En India sólo hay estimaciones acerca de la cantidad de personas en los pabellones de la muerte. La última cifra oficial conocida se remonta al 31 de diciembre de 2004, cuando había 563 presos condenados a la pena capital.
La conclusión de su último estudio conjunto, un análisis de 700 sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en los últimos 56 años, es que la pena de muerte en India es una "lotería letal".
"La línea de demarcación entre falta de información y el secreto es fina", dijo en entrevista con IPS Bikram Jeet Batra, abogado activista de derechos humanos y uno de los autores del estudio.
IPS: —Las cifras acerca de la cantidad de personas condenadas o en los pabellones de la muerte son confusas. ¿Eso indica una voluntad de mantenerlas en secreto o una falta de información general?
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Bikram Jeet Batra: —La naturaleza del secreto en India no es como, por ejemplo, en China, dónde ese tipo de información es secreto de Estado. Pero sí parece que hubiera cierta voluntad de guardar la información.
La Oficina Nacional de Registro de Delitos (ONRD) divulga todos los años información de las personas condenadas a muerte y ejecutadas desde 1995 en "Estadísticas de la cárcel", pero alega no contar con datos de años anteriores.
La ONRD publica desde 1953 la serie "Crimen en India", con estadísticas vinculadas a una gran cantidad de delitos. Es decir, es fácil saber la cantidad de personas condenadas por falsificación o por robo en cualquier año a partir de 1953, pero no tenemos información acerca de la cantidad de ejecuciones.
—¿Usted cree que personas inocentes fueron condenadas a muerte?
—De los alrededor de 700 casos estudiados para "Pena de Muerte en India: una lotería letal", más de 100 de ellos involucraban a personas que fueron absueltas por la Corte Suprema de Justicia tras haber sido sentenciadas a la pena máxima por, al menos, uno de los tribunales menores. Ese dato no deja dudas de que personas inocentes son condenadas a muerte.
Quizá el caso más sonado de una persona inocente ejecutada en la hora es el de Kehar Singh, en 1989, imputada por el asesinato (en 1984) de la primera ministra Indira Gandhi. Oficialmente, no se acepta el error, pero muchos jueces concuerdan en que las pruebas en su contra fueron totalmente insuficientes y que un hombre inocente fue ahorcado.
—¿La tortura es endémica en India? ¿Cómo reacciona la Corte Suprema de Justicia ante esa acusación?
— En la práctica, la tortura es aparte integral de los interrogatorios policiales. Por desgracia, el sistema judicial no se toma muy en serio las denuncias de esa violación a los derechos humanos. Aun en los casos donde hay pruebas alevosas de ello, los tribunales hacen la vista gorda.
Las confesiones no se admiten más como prueba en los tribunales, pero hay un gran vacío legal porque sí se aceptan "descubrimientos" hechos por la policía sobre la base de información "voluntaria" proporcionada por el imputado.
Por ejemplo, la policía coloca armas y otras pruebas, según su conveniencia, en ciertos lugares y las "descubre" sobre la base de presuntas declaraciones del acusado.
Los tribunales están dispuestos a aceptar el testimonio policial como "desinteresado" o neutral, pese a que hay casos bien documentados que muestran que la fuerza no es neutral, en especial cuando se trata de asuntos de seguridad nacional o terrorismo.
—¿Existen personas condenadas a muerte sin una defensa adecuada o incluso sin ningún tipo de asistencia legal?
—Dado que los abogados que prestan asistencia cobran muy poco, es poco probable que esos casos queden en manos de los mejores profesionales y los más exitosos y, en cambio, recaen en los más jóvenes y por tanto sin experiencia. Por supuesto que hay excepciones honrosas, en especial en la Corte Suprema de Justicia. Pero invariablemente la mayoría de los imputados pobres no se beneficiarán de una buena defensa en un juicio.
Durante el proceso deben presentarse todas las pruebas para que sean recusadas. Si eso no se hace de forma adecuada, no es fácil que sean anuladas en las posteriores instancias de apelación ante un alto tribunal o la Corte.
El caso de Afzal Guru (condenado a muerte por al ataque al parlamento de India en 2001) es muy conocido, pero el estudio de Amnistía y de la Unión del Pueblo para las Libertades Civiles menciona muchas causas en que el acusado fue mal defendidos, incluido una en el que los imputados fueron engañados por su abogado para que renunciaran por escrito a su tierra ante un alto tribunal.
Sin duda que el conflicto de intereses puede haber desempeñado un papel importante para que, en ese caso, se rechazara el pedido de apelación. Los tres hombres involucrados fueron luego ejecutados en la horca.
—¿Han sido condenados a muerte menores de 18 años?
—Hay muchos casos sobre los que existen fuertes indicios para creer que es así, porque los tribunales concluyeron por error que tenían más de 18 años cuando cometieron el delito.
De hecho, existen razones para creer que uno de los convictos que ahora está en el pabellón de la muerte del estado de Uttar Pradesh era menor cuando cometió el asesinato por el cual se lo condenó. Su pedido de clemencia fue enviado al gobierno de India tras haber sido rechazado por varios tribunales, pese a que algunos magistrados se mostraron preocupados por su corta edad.
—¿Hay esperanzas de abolir la pena de muerte?
—Creo que es importante reconocer la iniciativa internacional para derogar la pena capital. A pesar de la postura de algunas naciones, no hay dudas de que la ausencia del máximo castigo de las normas que aplica la Corte Penal Internacional (vigente desde 2002 para procesar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad) es un indicio claro de la tendencia mundial.
El año pasado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que llama a una moratoria mundial de las ejecuciones. El voto en contra de India es el resultado desafortunado de una visión de corto plazo.
El gobierno indio, tanto el actual como el anterior, ya demostró que no está dispuesto a ejecutar muchas personas. Una sola fue registrada desde 1999.
Respaldar una moratoria de la ONU sería el próximo paso obvio, así como crear una comisión interdisciplinaria que estudie el asunto de la abolición de la pena de muerte.
