La batalla contra las industrias de la celulosa se intensificó en los tribunales de Brasil, especialmente en los estados donde más se expanden las plantaciones de eucalipto: los orientales Bahía y Espírito Santo y el sureño Rio Grande do Sul.
En Rio Grande do Sul, cinco organizaciones ambientales se unieron el mes pasado en una acción judicial contra la presidenta de la Fundación Estadual de Protección Ambiental (Fepam), Ana Maria Pellini, a la que acusan de haber practicado acoso moral al presionar a sus funcionarios en procesos de interés del sector papelero.
La denuncia se refiere a amenazas y desplazamiento injustificado de técnicos que se habrían negado a modificar criterios en la Zonificación Ambiental de la Silvicultura, en la licencia para construcción de represas y en una ampliación para cuadruplicar la fábrica de celulosa de Aracruz, mayor empresa brasileña del sector, controlada por los grupos familiares Lorentzen, de origen noruego, y Safra, de Líbano.
"Nos quieren imponer una dictadura ambiental y rechazamos ese control", reaccionó Pellini, negando las acusaciones y destacando que, al asumir su cargo, encontró 12.000 solicitudes de licencias ambientales a la espera de evaluaciones y por eso tuvo que poner en marcha un plan de emergencia en la Fepam.
El secretario de Medio Ambiente de Rio Grande do Sul, Carlos Brenner de Moraes, defendió a su funcionaria de confianza y las inversiones en silvicultura, que alcanzarán 10.700 millones de reales (6.550 millones de dólares) entre 2007 y 2011.
"Cada millón de reales representa 76 empleos", arguyó.
Las acciones judiciales en este estado del extremo sur brasileño se encaminan principalmente a irregularidades en licencias ambientales y acuerdos para que se hagan estudios e informes de impacto ambiental.
"Exigimos más restricciones, porque la zonificación ambiental, recientemente aprobada, ofrece baja protección", explicó Annelise Steigleder, fiscal de Medio Ambiente de Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.
En Bahía, estado del Nordeste brasileño, la fiscalía estadual ha pedido a la justicia anular licencias ambientales para plantar eucaliptos, obtenidas por la empresa de celulosa Veracel, creada por una asociación entre Aracruz y la sueco-finlandesa Stora Enso.
La firma empleó "medios ilícitos, desde corrupción de funcionarios de órganos licenciadores a sobornos de alcaldes y concejales", señaló João da Silva Neto, coordinador de la fiscalía en Eunápolis, municipio del sur de Bahía. También se obtuvieron de forma irregular certificados de calidad para asegurar exportaciones, acotó.
Tras 15 años de trámite en los tribunales, el desenlace de la primera acción del ministerio público contra Veracel, en julio, fue una multa de 20 millones de reales (12,3 millones de dólares), respondiendo a denuncias de organizaciones no gubernamentales, como la internacional Greenpeace y la brasileña SOS Mata Atlântica.
La empresa fue multada y condenada a retirar plantaciones de eucalipto en una superficie de 96.000 hectáreas —distribuidas por cuatro municipios bahianos— y a reforestarlos con especies nativas del Bosque Atlántico, el ecosistema afectado.
Veracel pidió la suspensión de los efectos de la sentencia, porque el examen judicial hecho en la época de la denuncia de "supuestas irregularidades y deforestación" en 64 hectáreas no comprobó daños ambientales, dijo a Tierramérica el presidente de la empresa, Antonio Sergio Alípio.
El fallo "nos sorprendió, porque el área en cuestión tenía licencia del órgano ambiental estadual y apoyo del Ibama" (Instituto Brasileño del Medio Ambiente), y además la empresa recuperó el bosque original más allá de la extensión exigida por ley, aseguró..
La fiscalía, sin embargo, entendió que hubo fallas en el estudio de impacto ambiental y que el Ibama estuvo omiso en el caso.
En Espírito Santo, estado muy deforestado en la costa oriental, Sebastião Ribeiro Filho, abogado de la Red Alerta contra el Desierto Verde, inició la primera acción popular contra Aracruz en 2001, luego de que la empresa obtuvo licencia para su fábrica.
La justicia suspendió la obra por casi un año ante denuncia del Ministerio Público Federal por ausencia del estudio y del informe de impacto ambiental, exigidos por la legislación. La empresa firmó un acuerdo, asumiendo el compromiso de cumplir esas exigencias y pudo seguir con sus actividades, pero enfrenta otros procesos judiciales por deforestación y violación de derechos indígenas.
Aracruz también es cuestionada por canalizar parte de las aguas del río Doce para abastecer una de sus plantas de celulosa.
"La empresa obtuvo recursos de la alcaldía, sin tener el estudio de impacto ambiental, para desviar aguas del río Doce al Riacho, principal fuente de agua para sus fábricas", justo cuando uno de sus ex directores era secretario de Desarrollo del gobierno estadual, dijo a Tierramérica Ribeiro Filho.
La alcaldía justificó la operación alegando que la canalización se destinaba a mejorar el suministro de agua a la población de dos barrios.
La sociedad civil no dispone de condiciones financieras para enfrentar a tales empresas en los estrados judiciales, lamentó Ribeiro. "Es una pelea de David contra Goliat", sostuvo.
Las iniciativas judiciales en varios puntos de Brasil son producto de la conciencia de la sociedad, escarmentada por los daños que provoca el monocultivo de eucalipto, como el éxodo rural y el desempleo, además de desastres ambientales, dijo a Tierramérica Ivonete Gonçalves, del Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía.
"Hace 16 años controlamos en el sur de Bahía a empresas de celulosa que cometían delitos como plantar eucaliptos en áreas de preservación permanente, echando venenos en las nacientes (de ríos), y el Estado fue connivente y omiso", criticó.
Quienes se oponen a esa industria en Brasil luchan ahora por la transparencia en las elecciones municipales de octubre, rechazando candidatos cuyas campañas sean financiadas por las empresas papeleras.
"Al apoyar a un candidato, Aracruz contribuye al proceso de fortalecimiento de la ciudadanía, en el que todos los actores sociales deben necesariamente participar en procesos democráticos", declaró a Tierramérica el servicio de prensa de la empresa.
El presidente de Veracel arguyó que su compañía participó en campañas electorales siempre cumpliendo la legislación y tras amplia discusión, ya que uno de sus controladores, el grupo sueco-finlandés Stora Enso, viene de países con leyes más rígidas.
"Además, Veracel se adhirió al Pacto Mundial" promovido por la Organización de las Naciones Unidas a favor de la responsabilidad social empresarial, asumió compromisos contra la corrupción "y, como quiere ser referencia en sustentabilidad, no puede cometer deslices", concluyó Alípio.
* Este artículo fue publicado originalmente el 6 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
