La violencia sin fin a la vista en Darfur, que ya se ha cobrado medio millón de vidas, lleva a la fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esa región del occidente de Sudán a reclamar más efectivos y equipamiento.
"Nos lanzaron al ring con las manos atadas a la espalda. Necesitamos seis helicópteros. Nadie nos los ofrece. ¿Por qué? No sé", dijo el general Martin Luther Agwai, jefe de la Misión de Paz de la ONU en Darfur (Unamid, por sus siglas en inglés), la cual cuenta hoy con 9.000 soldados.
Cuando aceptó el cargo de comandante, Agwai y la ONU tenían otras previsiones sobre la dotación de la fuerza. "Ahora quieren que hagamos el trabajo de 26.000, pero eso no es posible", dijo a la prensa en el recinto del foro mundial en Nueva York.
Sin embargo, Agwai manifestó optimismo sobre la capacidad de la misión de la ONU para restablecer la paz y poner fin a la violencia en Darfur.
"Haremos lo que sea, lo mejor que podamos", afirmó. El militar dijo confiar en que más países aportarán tropas para fines de año y que llegará entonces a contar con 80 por ciento de los 26.000 efectivos originalmente previstos.
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Para el año próximo, se espera que la mayoría de los nuevos soldados procedan de varias naciones africanas como Burkina Faso, Gambia, Ghana, Kenia, Malawi, Malí, Nigeria, Senegal y Sudáfrica.
En los últimos meses, tanto el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como el subsecretario general para las Operaciones de Paz, Jean-Marie Guéhenno, plantearon preocupaciones por la falta de equipamiento y recursos humanos adecuados para la misión de paz en Darfur.
Pero hubo pocas ofertas de efectivos y materiales, con la excepción de cuatro helicópteros de Etiopía. Más recientemente, algunas contribuciones de tropas llegaron de ese país y de Egipto.
El gobierno de Sudán —que tiene profundas sospechas sobre las intenciones de los países occidentales— insiste en que la fuerza se limite a países africanos y ya ha rechazado soldados de Noruega y Suecia, además de expresar reservas sobre las unidades de Tailandia y Nepal.
Con un presupuesto anual de unos 1.500 millones de dólares, la Unamid está encargada de actuar en el marco del Capítulo VII de la Carta de la ONU para implementar el Acuerdo de Paz de Darfur de 2006 entre el gobierno y los rebeldes que luchan por el control de la región.
Algunos observadores señalan que la misión de paz en Darfur, que entró oficialmente en vigor en diciembre de 2007, está atada de pies y manos por falta de helicópteros y de otro equipamiento logístico. La misión requiere de al menos 24 helicópteros, aseguran.
Cálculos de la ONU sugieren que más de dos millones de personas huyeron de sus hogares en Darfur desde que empezó el conflicto.
Los problemas de Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros, ambos musulmanes.
La crisis derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed ("hombres a caballo"), que se presume son apoyadas por Jartum.
Los Janjaweed y el régimen sudanés son acusados de implementar una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los dos grupos guerrilleros.
La fuerza de mantenimiento de la paz comandada por Agwai tiene el mandato de proteger a los civiles de los ataques armados y garantizar la seguridad de los socorristas y de su propio personal e instalaciones.
El Capítulo VII de la Carta de la ONU faculta al Consejo de Seguridad, de 15 miembros, a tomar medidas, lo que incluye la acción militar, "ante amenazas a la paz, violaciones de acuerdos entre partes y actos de agresión".
Pese a su acuerdo sobre la necesidad de operaciones de paz bajo el Capítulo VII, la comunidad mundial continúa dividida en torno de Jartum. Estados Unidos y sus aliados todavía quieren imponer sanciones a Sudán, pero tanto Rusia como China piensan que las sanciones serían contraproducentes.
Por su parte, la mayoría de las naciones africanas no sólo manifestaron su oposición a la imposición de sanciones contra Sudán, sino que también han criticado la acusación del presidente sudanés Omar Al-Bashir como criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya.
Por contraste, en Occidente, las organizaciones de derechos humanos aplaudieron la orden de arresto solicitada por la fiscalía de la CPI, pensando que sentaría un ejemplo para los abusadores de las leyes internacionales sobre derechos humanos.
Hay evidencia considerable de que Jartum todavía respalda los ataques de las milicias Janjaweed en Darfur.
