El gobierno de México, la Iglesia Católica y otros sectores conservadores perdieron ante la Suprema Corte de Justicia una crucial batalla contra la despenalización del aborto, vigente en la capital a partir de abril de 2007. Desde entonces, 12.262 mujeres hicieron uso legal de ese derecho.
En la tercera sesión de la semana programada por la Corte para definir si la norma viola o no la Constitución, fue evidente que al menos siete de los 11 magistrados del máximo tribunal votarían contra el recurso de inconstitucionalidad, según el contenido de sus intervenciones.
Aunque las sesiones continuarán hasta que todos los integrantes del tribunal se pronuncien, ya no hay posibilidades de que la despenalización sea anulada. Según las leyes, para declarar la inconstitucionalidad de una norma se requiere el voto de al menos ocho de los 11 magistrados de la Corte.
"Han ganado la razón, la ley y los derechos de las mujeres a decidir", dijo a IPS Lorena Martínez, integrante de un grupo feminista que funciona en el ámbito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En contraste, Marcela Fernández, del antiabortista Comité Pro Vida, lamentó la decisión: "los que perdieron fueron los derechos sagrados de la vida", dijo a IPS.
[related_articles]
Desde abril de 2007, cuando se despenalizó en la capital la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, hasta el 15 de agosto, 26.000 mujeres solicitaron a las autoridades información sobre esa práctica y, de ellas, 12.262 hicieron uso de ella.
Según informes oficiales, 50 por ciento eran solteras y menores de 24 años y cursaban su segundo mes de gestación.
La ley que eliminó la pena de cárcel de tres a seis meses o de trabajos comunitarios, fue aprobada por la legislatura capitalina, dominada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Si el aborto se practica luego de las 12 semanas de embarazo sin justificación médica las sanciones se mantienen. Según varios estudios, tales penas casi nunca se aplican.
Entre abril y junio, la Suprema Corte escuchó los argumentos a favor y en contra de la ley, expuestos por activistas, juristas, especialistas de la medicina, funcionarios del gobierno y miembros del clero.
El domingo, un día antes de que los magistrados iniciaran el debate final, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar, se presentó en un espacio de televisión pago para pedir a la Corte que declarara la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto.
"Muchos son los retos que tiene el país. Destacamos el respeto a la vida humana desde la concepción. Sin el don de la vida ningún otro derecho es posible, la defensa de un ser humano recién concebido debe acompañarse de la defensa de la dignidad de la mujer, respetar el derecho a la vida se encuentra en la base de la auténtica democracia", dijo Aguiar en ese mensaje.
El presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, no utilizó la estrategia de la Iglesia. Pero la fiscalía general impugnó la ley de despenalización con argumentos jurídicos, no religiosos.
Otra entidad que cuestionó la constitucionalidad de la ley fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que le valió duras críticas de activistas. Este organismo también recurrió a una argumentación de carácter jurídico.
Pero esos razonamientos no convencieron al número necesario de magistrados como para invalidar la despenalización del aborto.
El ministro de la Corte, Genaro Góngora, señaló que "no existen elementos consensuados, jurídicos y fuertemente razonables que determinen la existencia del derecho a la vida del producto de la concepción antes de las 12 semanas de gestación y obliguen su defensa por la vía penal".
Su par José de Jesús Gudiño estimó que "en la Constitución no hay una sola regla que establezca una protección directa al producto de la concepción, con independencia o en contra de la voluntad de la madre", por lo cual la despenalización no es inconstitucional.
En cambio, el magistrado Salvador Aguirre, quien se pronunció contra la ley, repitió en varias ocasiones que no se trata de penalizar a la mujer sino de salvaguardar al embrión, que a su entender quedó "desprotegido".
Cuando se aprobó la ley de despenalización del aborto en la capital varias encuestas revelaron que contaba con apoyo de una sólida mayoría, si bien 40 por ciento de consultados la rechazaban.
Ese respaldo a la interrupción voluntaria de la gestación coexiste en este país con una mayoritaria profesión de fe católica. La Iglesia castiga el aborto con la excomunión.
Mientras el tema se discutía en la legislatura capitalina, el papa Benedicto XVI alzó su voz pidiendo que no se aprobara, lo que dio pie a críticas de la izquierda a una presunta intervención del Vaticano en asuntos internos de otro Estado.
Un estudio de la UNAM señala que en este país de 104 millones de habitantes se practican hasta un millón de abortos clandestinos por año, lo que equivale a 30 por ciento de los embarazos anuales. Sin embargo, otras fuentes hablan de menos de 500.000 abortos anuales.
En los 32 estados mexicanos, el aborto no se castiga cuando el embarazo es producto de una violación. Estudios revelaron que cada cuatro minutos una mujer o una niña es violada en México, pero si resulta embarazada difícilmente pueda ejercer el derecho legal de abortar, por una infinidad de obstrucciones administrativas y la negligencia de las autoridades.
En 29 distritos no se penaliza el aborto "culposo", es decir la interrupción espontánea de la gestación provocada por una conducta "imprudente" de la mujer.
En 27 estados está permitido abortar si con ello se salva la vida de la madre, en 13 si el feto presenta malformaciones graves y en 10 cuando se trata de proteger la salud de la mujer.
Varias investigaciones indican que los abortos clandestinos constituyen la cuarta o quinta causa de muerte de las mujeres mexicanas y que obtener un permiso para abortar es engorroso y hasta imposible.
