La nacionalización en Venezuela de las operaciones y plantas de la firma transnacional Cementos Mexicanos (Cemex), la tercera mayor del sector en el mundo, provocó sólo una tímida reacción del gobierno del conservador Felipe Calderón.
Aunque la medida molestó en el gobierno de México, parece prevalecer la idea de que es mejor no levantar olas en la convaleciente relación con Venezuela. Los vínculos entre ambos países, que en la gestión del presidente Vicente Fox (2000-2006) se redujeron al mínimo nivel, regresaron con Calderón a rangos normales.
Los directivos de Cemex están algo decepcionados con la actitud del gobierno mexicano, dijo a IPS una fuente cercana a esa empresa que prefirió el anonimato.
El poderoso consorcio, que en 2007 tuvo ventas anuales por casi 22.000 millones de dólares en más de 50 países, calificó de "violación flagrante" al derecho internacional y a las propias leyes venezolanas la "confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación" por parte del gobierno de ese país, encabezados por Hugo Chávez.
Cemex, que emplea a 60.000 personas en sus diversas plantas del mundo, anunció que presentará una demanda de arbitraje por el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial.
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Considera que la expropiación violentó "tratados para la protección recíproca de inversiones, que prohíben la ocupación de bienes y privación de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva".
Tras el anuncio de la nacionalización, el lunes, la cancillería mexicana se limitó a señalar que el gobierno respalda "la petición de la empresa para que continúen las negociaciones (con Venezuela) sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura y conforme al marco legal aplicable".
El gobierno de Chávez procedió a expropiar Cemex tras fracasar las negociaciones entre ambas partes dirigidas a concertar el monto de indemnización sobre los activos de esa firma para que pasaran a propiedad estatal.
Las autoridades del país sudamericano lograron, en cambio, llegar a acuerdos con las otras dos empresas fabricantes de cemento involucradas en el proceso de nacionalización en ese país, la suiza Holcim y la francesa Lafarge, que suman alrededor del 50 por ciento del mercado local.
El anunció de la nacionalización de las industrias cementeras transnacionales fue anunciado en abril por Caracas, con el agregado de que se pagaría un precio justo a esas empresas. Holcim aceptó la propuesta por sus activos de 552 millones de dólares y lo mismo hizo Lafarage con los 267 millones de dólares ofrecidos.
Pero Cemex no se avino al convenio propuesto por Caracas de pagarles 650 millones de dólares, porque a su juicio son 1.400 millones de dólares lo que valen sus activos en Venezuela, donde controlaba la mitad del mercado de cemento.
Ante ello, la firma mexicana esperaba del gobierno de su país una reacción más firme, incluso una condena, indicó la fuente próxima a sus directivos.
El embajador de México en Venezuela, Mario Chacón, afirmó que Cemex no recibió el mismo trato de parte del gobierno de Chávez que Lafarge y Holcim en las negociaciones para acordar un precio de venta de sus acciones.
"Como gobierno respetamos la decisión de los poderes venezolanos, pero estamos obligados a velar por los intereses de nuestras empresas, pues consideramos que ha habido un trato discriminatorio con Cemex y no entendemos por qué", indicó el diplomático mexicano.
Para el académico Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la actitud del gobierno de Calderón frente al caso Cemex puede ser calificada de "timorata", pero argumentó "que decir o hacer algo fuerte contra Venezuela sería munición para la oposición interna y más para Chávez que podría salir con algunos de sus ataques".
"Si México nacionalizara firmas venezolanas, la reacción de Chávez sería sin duda otra", pero Calderón se amarra a su estrategia diplomática "porque tampoco puede hacer demasiado en los hechos contra una medida así", opinó Chabat.
"Obviamente lo que se hace contra Cemex asusta a los inversionistas mexicanos, pero frente a Chávez mejor sería dejar ese país para que no pase a otros", declaró.
Calderón, miembro junto a su antecesor Fox del conservador Partido Acción Nacional, buscó desde su llegada al gobierno en diciembre de 2006 acercamientos con Venezuela y Cuba, países con lo que el anterior gobierno tuvo serios roces. Desde esa estrategia, ha evitado hacer cualquier cuestionamiento a esos países.
Atrás quedaron los choques mexicanos con el gobierno venezolano, al que Fox acusó de manejarse con "adjetivos y calificativos que no van en una relación seria". El intercambio llevó a Chávez a tildar a su entonces homólogo de "cachorro del imperio (Estados Unidos)".
El Estado venezolano ha colocado sus manos sobre cada vez más palancas de la economía por la vía de expropiaciones o rescate de tierras de dominio público, en lo que respecta al sector agropecuario, y por medio de la adquisición de empresas, en el campo industrial.
La medida hacia las firmas cementeras transnacionales se relaciona con el déficit de viviendas, que organismos privados estiman entre 1,5 y dos millones de unidades en ese país de 6,5 millones de hogares y 27,5 millones de habitantes, según el estatal Instituto de Estadísticas.
"No es ninguna medida contra un país o una empresa, sino que ellos tienen una estrategia trasnacional y la nuestra es la del desarrollo nacional", declaró en abril el ministro de Energía, Rafael Ramírez, quien fue encargado por Chávez de buscar con la industria cementera "una negociación sin traumas".
"Cemex no pudo aceptar la propuesta de compensación ofrecida por el gobierno de Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos en ese país después de un cuidadoso análisis, ya que considera que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real de la misma", señaló la firma mexicana en un comunicado.
Arguyó, además, que la oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas (Lafarge y Holcim), considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada.
Sin embargo, la empresa apuntó que "siempre ha estado disponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes".
Parece lógico que Cemex pueda estar molesta con el gobierno de Calderón, pero debería quedaría claro que no es su culpa esta expropiación, expresó Chabat.
