Los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han con frecuencia ignorado las leyes y principios de derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo.
A esta conclusión llegó esta semana el panel titulado "¿Fortaleza o castillo de arena? Los derechos humanos en la era del contraterrorismo", la séptima entrega mensual de la Serie de Diálogos sobre los Nuevos Derechos Humanos convocada por la ONU.
Los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos son "leídos hoy en gran medida como un catálogo de abusos, y con frecuencia abusos cometidos en nombre de algo llamado contraterrorismo", señaló Craig Mokhiber, de la Oficina de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien moderó el panel.
Algunas áreas de preocupación en relación con el contraterrorismo subrayadas por los panelistas son la ampliación de los poderes de las fuerzas policiales, el uso de evidencias y tribunales secretos, las detenciones preventivas y la aplicación de la pena de muerte por delitos no letales.
"Las leyes antiterroristas aprobadas en todo el mundo representan una amplia expansión de los poderes gubernamentales para investigar, detener, juzgar y encarcelar a individuos con una mínima supervisión judicial, transparencia pública y debido proceso", señaló por su parte Joanne Mariner, directora del programa de terrorismo y contraterrorismo de la organización Human Rights Watch.
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Estas leyes restringen los derechos de los terroristas, disidentes políticos, activistas sociales y delincuentes comunes, según Mariner. La legislación es en parte resultado de la falta de una definición internacional de terrorismo, sin la cual los países crean sus propias definiciones de lo que constituye una organización o acto terrorista. Las violaciones a los derechos humanos que resultan de estas leyes son exacerbadas por la presión internacional del Consejo de Seguridad de la ONU para que los miembros del foro mundial demuestren su compromiso en la lucha antiterrorista interna.
Estados Unidos, junto a otras naciones, han intentado justificar la derogación de ciertas leyes internacionales de derechos humanos arguyendo que la "guerra contra el terror" es un nuevo tipo de conflicto armado que queda fuera del derecho humanitario internacional. "Este argumento ha sido rechazado por varios tribunales de varios miembros de la ONU. Y aun si uno solo aceptara ese argumento, estaría bajo el imperio de los principios humanitarios internacionales", sostuvo Margaret Satterthwaite, codirectora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales del Centro de Derechos Humanos y Justicia Social de la Universidad de Nueva York. Los panelistas explicaron que el Consejo de Seguridad ha sido lento en incorporar los derechos humanos en su estrategia antiterrorista global. Joanna Weschler, directora de investigaciones del Informe del Consejo de Seguridad, una organización sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Columbia, describió los pasos de ese organismo de la ONU para integrar a los derechos humanos en las estrategias antiterroristas como un "proceso lento y parcial para superar una muy profunda renuencia". "Miembros del Consejo estaban muy firmes en la postura de que no se tenían que crear salvaguardas de derechos humanos como parte de su agenda antiterrorista, y recuerdo muy vívidamente en ese periodo cuando un embajador de uno de los P5 (cinco miembros permanentes, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) me dijo: Joanna, no esperes ver juntas las palabras derechos humanos en ningún documento del Consejo sobre terrorismo, y debo decir que lo cumplieron durante mucho tiempo", recordó Weschler. La activista aludió a la resolución 1390 del Consejo de Seguridad, que expandió la aplicación a todo el mundo de sanciones contra individuos o grupos terroristas. Uno de los resultados de esa resolución fue la creación de una lista de personas y entidades que pueden ser objeto de congelamiento de cuentas, prohibiciones de viaje y otras restricciones. No obstante, no hay reglas claras sobre cómo los partidos políticos son colocados o removidos de la lista, y una vez incluidos, no son informados del por qué ni pueden objetarlo. Las sanciones habían sido originalmente impuestas contra el movimiento islamista afgano Talibán, y fueron apoyadas por grupos de derechos humanos, ya que estaban dirigidos en un comienzo contra organismos de gobierno y no contra ciudadanos. Hasta la fecha, los miembros del Consejo de Seguridad se han opuesto firmemente a la creación de un panel independiente para revisar la lista.
Aunque hay muchas áreas en las que los derechos humanos siguen siendo despreciados, el Consejo de Seguridad y otros organismos de la ONU han comenzado a dar pasos significativos para integrar los derechos humanos en las actividades contraterroristas.
La Estrategia Global Contraterrorista de la ONU, de 2006, destaca a los derechos humanos como uno de sus cuatro pilares.
