El ex general argentino Antonio Domingo Bussi, jefe de la represión dictatorial en la norteña provincia de Tucumán, fue condenado a reclusión perpetua por un crimen de lesa humanidad perpetrado en 1976. Pero, por ahora, no irá a prisión.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán consideró a Bussi, de 82 años, coautor mediato de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos y homicidio del senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, secuestrado en su casa, el 24 de marzo de 1976.
En silla de ruedas, con bastón y una cánula nasal, Bussi, que según las pericias judiciales puede caminar y estaba en condiciones de afrontar el juicio, había sido retirado en camilla apenas comenzó el proceso. Luego se recompuso, pero mantuvo una postura desvalida que pudo haber conmovido al tribunal.
Lloró varias veces durante su alegato pero, lejos de arrepentirse de los delitos que se le imputaban, los reivindicó como "hechos de guerra" para "aniquilar la agresión marxista-leninista". Dijo que los sospechosos eran "blancos móviles" que podían ser detenidos sin orden judicial por averiguación de antecedentes.
Para indignación de la familia Vargas Aignasse, Bussi acusó una y otra vez a su víctima de delación y cobardía, y al fiscal de este proceso de actuar con "rencor y venganza". Entre lágrimas se consideró un "perseguido político" y agradeció a los soldados que lo acompañaron a "combatir al comunismo".
Bussi está acusado de medio millar de desapariciones forzadas. Jefe de la represión a grupos guerrilleros en Tucumán, desde el cargo de interventor provincial que le otorgó la última dictadura (1976-1983) condujo y multiplicó los centros de detención ilegal.
Junto con Bussi fue sentenciado a reclusión de por vida y con los mismos cargos el ex general Luciano Benjamín Menéndez, de 81 años, jefe del III Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1979, con jurisdicción sobre 10 provincias del noroeste, entre ellas Tucumán.
Para Menéndez "los argentinos sufrieron una guerra desatada por los sicarios vernáculos del comunismo internacional" y "los terroristas se apropiaron ahora de la legalidad y están en el poder".
Menéndez ya tenía una condena a prisión perpetua, dictaminada en julio, por violaciones a los derechos humanos en la norteña provincia de Córdoba, y ya estaba preso. Pero Bussi nunca había recibido una sentencia.
Ahora Menéndez seguirá en prisión y Bussi cumplirá la condena en su casa.
Dos leyes sancionadas en democracia a mediados de los años 80 permitieron a ambos eludir la justicia hasta que en 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de ambas normas y se reiniciaron los procesos contra los dos. Desde entonces han sido sentenciados 32 represores, según datos de organismos humanitarios.
Durante el período en el que gozó de impunidad, Bussi, que había manejado la provincia de Tucumán con mano de hierro, se erigió en el único jerarca del antiguo régimen en ser elegido por voto popular gobernador provincial (1995), diputado nacional (en 1993 y 1999) e intendente de la capital de su provincia (2003).
Asumió su escaño en 1993 hasta ser elegido gobernador. Cuando se desempeñaba en ese cargo, se descubrió que tenía cuentas en bancos de Suiza que había omitido declarar. Sin embargo, volvió a ganar una diputación en 1999. Pero la cámara baja lo consideró moralmente no apto para ejercer como legislador e impidió su investidura.
"La sociedad de Tucumán estaba muy confundida y se dejó llevar por un hombre que, con la suma del poder público, como él mismo se jactaba de tener, generaba una sensación de eficiencia", dijo a IPS el diputado Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del desaparecido senador.
"Nosotros asistimos con indignación a todos los procesos electorales en los que Bussi participó, con respeto por la democracia, pero la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida terminó de correr el velo y ahora se tiene una dimensión más clara de la magnitud de los crímenes cometidos", añadió.
Gerónimo Vargas tenía apenas cinco años el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado. En la madrugada, un grupo de encapuchados irrumpieron armados en su casa y se llevaron a su padre. La madre quedó sola con él y sus cuatro hermanos, uno de 12 años, discapacitado, otro de nueve, una niña de tres y otra de uno.
Desde febrero de ese año, admitió Bussi, el senador estaba en una lista de futuros detenidos por denunciar la inminente gestación del golpe de Estado. La víctima fue trasladada a la cárcel de Villa Urquiza. Según la defensa de Bussi, el 5 de abril fue "liberado" y un grupo de desconocidos "lo secuestró" y lo hizo desaparecer.
Pero la justicia rechazó esa versión, pidió que se investigara por falsificación de documentos y falso testimonio a cuatro testigos, y consideró que, si bien nunca apareció el cuerpo, Vargas Aignasse fue asesinado "con alevosía" en prisión, según testimonios de detenidos que lo vieron con signos de tortura.
La fiscalía reclamaba que Bussi cumpliera condena en una cárcel común. La esposa y los hijos de la víctima también confiaban en esa sentencia. Desde que fue procesado, estaba bajo arresto domiciliario en su lujosa residencia de Yerba Buena, localidad cercana a la capital provincial, por presuntos problemas de salud.
Pero los jueces sorprendieron al diferir el pronunciamiento sobre el lugar de detención y manteniendo de momento el arresto domiciliario.
De esta manera, la satisfacción de los familiares de Vargas Aignasse y de otros desaparecidos en Tucumán no fue completa. Afuera de la sede judicial, los manifestantes que portaban carteles contra Bussi rompieron vallas y lanzaron piedras y golpes contra los gendarmes (guardias de frontera) al conocerse la sentencia.
Los uniformados intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos y luego disparos. En minutos, y antes de que los sentenciados abandonaran el edificio, las calles se transformaron en escenario de enfrentamientos.
Ahora las organizaciones de derechos humanos esperan que en una nueva instancia el tribunal revoque la prisión domiciliaria. Si no es así, solicitarán esa medida en los otros procesos que se le siguen a Bussi por delitos de lesa humanidad en su provincia.
