«Pareciera que la variable de los derechos humanos no es central dentro del diseño legislativo del Estado de Chile», criticó Nicolás Espejo, director del instituto especializado en la materia de la privada Universidad Diego Portales.
El sexto documento de este tipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se lanzó el martes, dos días después de que en la sureña región de la Araucanía encapuchados quemaron la hacienda del empresario Eduardo Luchsinger.
La radicalizada organización mapuche Coordinadora Arauco Malleco se adjudicó el atentado a través de una carta enviada a una radio local. El gobierno de la socialista Michelle Bachelet presentó una querella contra los presuntos responsables, la cual invoca la severa Ley de Seguridad Interior del Estado.
Pero Espejo recordó en entrevista con IPS que la aplicación tanto de esta normativa como de la ley antiterrorista en casos vinculados a reivindicaciones indígenas ha sido cuestionada por diversos organismos internacionales.
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Este experto chileno es también master en derecho internacional de los derechos humanos de la británica Universidad de Oxford y doctor en filosofía del derecho de la Universidad de Warwick, del mismo país.
IPS: —El informe 2008 es crítico con las políticas públicas, legislaciones e institucionalidades desarrolladas, y no desarrolladas, en materia de derechos humanos por parte de los gobiernos de la centroizquierdista Concertación por la Democracia que se sucedieron desde 1990. ¿Qué es lo más grave a su juicio?
Nicolás Espejo: —Lo primero que quisiera decir es que el informe no es contra el gobierno, es contra las violaciones a los derechos humanos del Estado de Chile.
Ahora, es difícil categorizar los problemas, pero hay cuestiones que son preocupantes, como las condiciones carcelarias. El informe da cuenta de prácticas de tortura y hacinamiento incluso en centros penitenciarios nuevos. Y se describen en detalle lo que a nuestro juicio son las humillantes condiciones en las se encuentran los adolescentes privados de libertad. Esto es muy grave.
La ley penal adolescente que se viene implementando desde hace un año se fundamentaba en la idea de mejorar la protección de los derechos de los jóvenes.
Pero las mejoras se han concentrado probablemente más a nivel del proceso penal, ya que cuando los adolescentes son remitidos a un centro de privación de libertad empiezan los problemas de falta de segregación, de acceso a planes de educación, de utilización de celdas de castigo y acceso inadecuado a medicamentos.
Otro tema que nos parece muy complicado es el de las etnias originarias, particularmente del pueblo mapuche. Creemos que existe una cierta incoherencia (entre las políticas que está aplicando el Estado de Chile).
Por un lado, vemos políticas que parecen ser adecuadas, en el sentido de que apuntan a solucionar el problema de fondo, como la política Re-conocer (del gobierno de Bachelet), que busca otorgarles a estos grupos mecanismos de participación política, eventualmente cuotas en el parlamento, además de inclusión cultural. Esto es un trabajo de largo plazo, que requiere restablecer confianzas.
Ahora, cuando estas políticas van asociadas a una política de seguridad interior del Estado, que tiende a criminalizar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, resultan improcedentes o poco efectivas.
Por un lado, hay un comisionado especial para los pueblos indígenas, que hace un trabajo acucioso para poder desarrollar una política, y por el otro uno se encuentra con funcionarios, con policías, con la fiscalía, con agentes de investigaciones, que criminalizan actos de protesta, aplican la ley de seguridad interior del Estado y reducen cualquier toma de terreno a un acto terrorista.
El Estado está siendo incapaz de integrar estas dos miradas.
—Desde el histórico paro estudiantil de 2006 se plantea que el gobierno de Bachelet criminaliza las distintas protestas sociales, al reprimirlas y restarles legitimidad. El informe 2008 por primera vez se refiere a este tema…
—En Chile, la protesta social está siendo progresivamente reducida por parte de la autoridad a actos de violencia de carácter irracional. Esto no es expresado literalmente, pero se puede leer de declaraciones de funcionarios de gobierno y de las prácticas policiales.
El informe consigna que la protesta social es una manifestación del derecho a la libertad de expresión y que para muchos grupos es probablemente "la" forma que tienen de representar sus ideas, toda vez que el sistema político chileno tiene pocos mecanismos de participación.
Por eso creemos que es preocupante la tendencia hacia la criminalización de la protesta social. Diversos funcionarios de gobierno han declarado que garantizar la seguridad de una protesta es responsabilidad de quienes la convocan, lo que es erróneo, puesto que es tarea de las fuerzas de orden y seguridad.
Es importante que el Estado no entre en el juego de la criminalización de la protesta sino que la regule debidamente.
Esto significa que la restricción de la protesta se haga sólo en casos excepciones, en un virtud de una ley de la que carecemos, y no por vías administrativas, y que cualquier exceso, tanto en contra de efectivos policiales como en contra de los protestantes, sea conocido por tribunales civiles ordinarios y no por la justicia militar (como sucede actualmente).
—El informe también se refiere por primera vez a las dificultades que tienen los trabajadores chilenos para iniciar una huelga…
—El derecho a la huelga se encuentra muy restringido normativamente en Chile. Sólo se permite en el marco de la negociación colectiva y hay demasiados requisitos para poder ejercerlo. Hay un listado de servicios públicos donde ni siquiera está permitida.
Probablemente se trata del derecho más importante de los trabajadores y Chile tiene uno de los sistemas más restrictivos para ejercer ese derecho de huelga de todo el mundo.
—¿Qué pasa con la institucionalidad de derechos humanos?
—Chile consta de algunas instituciones administrativas que tienen por objeto proteger el derecho de las personas. Estas entidades hacen un trabajo importante, pero insuficiente porque dependen políticamente de un superior jerárquico, porque carecen de recursos, de personal y porque tienen poca capacidad para sancionar.
Hay un proyecto de ley que se ha discutido largamente, que está entrampado en el Congreso (legislativo), el cual crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Nuestra preocupación es que efectivamente sea una institución autónoma, independiente, con capacidad de defender los derechos de las personas y de sancionar. Pero ninguna de estas atribuciones se le otorga al Instituto en el proyecto.
Lo que le hace falta a Chile es un defensor de los derechos del pueblo, aunque es poco probable que se cree. Ese proyecto de ley lleva 18 años de tramitación y el gobierno ha señalado que después del instituto viene el defensor, pero el propio instituto está trabado.
—En suma, ¿cuáles son los principales desafíos de Chile en materia de derechos humanos hoy?
—Primero, contar con instituciones nacionales de derechos humanos que defiendan los derechos de las personas. Chile debe avanzar hacia la creación de un defensor.
Segundo, es necesario que el Estado reconozca que en algunas políticas y legislaciones hay graves problemas con los derechos de las personas y que en ellas debe realizar modificaciones estructurales.
A nosotros nos parece que la variable de derechos humanos no es una variable central dentro del diseño legislativo del Estado de Chile.
Lo central es mejorar los índices de gestión, el acceso. Muchas veces, cuando se implementan las políticas surgen problemas, aparentemente de coordinación, pero da la impresión de que éstos se deben a que no hay una variable central de protección de los derechos de las personas en el país.
