La inminente decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre la demarcación del territorio indígena y amazónico Raposa Serra do Sol tiene en vilo a todas las etnias aborígenes de este país.
Raposa Serra do Sol está situada en la Amazonia, noreste del estado de Roraima, en el extremo norte del país. Es una tierra de agua y abundancia, de 1,7 millones de hectáreas, cuya demarcación fue homologada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2005, luego de casi dos décadas de cuestionamientos judiciales, con base en los principios de la Constitución de 1988.
El máximo tribunal debe aprobar o rechazar esa demarcación.
Aquí viven más de 19.000 indígenas de los pueblos macuxí, wapixana, taurepang, patamona e ingarikó. Desde 1992, se multiplicaron las invasiones de los latifundistas arroceros. En sólo 13 años, las plantaciones crecieron siete veces hasta alcanzar las 14.000 hectáreas.
En marzo, el presidente Lula envió a la policía federal a expulsar a un grupo de arroceros que se resisten a dejar la tierra. Los hacendados respondieron con violencia. Diez indígenas fueron heridos.
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«Comenzaron a dispararnos, tiraron bombas y empezamos a retroceder. Fui herido en la pierna, en la espalda y también en la cabeza», nos comenta un joven macuxi.
Santinha Da Silva también estaba allí con sus tres hijos el día de la agresión. «No voy a decir que no tengo miedo» afirma. «Tengo miedo, pero voy a enfrentarlos. Si ellos quieren matarme, que me quiten la vida, pero dejando la tierra para mis hijos».
Dos semanas después de iniciada la operación policial, el Supremo Tribunal Federal no sólo decidió cancelarla, sino que admitió también un recurso que, de prosperar, permitirá a los arroceros continuar ocupando esta tierra indígena, creando un peligroso precedente.
«Estarán en riesgo no sólo Raposa Serra do Sol, sino todas las reservas indígenas del país», afirma Rosane Lacerda, profesora de derecho de la Universidad de Brasilia.
Ningún arrocero ha pagado las multas por deterioro ambiental y tampoco hay nadie en prisión por las agresiones a los indígenas.
«Ya fueron presas algunas de esas personas, pero por periodos muy cortos, ya que disponen de recursos y mucha influencia política que consigue convertir los procesos en disputas jurídicas interminables», afirma Paulo Santille, coordinador de Identificación y Delimitación de las Tierras Indígenas de la Fundación Nacional del Indígena (Funai).
Para Lacerda se puede hablar de «una guerra declarada contra los pueblos indígenas por parte de los sectores que tienen intereses económicos en sus tierras».
Durante cinco siglos los pueblos indígenas de Raposa Serra do Sol han sufrido reiteradas invasiones: conquistadores portugueses, ganaderos, «garimpeiros» (buscadores de oro) y latifundistas.
Todos los emplearon como peones. Los ganaderos llegaron a marcar a los nativos como a las reses.
Orlando Pérez Da Silva, tuxaua (jefe indígena) de la aldea de Uiramutá, confirma con su relato de vida la trágica historia. «Llegaron los no indios e invadieron nuestras tierras. Empezaron a contratarnos en sus ‘fazendas’ (fincas). Cuando un indio reclamaba su salario, le daban una paliza y lo echaban», recuerda.
El pasó seis años como esclavo. «Vivíamos totalmente esclavizados. Para comprar una hamaca teníamos que trabajar un mes entero », afirma.
Una de las entidades que se dedican a coordinar la lucha de los aborígenes es la Comisión de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, presidida por el sateré-maué Gecinaldo Barbosa, para quien el problema trasciende las fronteras de Brasil.
«La Amazonia es de Brasil, pero el problema es del mundo entero, el problema es de quien defiende la vida», dice. La presión del agronegocio sobre las tierras indígenas se ha intensificado a partir de la «revolución de los biocombustibles» y de la necesidad de producir pienso para alimentar la cabaña ganadera mundial, sostiene.
Beto Ricardo, coordinador del no gubernamental Instituto Socioambiental de Brasil (ISA), considera que la administración de Lula es un «gobierno desarrollista» inmerso en un clima de «cierta euforia económica».
«La presión sobre los indígenas es múltiple», afirma. «No sólo por parte del agronegocio, sino también por obras públicas como carreteras, hidroeléctricas, diques »
Para Nilva Barauna, superintendente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) en Roraima, Raposa Serra do Sol constituye «la última frontera agrícola» ambicionada por el agronegocio.
Aquí «vamos a tener una modificación importante del paisaje, de los recursos hídricos, de la fauna y la flora debido a las plantaciones de arroz. Los agrotóxicos utilizados por los latifundistas están contaminando los ríos y la fauna acuática», afirma.
Gercimar Moraes Malheiro, macuxi y coordinador en Boa Vista, capital de Roraima, del Proyecto de Protección de las Poblaciones y Tierras Indígenas de Amazonia, confirma el daño ambiental: «Todo el veneno, todos los residuos de la pulverización del arroz, son vertidos en los ríos».
A pesar de las agresiones y de los informes del Ibama sobre el impacto ambiental, la inmensa mayoría de la población no indígena de Roraima apoya la permanencia de los arroceros, ya que «aportan riqueza y empleo».
Muchas personas entrevistadas en Boa Vista mostraban su temor de que el precio del arroz se disparara o de que hubiera una crisis económica si los arroceros eran expulsados. Para la superintendente del Ibama, el bienestar que para la población ofrecen las plantaciones de arroz es mínimo, ya que «la mayoría del trabajo es mecanizado», no crea puestos de trabajo, no paga impuestos y los beneficios se concentran en pocas manos.
Para el coordinador del ISA, «las tierras indígenas no sobrevivirán si no hay un reordenamiento ecológico y económico del país y de la Amazonia». Como metáfora de lo que sucede, afirma que «Brasil es el único país con nombre de un árbol extinguido», en referencia al palo brasil (Caesalpinia echinata), de cuya madera que se extraía una tinta roja muy apreciada y que está en riesgo de extinción, si bien aún subsisten bosques y árboles dispersos.
En este país hay 604 tierras indígenas, habitadas por 215 pueblos, que suman unas 600.000 personas.
En la cosmogonía indígena no existen las fronteras, ni la burocracia, ni la pertenencia de la tierra a ninguna persona. Luchan por defender su modelo de desarrollo en un momento en que la naturaleza se «está rebelando contra el mundo», como nos han dicho.
Los habitantes originarios de Raposa Serra do Sol han desarrollado una economía de autoabastecimiento. Cultivan maíz, fríjol, plátano, mandioca, poseen 35.000 cabezas de ganado, y combinan la «medicina de los blancos» con la tradicional indígena, fundamentada en las plantas curativas.
«Como pueblos indígenas vamos a defender la naturaleza porque tenemos esa concepción de la vida, esa cosmogonía del mundo para el futuro de la humanidad», asegura Barbosa.
La organización no gubernamental (ONG) española Pueblos Hermanos y la empresa audiovisual Compañía de Información y Proyectos Originales (CIPÓ) han lanzado una campaña sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.
La iniciativa incluye el envío de mensajes de apoyo a los indígenas y de cartas solicitando la expulsión de los arroceros al Supremo Tribunal Federal de Brasil, desde el sitio web de la ONG, http://www.puebloshermanos.org.es. En septiembre presentarán un documental rodado en Raposa Serra do Sol.
*La autora es responsable de contenidos y de comunicación de CIPÓ.
