Algunas organizaciones de derechos humanos temen que una nueva ley contra la xenofobia y el racismo aprobada por el parlamento de Costa de Marfil conduzca a violaciones a la libertad de expresión.
Adoptada por unanimidad por los legisladores marfileños, la ley impondrá sentencias de cinco a 10 años, y multas que oscilarán entre 500.000 y cinco millones de francos CFA (1.200 a 12.000 dólares) para quienes sean hallados culpables de xenofobia, racismo o su versión correlativa hacia los miembros de diferentes tribus.
Las sentencias serán duplicadas si el delito fue cometido en los medios de comunicación, en cualquier medio impreso o usando cualquier forma de tecnología de la información. Las sentencias también serán duplicadas por actos cometidos durante una manifestación o reunión política.
El preámbulo de la ley establece que "por varias razones, los individuos hacen reclamos o cometen actos que debilitan la unidad y la cohesión nacional debido a su carácter racista, tribal, étnico o xenófobo".
"Al implementar estas medidas, el Estado curará heridas abiertas entre las comunidades de Costa de Marfil, y creará un entorno que fomente la armonía social", declaró el parlamentario Martin Bohui.
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Hervé Gouamené es el presidente de Acción para la Protección de los Derechos del Hombre, una organización no gubernamental con sede en Abiyán.
"No nos oponemos a una ley contra la xenofobia. Sin embargo, tememos posibles excesos y consecuencias no buscadas", dijo Gouamené a IPS.
"¿Qué clases de acciones serán cubiertas? ¿En qué punto serán consideradas criminales? Debemos proceder cuidadosamente, porque semejante ley podría convertirse en una barrera para la libertad de expresión", agregó.
Mathurin Kobenan, experto radicado en Abiyán, discrepó. "No hay motivo para debate aquí. En la última década, Costa de Marfil se ganó la reputación de xenófoba. Adoptar semejante ley cuenta tanto como reconocimiento parcial de este hecho como solución al problema", señaló.
"Aplicada de modo adecuado, abordará el problema en su raíz haciendo imposible para los marfileños pensar en las diferencias raciales, étnicas o religiosas de los inmigrantes en términos negativos. Como con la eliminación de la tarjeta de residencia, en noviembre pasado, el objetivo es restablecer un sentido de justicia para quienes han sido maltratados", destacó Kobenan.
Sin embargo, estos argumentos le resultan poco convincentes a la Liga Marfileña de los Derechos del Hombre.
"Lo que nos perturba en relación a esta ley es que no hemos completado los estudios. Hay algunos vacíos, donde la ley no toma en cuenta las circunstancias actuales, especialmente en lo relativo a partidos políticos y asuntos tribales", señaló Patrick N'Gouan, presidente de la Liga.
"Los políticos dependen del tribalismo para la movilización política. Cuando los grupos étnicos honran al jefe de Estado, lo hacen según costumbres tribales. En la sociedad civil esperamos ver cómo será aplicada esta ley", añadió.
N'Gouan señaló varias reuniones políticas donde se formularon comentarios cargados de odio y desprecio hacia otras etnias, tensando las relaciones entre comunidades.
Para Amadou Kéïta, miembro de la comunidad maliense de Abiyán, "lo más importante es un entorno de vida que sea pacífico y nos permita contribuir con el desarrollo de nuestro país anfitrión y, como consecuencia, también con el de nuestro país de origen. Uno siempre debe respetar la ley y, de igual modo, cumpliremos nuestras responsabilidades".
Por su parte, Emile Kima, miembro de la Asociación de Burkineses de Costa de Marfil, dijo a IPS: "Es un paso hacia mejores relaciones entre Costa de Marfil y los países vecinos. Desde que se firmó el Acuerdo de Ouagadougou (Burkina Faso, 4 de marzo de 2007), hemos trabajado incansablemente por la paz. Esta ley y la abolición de las tarjetas de residencia son señales de que las cosas volvieron a la normalidad".
Durante seis años, una rebelión armada en el norte dividió a Costa de Marfil en dos. El 19 de septiembre de 2002, ex soldados tomaron las armas para poner fin a la exclusión de las poblaciones del norte. Sin embargo, desde el Acuerdo de Ouagadougou el proceso para resolver la crisis ha estado en curso en esta nación de África occidental.
La xenofobia surgió en el país a mediados de los años 90, con el nacimiento del concepto de "marfileñidad". Desde entonces ha tomado por blanco a varias comunidades de inmigrantes, particularmente las dos más grandes —de burkineses y malienses— y ha sido una de las causas de conflicto, según muchos analistas.
Durante las celebraciones del 7 de este mes, que señalaron el 48 aniversario de la independencia marfileña, el presidente Laurent Gbagbo llamó a sus compatriotas a fortalecer la cooperación con los países vecinos, especialmente Burkina Faso, con la que Costa de Marfil "comparte un destino común".
"Debemos fortalecer los lazos de amistad, hermandad y cooperación entre Costa de Marfil y los países vecinos y extenderlos a toda África occidental, al continente y a nuestros amigos en todo el mundo", dijo Gbagbo en un mensaje a la nación.
La declaración sobrevino poco después de una visita oficial a Burkina Faso, a fines de julio, y luego se adoptó la ley contra la xenofobia.
"Es otra medida exitosa del presidente Gbagbo", dijo a IPS el analista Aboudramane Bamba, radicado en Abiyán.
"Eliminar las tarjetas de residencia y adoptar una ley contra la xenofobia le garantizará apoyo de los gobiernos vecinos y de sus comunidades de expatriados dentro de Costa de Marfil", agregó.
Según Bamba, "los preparativos para las elecciones de noviembre comienzan temprano, y el presidente Gbagbo se está asegurando de tener todas las cartas correctas bajo su manga".
