India ha sido un imán para las inversiones extranjeras en su sector minero en expansión, pero preocupa el hecho de que las oportunidades más atractivas se encuentren en zonas tribales y forestales.
El país es rico en minerales. Cuenta con aproximadamente 24 variedades, que incluyen hierro, bauxita, cobre, cromo, oro, plomo, manganeso, zinc y carbón, que se encuentran en aproximadamente 50 por ciento de su territorio de 3,2 millones de kilómetros cuadrados.
Pero la mayor concentración está en las áreas meridionales, centrales y septentrionales, ecológicamente ricas y habitadas por tribus, que han sufrido de falta de atención, alertan activistas ambientales.
Según el censo de 2001, la población tribal de India supera los 90 millones de personas, con una fuerte concentración en los estados orientales y centrales. La actividad minera provocó el desplazamiento de 2,6 millones de personas entre 1950 y 1991, más de la mitad de ellas pertenecientes a esas tribus.
El no gubernamental Centro para la Ciencia y el Ambiente (CSE, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva Delhi, lanzó una campaña para hacer frente a la alarmante degradación ambiental, que se suma a la pérdida en gran escala de hogares y medios de vida a causa de la rápida expansión de la industria minera, amparada por las políticas que la regulan.
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Un informe del CSE, titulado "Tierras ricas, pueblos pobres. ¿Es posible la minería sustentable?", desafía el argumento del gobierno y los empresarios acerca de que la industria del sector es beneficiosa para el crecimiento y el empleo. Estudios detallados en varios estados ofrecen evidencia sobre el impacto de la minería.
La investigación, difundida este mes, cuestiona las recomendaciones de la política nacional minera adoptada en 2008, que espera atraer masivas inversiones extranjeras y la introducción de la más avanzada tecnología en el sector.
La estrategia oficial admite que la mayoría de los yacimientos se encuentra en áreas forestales e indica que se puede establecer un "marco sustentable", junto con medidas que atiendan la situación de las tribus desplazadas por la actividad, pero no explica cómo se alcanzarán esas metas.
"Basada en supuestos irrealistas, esta política no tiene en cuenta los problemas sociales y ambientales generados por la minería. Apunta a promover la actividad en gran escala, exacerbando asó el conflicto", dijo la directora del CSE, Sunita Narain.
La política minera india fue cautelosa hasta 1997, pero comenzaron a surgir problemas cuando en 2000 se introdujo un régimen de liberalización que permitió un control parcial de la industria sobre las inversiones.
La tendencia se profundizó en 2006, cuando el gobierno autorizó a compañías extranjeras tener el control total de proyectos de explotación, permitiéndoles invertir la totalidad del capital necesario.
Empresas mineras occidentales aprovecharon la oportunidad para tener acceso a grandes reservas y un mercado asegurado para ellas. India figura entre los cinco mayores mercados del mundo para el carbón, acero y aluminio.
Entre las compañías extranjeras que adquirieron importantes derechos de exploración en diversos estados figuran De Beers y Broken Hill, que tienen un antecedente de controvertidas políticas ambientales y de derechos humanos en países como Papúa Nueva Guinea y Sudáfrica.
Otra gran empresa minera muy cuestionada, Rio Tinto, obtuvo derechos de exploración de oro y diamantes.
A causa de la demanda china de hierro y acero, alimentada por su furioso crecimiento económico y las necesidades planteadas por la organización de los Juegos Olímpicos de Beijing, la producción india de mineral de hierro pasó de 59 millones de toneladas en 1993-1994 a 154 millones en 2005-2006.
En el mismo período, la producción de bauxita creció de cinco a 12 millones de toneladas y la de carbón de 267 a 437 millones de toneladas. Asimismo, la de cromo se incrementó de un millón a tres millones, mientras que la de gas natural prácticamente se duplicó, pasando de 16.340 millones de metros cúbicos en 1995-1996 a 31.223 millones en 2005-2006.
Pero esta explosión de actividad apenas ha contribuido 2,5 por ciento al producto bruto interno del país en los últimos 10 años y dejó al gobierno ingresos mucho menores a los que debería haber tenido.
En el estado meridional de Karnakata, por ejemplo, las regalías se han mantenido estáticas en torno al 0,8 por ciento del total de los ingresos fiscales, aunque el valor de la producción minera se multiplicó de manera notable. Una de las causas es la explotación ilegal, permitida por la corrupción y disposiciones legales que no se aplican.
"Tenemos graves problemas para no conceder permisos a la industria. Nuestras manos están atadas, no podemos aplicar estándares que consideramos necesarios", se lamentó el presidente del Directorio de Control de la Contaminación de Karnakata, H.C Sharathchandra.
La ley india de prevención y control de la contaminación sólo permite supervisar las fuentes finales de la polución, ignorando la mayoría de los problemas generados por la minería.
Uno de los principales propietarios de medios de prensa de Karnakata, K.N Shanth Kumar, expresó su preocupación por la rapidez observada en el crecimiento de la influencia de los intereses mineros en la dirigencia política del país.
"Esto implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes no pueden cumplir su tarea de forma efectiva", advirtió.
Narain señaló que el CSE busca "crear un diálogo" entre los diversos actores con intereses en la industria minera india. "No buscamos polarizar la discusión, sino integrarlos a ella", aseguró.
