La violencia y la criminalidad serán temas centrales de las elecciones municipales de octubre en las grandes ciudades brasileñas, especialmente en Río de Janeiro, aunque mantener la seguridad pública sea función del gobierno estadual y no de las alcaldías.
La violencia ya se convirtió en un "obstáculo al desarrollo" en Brasil, justificó Fernando Gabeira, diputado del Partido Verde, que espera ser uno de los dos candidatos más votados a la alcaldía de Río de Janeiro el 5 de octubre, para disputar una segunda vuelta el 26 del mismo mes, aunque las encuestas lo apunten en cuarto lugar.
La alternativa es la "integración" de la Guardia Municipal, que no tiene poder policial, con las policías estaduales, e intensificar actividades locales que contribuyan a la seguridad pública, señalaron el martes por la noche varios postulantes que debatieron con organizaciones sociales sus planes para combatir la violencia en Río.
La alcaldía puede quitarle al crimen organizado sus "fuentes de financiación", como la explotación del transporte colectivo ilegal que se ha diseminado por la ciudad, ejemplificó Alessandro Molón, del Partido de los Trabajadores, fuerza política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sin embargo nunca gobernó la ciudad carioca.
Molón cuenta con un escaso cuatro por ciento de las intenciones de voto, según la última encuesta, pero mantiene sus esperanzas. "La mitad de los electores siguen indecisos", dijo, exagerando datos de los sondeos para concluir que ningún aspirante está descartado.
Río de Janeiro, municipio de 6,1 millones de habitantes, solo superado por la sureña São Paulo, con 11 millones, vive la campaña electoral más disputada del país en términos cuantitativos, con 12 aspirantes a la alcaldía y 1.224 a los 50 escaños de la Cámara Legislativa.
Sólo cinco aspirantes a alcalde, todos de izquierda, participaron en el debate sobre violencia urbana, promovido por el no gubernamental Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas y el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía. Las preguntas fueron formuladas por representantes de organizaciones sociales.
El favorito, Eduardo Paes, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, se abstuvo de concurrir al encuentro en el que el principal blanco fue la política de seguridad ejecutada por su correligionario, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, a la sazón promotor de su candidatura.
"Genocida y fascista" fueron algunos términos empleados para calificar la decisión del gobernador de aplicar mano dura contra la delincuencia que domina las "favelas", los barrios pobres y hacinados en los que vive casi un tercio de la población municipal.
Se disputan el control de las favelas, además del narcotráfico, las milicias parapoliciales que se multiplicaron desde la década pasada.
"Donde vivo", una favela en la zona oeste de la ciudad, "está prohibido entrar después de media noche, impera el toque de queda de hecho", dijo a IPS un hombre negro que solo aceptó identificarse como Fabio, interesado en conocer los planes de los posibles alcaldes para combatir la violencia urbana en los próximos cuatro años.
El problema en su comunidad es el narcotráfico y las frecuentes confrontaciones armadas con la policía. "Las milicias están llegando", acotó. La solución es "educación, educación, educación", afirmó Fabio, quien trabaja en cursos comunitarios gratuitos dedicados a preparar a jóvenes pobres para disputar lugares en la universidad. Él mismo fue beneficiario de esos cursos en el pasado.
La policía estadual de Río de Janeiro es la que más mata en Brasil. El año pasado, primero del gobierno de Cabral, 1.330 personas murieron por "resistencia", lo que representa un aumento de 25 por ciento sobre 2006, según estadísticas oficiales del Instituto de Seguridad Pública.
En el primer semestre de este año se registró un nuevo aumento de 9,1 por ciento, con 757 muertos en enfrentamientos con la policía.
Un hecho alarmante fue la muerte de un niño de tres años, acribillado en julio en un automóvil en el que estaba junto con su madre y un hermano de nueve meses de edad. Dos policías militares dispararon por lo menos 16 tiros contra el vehículo detenido, confundiéndolo con otro al que venían persiguiendo, presuntamente ocupado por delincuentes.
Los candidatos izquierdistas a la alcaldía de Río acusaron el gobierno estadual de promover esta mortalidad, dirigida principalmente a la población negra y pobre, que es mayoría en las favelas.
Lucia Xavier, del grupo feminista Criola, criticó también la premisa, expresada por algunos gobernantes, que orienta esa política de seguridad pública: las favelas son "fábricas de criminales" debido a la alta fecundidad de sus mujeres.
La alcaldía cuenta con la Guardia Municipal, una policía administrativa, autorizada por la Constitución sólo a proteger el patrimonio y los servicios de la municipalidad, con restricción de uso de armas y sin las facultades convencionales de un cuerpo encargado de la seguridad interna.
Los candidatos que participaron en el debate se manifestaron contra la propuesta de equipar a los guardias con armas de fuego.
Los guardias municipales "no deben ser armados", sino que deben operar en la "prevención comunitaria", estar presentes en las plazas y escuelas y lograr ser "queridos por la población", opinó Jandira Feghali, del Partido Comunista de Brasil, quien confía en que será "la primera mujer elegida alcalde de Río de Janeiro", aunque esté en tercer lugar en los sondeos.
La Guardia Municipal puede, como máximo, portar "armas no letales", según otro postulante. Varios defendieron ampliar los servicios municipales en la prevención de la violencia, ofreciendo informaciones precisas sobre la delincuencia y combatiendo los "pequeños delitos", para liberar de esta tarea a la policía civil y militar, enfocada en "el crimen pesado".
