AGRICULTURA-COLOMBIA: Los surcos de la crisis

Mientras en el mundo los alimentos se vuelven más y más costosos, Colombia vive una creciente vulnerabilidad alimentaria que especialistas achacan a dos décadas de apertura del mercado a las importaciones agrícolas y a la ausencia de acciones del actual gobierno.

"La creciente dependencia de alimentos importados ha puesto a Colombia en una posición de vulnerabilidad grave", dijo a IPS el economista Juan Pablo Fernández, asesor del opositor e izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) en el Congreso legislativo.

"Colombia se ubica entre los países de mayor vulnerabilidad a nivel mundial", insistió Fernández, destacando el aumento de la importación de granos en los últimos dos años.

Casi 70 por ciento del abasto de cebada, cuyo cultivo ocupaba grandes extensiones del centro oriental Boyacá menos de una década atrás, hoy depende de la importación.

Entre 60 y 90 por ciento de alimentos básicos como el fríjol, la arveja, el trigo y el maíz se compran en el exterior.

Un producto popular como el pan duplicó su precio en un año. "La gente consume menos poder calorífico, y eso significa que a la gente se le aumenta la pobreza porque tiene que reducir sus consumos", dijo Fernández.

En el primer trimestre de este año, el precio promedio de los alimentos en todo el mundo subió más de 50 por ciento respecto del mismo período del año anterior, afirma un informe de este mes de la oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los cereales y aceites vegetales subieron 70 por ciento.

Las razones son muchas: mayor demanda de grandes consumidores, como los gigantes asiáticos, encarecimiento del transporte y de insumos agrícolas que dependen del costoso petróleo, uso de siembras alimenticias para producir agrocombustibles y factores especulativos.

En Colombia, con unos 42 millones de habitantes, el café luce como el único alimento cuya producción creció 15 por ciento en el último trimestre. Pero el aumento es todavía insuficiente para superar la crisis del sector iniciada en 1989.

El café representa 30 por ciento de la producción agropecuaria colombiana, de modo que "si esta situación afecta a los cafeteros, podemos imaginar qué pasa con los otros sectores agrícolas", continuó Fernández.

El banano y las flores son los rubros que han contado con mayor apoyo estatal "pero, a pesar de eso, los productores viven una tremenda crisis", sostuvo el economista.

El área cultivada en Colombia supera apenas los cinco millones de hectáreas, pese a tener un potencial cultivable de 17 millones de hectáreas, según datos del Ministerio de Agricultura.

El jefe de esa cartera, Andrés Felipe Arias, complementa la información con cifras como la de bosques, que llega a 58 millones de hectáreas cuando deberían cubrir 67 millones.

El hato ganadero de Colombia, según investigadores de las universidades Javeriana y Nacional que coinciden con lo expuesto a IPS por Fernández, se aproxima a 23 millones de cabezas, lo cual representa la mitad del estándar internacional para países tropicales, de una res por habitante.

Los expertos consideran que "la política agropecuaria de Colombia, no sólo de este gobierno del derechista Álvaro Uribe sino también de los anteriores, ha sido totalmente antiagraria al no permitir el adecuado desarrollo de fuerzas productivas".

Teoría que se aproxima a lo que sostiene el ministro Arias al afirmar que la crisis agropecuaria se remonta a los años 90, cuando "se produjo una masacre agrícola, que originó el estrangulamiento del sector, registrándose la caída de un millón de hectáreas de agricultora lícita".

Arias se refiere con "masacre" a la apropiación de un indeterminado número de hectáreas que fueron usadas por los narcotraficantes, o bien para el cultivo de ilícitos o para el uso de ganadería y recreo.

Pero si bien, coincide la oposición con el ministro en algunos planteamientos, los primeros insisten en la ausencia de políticas y programas actuales que mejoren las condiciones generales del agro colombiano.

Aseguran, por ejemplo, que en Europa y Estados Unidos, donde la agricultura tiene un mejor tratamiento, los cultivos se realizan especialmente en tierras planas, mientras en Colombia son las lomas las que están cubiertas plantaciones.

"Eso no es bueno para la tierra. La agricultura debe desarrollarse en terrenos planos, donde recibe agua y minerales del subsuelo. Pero nosotros, los colombianos, en los planos tenemos vacas, lotes de engorde o nada", explica Fernández.

El ministro por el contrario, cree que la política de seguridad democrática de Uribe propicia un cambio positivo en zonas rurales —tradicional escenario de la larga guerra civil colombiana— fortalecido con una inyección económica que triplicó, entre 2003 y 2008, el presupuesto destinado para el desarrollo de la agricultura.

En concepto de Arias medidas como el aumento presupuestal para el desarrollo agrícola "blindan a Colombia contra la escasez", y agregó que el país no solo tiene garantizado el abastecimiento interno, sino también el venezolano. "Porque, asegura, de nada le sirve a los países vecinos tener recursos si hay déficit de alimentos".

"El crecimiento agropecuario es la fuente del blindaje", asegura Arias quien calcula en 90 por ciento la autosuficiencia del país.

La investigadora Elcy Corrales, profesora de estudios ambientes y rurales de la Universidad Javeriana, opina que la economía campesina produce 63 por ciento de los alimentos del país, lo que permitiría reaccionar a la crisis alimentaria con formas alternativas de producción.

Sin embargo, para lograr acceso a los productos del campo será necesario fortalecer las vías de comunicación y poner en marcha efectivos sistemas de transporte que permitan el acceso de productos hasta los centros de comercio, opinan los investigadores universitarios.

Pero los detractores del gobierno Uribe responden que su política de seguridad democrática no influye de manera notoria en la situación del campo.

Un del estatal Banco de la República (central) afirma que 70 por ciento de la migración del campo a la ciudad se produce por razones económicas, y 30 por ciento restante por otros motivos, en los que se incluye la violencia.

Varios economistas insisten en la urgente necesidad de definición de una política agraria seria y continuada.

"La reforma implica distribución equitativa de tierras, asistencia técnica adecuada, infraestructura para la producción como vías, sistemas de riego y canales de acopio y mercadeo", ha dicho Rudolf Hommes, ministro de Hacienda del ex presidente César Gaviria (1990-1994).

Los grandes propietarios tienen secuestrada la tierra más productiva, afirma Hommes en columnas de opinión publicadas en medios de prensa.

Organizaciones no gubernamentales afirman que la pobreza afecta a 70 por ciento de la población y que 45 por ciento de las propiedades están en manos de 10 por ciento de los habitantes. La cifra oficial de pobreza es de 49.2 por ciento.

El economista Fernández es escéptico a los anuncios de blindaje ante la escasez alimentaria que anuncia el gobierno.

Se necesitan políticas agropecuarias de mayor protección interna, aumento de aranceles a los productos importados y apoyo a la investigación científica para desarrollar nuevas variedades agrícolas, acordes con las necesidades del país, indicó.

Se necesitan políticas agropecuarias más cercanas a las que se desarrollan en Estados Unidos, Europa o Japón, países "que ven en la seguridad alimentaria de la población un verdadero asunto de seguridad nacional", concluyó.

A su vez los representantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) consideran que para garantizar la seguridad alimentaria en el país, es necesario reconocer el aporte de la población campesina, desconcentrar la propiedad de la tierra, ampliar la gama de cultivos, conectar la oferta y la demanda, y generar desarrollo tecnológico y seguridad.

El presidente de Anuc, Juan Sandoval, dijo a IPS que aplicando estas medidas se evitaría el desplazamiento voluntario de los campesinos hacia las ciudades, porque "hay alrededor de 460 mil familias campesinas que aspiran a tierra propia, y 150 mil familias más están en riesgo de perder sus parcelas".

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