Jornada violenta en Bolivia. El choque entre mineros y policías dejó dos muertos en el departamento de Oruro, mientras que protestas opositoras obligaron a cancelar la reunión en Tarija entre el presidente Evo Morales, y sus pares Cristina Fernández, de Argentina, y Hugo Chávez, de Venezuela.
Los tres gobernantes tenían en agenda firmar acuerdos de integración energética e inaugurar las obras de una planta separadora de derivados de petróleo en la sureña ciudad de Tarija, ubicada a 1.034 kilómetros de La Paz e inmersa en una región con fuerte presencia de movimientos derechistas que impulsan la autonomía departamental y rechazan la continuidad de Morales.
La cumbre, en el marco de la cual también se entregarían a familias pobres viviendas financiadas con apoyo venezolano, coincidía con el tramo final de las campañas con miras al referendo del próximo domingo, revocatorio de los mandatos de Morales, de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de ocho de los nueve prefectos (gobernadores) departamentales.
Las últimas encuestas realizadas a pedido de medios de comunicación le dan a Morales el apoyo de 54 por ciento de los consultados, casi igual al porcentaje de los votos recogidos el 18 de diciembre de 2005 que le permitió llegar al gobierno de Bolivia.
Una multitud de tarijeños, dirigidos por funcionarios del gobierno local, marcharon por la capital del departamento del mismo nombre, donde se produjeron incidentes y fue atacado el hotel donde se estaban hospedados cuatro enviados de Venezolana de Televisión, bajo el pretexto de que allí se encontraban militares armados del grupo de seguridad de Chávez.
Radioemisoras y canales de televisión mostraron imágenes de los periodistas venezolanos afectados quienes denunciaron la golpiza sufrida y el despojo de equipos, pasaportes y objetos de uso personal.
La furia de las huestes opositoras al gobierno izquierdista de Morales siguió con la toma física del aeropuerto Oriel Lea Plaza, para impedir la llegada de los presidentes, y durante las acciones enfrentaron a la policía y militares que emplearon gases lacrimógenos para dispersar al centenar de manifestantes.
"Unas 130 familias se resisten a perder privilegios", dijo Morales desde la población fronteriza de Villamontes, unos 150 kilómetros al este de Tarija, donde participó de un acto de respaldo al gobierno, que ya superó los primeros dos años y medio y aún le resta un periodo igual para completar el periodo constitucional iniciado el 22 de enero de 2006.
Al mediodía de este martes, el Comité Cívico Pro Intereses de Tarija, una organización civil y vinculada a empresarios y hacendados, dispuso un paro cívico departamental en respuesta a la acción policial que dejó un saldo de heridos leves por el uso de gases lacrimógenos.
Las manifestaciones de protesta fueron precedidas en la noche del lunes con la toma de oficinas públicas de recaudación de impuestos, migraciones y de las instalaciones de la recientemente nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
Desde la víspera, dirigentes de los comités cívicos de los departamentos pro-autonomía de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, declararon una huelga de hambre exigiendo la reposición de dineros correspondientes a un impuesto generado por la comercialización de hidrocarburos y que el gobierno retiene para el pago de una renta vitalicia a personas mayores de 60 años.
Pero la jornada violenta en Bolivia se extendió a 250 kilómetros al sudoeste de La Paz, en la región de Cayhuasi, en el occidental departamento de Oruro, donde un choque entre mineros de la empresa estatal Huanuni y la policía dejó como saldo la muerte de dos manifestantes causada por el impacto de balas, además de 30 heridos, según las primeras versiones difundidas por medios radiales.
Un portavoz del gobierno nacional informó que la operación policial fue coordinada por el presidente Morales, el alto mando policial y el ministro de Gobierno (seguridad interna), Alfredo Rada, y ratificó que los uniformados no portaban armas letales.
Los mineros de Huanuni realizan desde el lunes un bloqueo de la ruta que une a las ciudades de Oruro y Cochabamba, en la región de Cayhuasi, y apoyan la huelga por tiempo indefinido lanzada por la Central Obrera Boliviana (COB) para presionar al gobierno a favor de la reforma en el sistema de jubilación.
La COB propone la extensión del beneficio sólo para asalariados y la confiscación de ahorros privados.
El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) defiende su modelo de reforma que amplía los beneficios a trabajadores independientes y respeta los fondos privados que ascienden a 3.000 millones de dólares y corresponden a cuentas individuales de trabajadores que aportan a administradoras privadas de pensiones.
La presión de la organización sindical se extendió a la central ciudad de Cochabamba, a 418 kilómetros de La Paz, donde los educadores del estado bloquearon calles y carreteras y provocaron la protesta de padres de familia y alumnos que convirtieron un desfile por las fiestas patrias en una manifestación de condena a la huelga de los maestros.
La policía dispersó a padres de familia y alumnos que intentaron el desbloqueo de calles en enfrentamientos con los maestros. Las escenas se repitieron en poblaciones rurales donde se amenaza a los maestros con el despido de sus fuentes de empleo por su prolongada huelga.
El presidente Morales enfrenta una fuerte oposición en los cuatro departamentos que demandan las autonomías.
Esa situación se extendió a Sucre, donde la gobernadora departamental, Sabina Cuellar, respaldada por el Comité Cívico, excluyó al presidente Morales de los actos oficiales para conmemorar el 183 aniversario patrio que debían realizarse este miércoles.
Morales suspendió su visita a Sucre por el clima de inseguridad reinante, promovido por las autoridades locales que comulgan con las demandas de los cuatro departamentos autonomistas y exigen del mandatario un pedido de perdón por la muerte de tres personas en noviembre, cuando la Asamblea Constituyentes sesionó en una instalación militar en medio de una batalla callejera entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.
Es probable que, por primera vez en el periodo democrático, el presidente suspenda su informe anual ante el Congreso Nacional legislativo, como mandata la Constitución, y que debe ofrecer en Sucre, la capital política de Bolivia y del departamento de Chuquisaca, donde hace 183 se fundó la República de Bolívar, luego denominada Bolivia.
