El flujo de gas natural a Brasil fue interrumpido en Bolivia por acción de opositores al gobierno izquierdista, mientras en la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra el ejército optó por retirarse de los edificios estatales que custodiaba ante el ataque de jóvenes conservadores.
Bolivia exporta 26 millones de metros cúbicos de gas natural por día a Brasil, su principal mercado para este combustible, que sumado al que exporta a Argentina generan ingresos por unos 2.000 mil millones de dólares al año, la mayor fuente de ingresos del Estado.
El ministro Ávalos no adelantó las medidas que adoptará el gobierno para reanudar las operaciones de exportación y sólo se limitó en afirmar que los ministerio de Defensa y de Gobierno (interior), encargado del orden público, usarán los medios a su alcance y autorizados por la Constitución boliviana.
Desde el mediodía de este martes, la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo violento del Comité Cívico Pro Santa Cruz, atacó a soldados del ejército encargados de la custodia de las oficinas de impuestos y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que respondieron con gases lacrimógenos antes de retirarse.
[related_articles]
Al finalizar esta tarde, una turba irrumpió también en el edificio principal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y procedió a saquearla sin que se registrada resistencia alguna de parte de las fuerzas de seguridad presentes, que optaron por replegarse ante un inevitable enfrentamiento.
Las imágenes difundidas por las cadenas de televisión desde el lugar mostraron una multitud enardecida que respondió al llamado de sus dirigentes cívicos, quienes consiguieron movilizar a una parte de la población de Santa Cruz de la Sierra, de 1,2 millones de habitantes, a través del tañido de las campanas de la catedral católica.
Los soldados doblegados por decenas de manifestantes huyeron, perdiendo sus armas y equipos antimotines como cascos y escudos.
Estas imágenes pintan la situación de un Estado nacional que parecer haber perdido el control de la segunda ciudad en importancia de Bolivia, que concentra al poder económico y de hacendados que impulsan la autonomía departamental frente al programa de corte socialista del presidente Evo Morales.
Al anochecer, los manifestantes apuntaban como objetivos las oficinas de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras reparticiones públicas que pretenden controlar para poner en práctica la autonomía respaldada por estatutos autonómicos, aprobados mediante referendo local el 4 de mayo.
El gobierno de Morales desconoce estos estatutos, porque su redacción y aprobación no se enmarcan en la legislación vigente, e insiste en su programa de refundación de Bolivia mediante la aprobación de una nueva constitución que incluye autonomías más ampliada de los nueve departamentos en que se divide el país, de las regiones, indígenas y municipales.
Desde hace 15 días, los prefectos (gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en la llamada media luna oriental y agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde), organizan una resistencia contra el gobierno nacional izquierdista.
Demandan, entre otras cosas, la reposición de una parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que alcanza a unos 49 millones de dólares.
Por el contrario, el presidente Morales desea consolidar su revolución democrática y cultural mediante la nueva ley fundamental cuyo texto aprobado en la Asamblea Constituyente desea aprobar el 25 de enero en referendo nacional, previa convocatoria que debe redactar el Congreso legislativo. Pero los hechos de violencia se extendieron este martes a otras ciudades. En Trinidad, la capital del norteño departamento de Beni, un grupo de dirigentes cívicos ocupó las instalaciones del aeropuerto Jorge Heinrich y obligó a las empresas de transporte de pasajeros a suspender operaciones.
Esta es una de las terminales con mediano tráfico aeronáutico y muy importante para la región amazónica, donde este tipo de transporte es mayor a los medios terrestres.
Al sur de La Paz, en la capital del departamento de Tarija, del mismo nombre, también grupos civiles con el respaldo del prefecto Mario Cossío, ocuparon las instalaciones de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y las oficinas del INRA, una repartición sensible para el proceso de recuperación de tierras en manos de latifundistas, proyectada por el gobierno.
La estatal ABC ha reportado el bloqueo de 21 puntos viales en distintas partes del país que impiden el transporte de alimentos, amenaza con el corte de suministro de carburantes e impide el tránsito de personas, generando incertidumbre social.
El ministro de la Presidencia y estrecho colaborador del presidente, Juan Ramón Quintana, afirmó que el gobierno no desea caer en la estrategia de provocación que busca saldos trágicos para debilitar la imagen política del Poder Ejecutivo.
