dejar que la investigación correspondiente avance", añadió.
Pero, "si se trata de un amedrentamiento a los servidores judiciales, han perdido el tiempo y su acto criminal. Porque aquí vamos a continuar con este movimiento, que consideramos necesario para mejorar la administración de justicia a la sociedad colombiana y, por supuesto, el bienestar de los servidores judiciales", puntualizó.
El presidente de la CUT, Mora, estimó que la rama judicial "es un sector que ha sido bastante asediado y además afectado por la guerra en este país. Son más de 26 jueces y trabajadores (de la justicia) que han sido asesinados", tres en 2008, aseveró.
El 11 de septiembre, todas las centrales sindicales y múltiples organizaciones sociales tienen prevista una movilización de respaldo a la Corte Suprema de Justicia.
