Los cinco prefectos departamentales de Bolivia que lideran la oposición aceptaron finalmente este miércoles el diálogo ofrecido por el presidente Evo Morales, quien logró en el referendo un respaldo que ya llega a 67 por ciento de los votos cuando aún falta 15 por ciento de las mesas por escrutar.
Tras una reunión de cuatro horas, los prefectos (gobernadores) ratificados en sus funciones, Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, Leopoldo Fernández, de Pando, y Mario Cossío, de Tarija, a los cuales se suma la recientemente elegida Savina Cuellar, de Chuquisaca, resolvieron viajar a La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional.
En un clima ciudadano con expectativa de reconciliación entre gobierno y oposición tras el referendo revocatorio del domingo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, había hecho pública la invitación del mandatario izquierdista para reanudar un diálogo que se había instalado sin éxito en enero.
Los prefectos de los departamentos que conforman la llamada media luna oriental presionan con una huelga de hambre la reposición de los ingresos por concepto de comercialización de los hidrocarburos, cuyas reservas extraordinarias bolivianas se concentran en esa zona.
Estos gobernantes, de cinco de los nueve departamentos en que se divide el país, conforman el Consejo Nacional por la Democracia (Conalde), un instrumento político creado para ejercer como ente coordinador frente al Poder Ejecutivo de Bolivia.
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Una respuesta inicial a la invitación de La Paz había recibido el rechazo de parte de Suárez, Fernández y Cuellar, quienes demandaban como condición previa la restitución de 260 millones de dólares provenientes de tributos del sector de hidrocarburos utilizados por el gobierno nacional para cumplir con el pago de una renta vitalicia a los ancianos bolivianos.
Al mediodía de este miércoles, la posición cambió y ahora se espera en la sede de gobierno de La Paz la llegada de las autoridades departamentales, aunque Costas expresó que no concurrirá porque seguirá la huelga de hambre que lleva adelante en la Plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra.
"Estamos en un complicado posicionamiento en el juego de ajedrez", expresó a IPS Carlos Hugo Molina, ex prefecto del departamento de Santa Cruz.
Por su parte, el ex presidente de Bolivia (2001-2002) y líder de la agrupación opositora derechista Poder Democrático y Social (Podemos), Jorge Quiroga, dijo a IPS que el diálogo debe reanudarse con los acuerdos abandonados en febrero, entre los cuales se incluye la modificación del texto de la nueva ley fundamental aprobado en diciembre por la Asamblea Constituyente.
Varios analistas llegaron, tras los primeros resultados, a una rápida conclusión al señalar que tanto el mandatario como los prefectos opositores habían alcanzado suficiente votación para profundizar el enfrentamiento.
Pero ese punto de vista no es compartido por Manuel Morales Olivera, el impulsor de la renegociación de los contratos petroleros con las empresas transnacionales.
El gran caudal de papeletas del Sí a la ratificación del mandato presidencial acumulado por Morales —camino a 70 por ciento cuando en diciembre de 2005 fue elegido con 53,74 por ciento de los votos— tiene aún más importancia por el hecho de su carácter nacional, a diferencia de la votación departamental que sólo reconoce liderazgos parciales a los prefectos, expresó ante la consulta de IPS.
El prefecto Costas fue ratificado en su cargo con 66 por ciento de los votos en su distrito, Cossío lo logró con 64,5 por ciento, Suárez con 61 por ciento y Fernández con 56 por ciento, según datos de las encuestas de los medios de comunicación.
Estos cuatro gobernantes y Cuellar anunciaron una estrategia conjunta para reivindicar demandas regionales como la devolución de un porcentaje parcial del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero a última hora resolvieron escuchar el clamor popular por la instalación de un diálogo con Morales.
Esa postura belicista de la oposición para continuar en el frente de batalla, que ha sido acompañado de una débil huelga de hambre de los prefectos y organizaciones cívicas, contrasta precisamente con el pedido de unidad nacional y la invitación al diálogo por parte de Morales para agregar al texto de la nueva Constitución nacional contenidos de los estatutos autonómicos.
En opinión de Quiroga, es importante buscar una concertación, pero señaló como una prioridad la atención del gobierno a la gestión económica y el control de la inflación.
"Con la ayuda de Venezuela no se puede ir lejos", expresó el líder derechista, que se ha convertido en un firme opositor a la cooperación financiera y social del presidente de ese país, Hugo Chávez, el principal aliado externo de Morales en la aplicación de programas de construcción de infraestructura social en los 327 municipios de Bolivia.
Aunque los analistas políticos, tras los resultados del referéndum, entienden que ha mermado la influencia de Quiroga y de su agrupación Podemos, este expresó que un acuerdo político requiere de la suma de los 84 legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y de los 55 representantes de su corriente.
"Los dos partidos hacemos los dos tercios, esa es la realidad", dijo para significar que la minoría de derecha aún mantiene un peso político que puede facilitar o dificultar las tareas trazadas por Morales, el primer presidente indígena de la historia de Bolivia, pese a que la mayoría de sus casi 10 millones son de este origen étnico.
Hay un reconocimiento al liderazgo del mandatario y al poder emergente de los prefectos, pero resta conocer el camino que seguirá el Conalde, lo cual marcará el futuro inmediato de sosiego o la continuidad de la crisis política, afirmó el ex prefecto Molina.
La creación de un organismo de seguridad que reemplace a la policía y el control de los impuestos petroleros en reemplazo del Ministerio de Hacienda anunciados por el prefecto Costas, en un discurso pronunciado el domingo, es una propuesta más en medio de un ambiente donde es habitual la exigencia de cosas extremas, comentó.
Después de los resultados del referendo, "hay una fuerza dominante nacional" que abre el camino para la consolidación del proceso de cambio". Frente a una oposición radicalizada, el gobierno debe poner el texto constitucional a referendo, expresó el ideólogo de las negociaciones con las petroleras, Morales Olivera.
Considera oportuna, además, una consulta simultánea con el referendo sobre la Constitución, para conocer la opinión de la gente sobre la viabilidad de las autonomías o el modelo social que lidera el presidente Morales.
El defensor de la agenda de demandas contra la libre exportación de gas natural a América del Norte y miembro del grupo de reflexión Pueblo, Acción y Soberanía, Juan Ortiz, comentó a IPS que el camino hacia la autonomía o la federalización llegará sin muchas dificultades, porque hay la tendencia del gobierno es seguir las recomendaciones del Banco Mundial orientadas en ese sentido.
Ortiz lamenta que la agenda surgida de la llamada "guerra del gas" librada en octubre de 2003 especialmente en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, que concluyó con la renuncia y fuga del país del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), está cediendo al deseo de las firmas extranjeras y de gobiernos vecinos para facilitar las ventas de gas a Chile.
Las organizaciones sociales de El Alto y sindicatos campesinos promovieron una protesta social para evitar la venta del energético a Chile, México y Estados Unidos, y la posición fue ratificada en una consulta realizada por el presidente Carlos Mesa (2003-2005) en 2004.
