El presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, tomó este miércoles las riendas de la gestión de la economía, al asumir la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, preocupado por la amenaza de una crisis que evidencian los números.
Ésta es la primera vez en la historia de España que un jefe del Poder Ejecutivo asume esa función, habitualmente en manos del ministro de Economía, cargo que ocupa en esta administración el vicepresidente segundo Pedro Solbes.
La decisión fue duramente criticada por la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP). El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González, dijo que Zapatero "desautorizó en toda la regla a Solbes como vicepresidente económico".
"Los presidentes de gobierno no presiden reuniones de asuntos delegados, solamente presiden gabinetes de crisis", añadió. De modo que Zapatero debe reconocer que "la situación es grave" y "que tiene que reunir un gabinete de crisis", dijo.
En las últimas semanas, el gobernante fue variando su posición, desde omitir la palabra "crisis" y referirse sólo a la desaceleración de la economía, hasta llegar la semana pasada a mencionarla.
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Ahora, al asumir la presidencia de la Comisión Delegada, reconoce que el problema es grave y que efectivamente se trata de evitar una crisis o de enfrentarla con medidas regulatorias.
Una de las medidas más discutidas y trascendentes que Zapatero anunció este miércoles fue la anulación del impuesto al patrimonio, que afecta a un millón de personas físicas y que en 2007 aportó al Estado el equivalente a 2.700 millones de dólares.
Cuando el líder del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) incluyó esta propuesta en el programa para las elecciones que ganó en marzo de este año, una de las críticas más fuertes provino de su correligionario, el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, actual director de la Fundación Ideas (Igualdad, Derechos, Ecología, Acción y Solidaridad).
Al ponerse al frente de la Comisión Delegada, Zapatero apunta a superar discrepancias entre sus ministros y entre los dirigentes del PSOE, cuya secretaría general ejerce.
En el fondo de esas diferencias se encuentra la imposición de tributos a las grandes fortunas españolas. Para una de las dos centrales sindicales mayoritarias, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), de extracción comunista, la supresión del impuesto al patrimonio "es una buena noticia para una minoría y una pésima para la mayoría de la sociedad".
CCOO subraya un aspecto reconocido de ese tributo, que no tiene como primer objetivo la recaudación, sino conocer los ingresos reales de las grandes fortunas, una información muy valiosa para la administración tributaria.
De acuerdo con una ley aprobada en 1991, el impuesto se aplica a todos los bienes que posea una persona residente en España, tenga o no carta de ciudadanía, y a los que declare o se compruebe que posea fuera del país.
Pero Zapatero está convencido de que los más ricos de España tienen varios instrumentos y fáciles mecanismos para eludir esa detección fuera del territorio nacional, según fuentes gubernamentales. Los paraísos fiscales son la principal puerta de evasión fiscal, agregaron.
Así, mientras no contribuye a esa detección, el impuesto al patrimonio recae en especial sobre las clases medias, que son las que más lo pagan, dijeron las fuentes.
Los socialistas están convencidos de que la supresión del tributo garantizará la igualdad fiscal de los ciudadanos, y que con ello España se incorporará a la mayoría de los países europeos que han abandonado ese impuesto.
Pero, sobre todo, alegan, se beneficiará a las clases medias y se impulsarán las actividades de pequeñas y medianas empresas y la creación de puestos de trabajo.
En la reunión de la Comisión Delegada, el jefe del gobierno anunció también un paquete de medidas para promover a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), como la eliminación de trabas administrativas.
Mientras se desarrollaba el encuentro, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el índice de inflación, que llegó a 5,3 por ciento anual en el segundo trimestre del año, el más alto desde diciembre de 1992.
Tanto el PP como CCOO coincidieron en afirmar que la inflación está provocando desempleo. A crear empleo, precisamente, se orientan las decisiones impulsadas este miércoles, dijeron a IPS fuentes del gobierno.
La reunión culminó con la aprobación de 54 medidas propuestas por Zapatero, destinadas a aliviar la carga fiscal de los sectores de menores ingresos y a estimular financieramente la actividad económica. El paquete será presentado este jueves al parlamento, que lo tratará en sesión extraordinaria.
