Un nuevo conflicto petrolero se abre en la selva central de Perú, donde comunidades indígenas rechazan de plano las actividades de la corporación Pluspetrol en el Lote 108, que abarca parte de cuatro regiones del país.
Pancho se expresó así en un congreso de la Central Asháninka del Río Ene (CARE) que reúne a las 18 comunidades de la zona y que resolvió entre el 11 y 14 de julio oponerse a las actividades de exploración y explotación de petróleo en el Lote 108. Para dejar patente su ira, Pancho pintó las caras de los representantes de la compañía que asistieron a la reunión con achiote, un colorante natural que usan los nativos, señala el acta del congreso a la que tuvo acceso IPS.
"Si quieren entrar a su manera, las organizaciones no nos responsabilizamos de lo que vaya hacer la población. Aquí correrá sangre", advirtió a IPS una de las integrantes de la junta directiva del CARE, Rosa Buendía.
Con una extensión de 12.417 kilómetros cuadrados, el Lote 108 ocupa buena parte de la central cuenca del río Ene, en las regiones de Junín, Cusco, Ayacucho y Pasco.
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Otorgado en concesión a Pluspetrol Perú Corporation, filial del grupo argentino Pluspetrol, el 13 de diciembre de 2005 por el gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo, las autoridades esperaron hasta el viernes 29 de este mes para iniciar formalmente los talleres informativos en el río Ene, un proceso obligatorio para obtener el consentimiento informado de las comunidades indígenas que habitan estas tierras.
Situaciones como ésta se reproducen como hongos en Perú, que vive un particular boom de las industrias extractivas, animado por los elevados precios internacionales de los minerales y los hidrocarburos.
Setenta y dos por ciento de la Amazonía peruana está ocupada por concesiones para explorar y explotar hidrocarburos, lo que ocasiona conflictos y amenaza a la biodiversidad y a los pueblos indígenas, afirma un estudio publicado este mes por investigadores de la Universidad Duke de Carolina del Norte y de las organizaciones no gubernamentales Save America's Forests y Land is Life, con sede en Estados Unidos.
SIN PERMISO
El rechazo a las operaciones de Pluspetrol en las 18 comunidades del Ene es unánime. La gente cuestiona que las autoridades de turno no les hayan consultado antes de que la empresa estatal Perupetro firmara la concesión de sus territorios a Pluspetrol, pasando por encima de lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el congreso de julio, los nativos reiteraron su posición, ya definida en febrero de 2007, y decidieron conformar una nueva comisión encargada de solicitar al gobierno la anulación del contrato con Pluspetrol.
También se resolvió expulsar de las comunidades a los nativos que "traicionen la posición" de los pueblos originarios del Ene.
Esta última advertencia no era un disparo al aire. Rosa Buendía explicó a IPS que "la empresa está acostumbrada a comprar a ex dirigentes para avalar sus proyectos. Quieren dividirnos y nos ofrecen dinero".
Según los indígenas, ese fue el caso del asháninka Nehemías Tomás, quien se presentó en la reunión de julio como traductor de los representantes de Pluspetrol.
La dirigente Rosa Buendía insistió en que toda decisión relacionada con el gobierno o las empresas debe ser tomada por las propias comunidades.
CARTAS QUE VAN Y VIENEN
En octubre de 2007, la compañía remitió una carta a la presidenta de la CARE, Ruth Buendía, informándole que en noviembre efectuaría trabajos de geología en el tramo carretero La Merced- Oxapampa, en la selva central.
La organización respondió con una carta notarial dirigida a la empresa y al Ministerio de Energía y Minas, aseverando que el proyecto se "superpone sobre todas las comunidades nativas e incluso sobre la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka por lo que los trabajos de exploración y explotación afectarán directamente a las comunidades incumpliendo así las disposiciones del Convenio 169".
En esa misiva, la CARE señalaba que la concesión constituye "una invasión, ya que no hubo previa consulta de los alcances del contrato a fin de que las comunidades tomen una decisión libre e informada y evalúen los beneficios".
El 27 de marzo de 2008, la empresa insistió con sus operaciones llamando a la junta directiva de la CARE a una reunión informativa, ante lo cual la organización decidió invitar a Pluspetrol al congreso de julio para que informara a las comunidades los detalles del proyecto petrolero del Lote 108.
Uno de los representantes de la compañía, José Palomares, dijo en ese congreso que si "la organización no quiere que la empresa ingrese, no lo hará".
Pocos días después, el 18 de julio, el Ministerio de Energía y Minas informó a la CARE sobre el cronograma de talleres que se realizarían en las comunidades para dar a conocer los estudios de impacto ambiental de las operaciones de Pluspetrol.
"El gobierno hace lo que le da la gana sin respetar nuestros acuerdos ni los convenios internacionales que nos protegen. Sólo está acostumbrado a hacer talleres informativos como si eso diera confianza a la gente", señaló Rosa Buendía.
"Piensan que la comunidad es tonta, pero ya no es como antes, cuando sabíamos poco, ahora tenemos jóvenes preparándose. El pueblo asháninka ya conoce sus derechos y no va a permitir tanto abuso", agregó.
EL GOBIERNO INSISTE
La directora general de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio, Iris Cárdenas, dijo a IPS que se "han programado estos talleres iniciales para ver los miedos y temores de la población".
"Hay un cronograma de visitas sólo en las comunidades que han aceptado nuestra presencia. Nosotros respetamos lo que ellos han conversado con la empresa, y quizás esto va a tomar mucho tiempo de diálogo para hacer trabajos en esa zona", admitió Cárdenas.
Según la CARE, desde que comenzaron a llegar los enviados del Ministerio a las comunidades, en la última semana de este mes, la población empezó a expresar su rechazo.
"Ellos han ido con un grupo de facilitadores indígenas para ingresar a la zona, pero la gente les ha pedido que se retiren porque están alertas con sus comités de autodefensa", informó a IPS la abogada de la CARE, Iris Olivera.
De acuerdo al cronograma, los talleres se celebran entre el viernes 29 al 4 de septiembre en nueve comunidades.
¿Por qué ahora se busca dialogar con la población? En la primera etapa todo estaba en manos de Perupetro, la empresa estatal que negocia y suscribe los contratos, explicó Cárdenas. "Todo es paulatino. El método del Ministerio es ir de comunidad en comunidad porque queremos garantizar que participen todos", señaló.
"Con los precios altos que tiene el petróleo, sería contrario al sentido común desaprovechar la oportunidad, porque con ello usted está asegurando mayores ingresos para que el Estado pueda redistribuir la renta y generar servicios como la electrificación rural", aseguró a IPS el viceministro de Energía, Pedro Gamio, ferviente convencido de que la explotación de los recursos naturales es fundamental para generar desarrollo.
Para el antropólogo de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Oscar Espinosa, esa mirada gubernamental sólo termina generando un alto costo social.
"Hay un afán de modernizar a los pueblos indígenas como parte de una política totalmente desactualizada, del siglo XIX, que sólo genera conflictos sociales. El Estado tiene una gran deuda pendiente con estas comunidades, que debe asumir generando mecanismos claros de consulta antes de tomar decisiones sobre sus territorios", dijo a IPS.
Para las comunidades nativas, el territorio está asociado al alimento que conseguirán para sobrevivir, a la cultura, a la tradición, a la herencia de los antepasados y a la que dejarán a sus descendientes.
"Nos darán plata ahora por sacar el petróleo, pero ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos cuando todo esté contaminado, si el territorio es lo único que tenemos?", se preguntó Rosa Buendía.
El pueblo asháninka ha padecido otras presencias ajenas en las últimas décadas, cuando el grupo armado maoísta Sendero Luminoso declaró la guerra al Estado.
La dirigente señaló que los asháninkas están incluso dispuestos a renunciar a la reparación colectiva que les prometieron las autoridades, equivalente a casi 35.000 dólares, por haber sido víctimas de ese conflicto armado (1980-2000), si se retiran las empresas petroleras de sus tierras.
"Primero nos invadió Sendero y generó conflicto social y muerte, ahora vienen las empresas trasnacionales a tomar nuestro territorio. Que nos contaminen es otra forma de morir", dijo Buendía.
