Tras sufrir un fuerte revés parlamentario, el gobierno argentino se debate entre admitir la derrota y negociar con las asociaciones agropecuarias o persistir en su política impositiva rechazada por ese sector, una vía que los expertos ven como la más perniciosa para la estabilidad institucional.
En una votación dramática, el proyecto del oficialismo, que tenía entre sus principales puntos aumentar el impuesto a las exportaciones de oleaginosas, fue rechazado en la madrugada de este jueves en el Senado por apenas un voto. La iniciativa, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados, contenía los términos de un decreto en vigor de alza y movilidad de ese tributo.
La decisión contraria al gobierno quedó en manos, precisamente, del vicepresidente de Argentina, Julio Cobos, que como titular de la cámara alta sólo puede votar en caso de empate, situación que se dio en esta ocasión al dividirse los pronunciamientos a favor y en contra del proyecto en 36 senadores por cada lado.
Cobos es un dirigente del sector disidente de la opositora Unión Cívica Radical que se alió al centroizquierdista Frente para la Victoria (FPV), el sector mayoritario del Partido Justicialista (peronista), y como tal conformó la fórmula triunfadora el año pasado con la hoy presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
El oficialismo había logrado ganar la votación en la cámara baja hace menos de dos semanas y confiaba en obtener un nuevo triunfo en el Senado, donde su banca afín sumaba 47 legisladores sobre 72, casi dos tercios del total. Sin embargo, el peso de la actividad agropecuaria en las provincias hizo a un lado la lealtad partidaria y varios de ellos atendieron los reclamos del sector.
"El gobierno habla de hacer una redistribución social (de la renta extraordinaria del campo), pero ignora que acá hay un conflicto por la distribución geográfica de la renta", explicó a IPS el politólogo Marcelo Escolar, experto en federalismo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.
El fracaso legislativo no significa que la medida quede sin efecto. Antes de enviar el proyecto al parlamento, la presidenta Fernández había emitido en marzo una resolución que fue la que desató el rechazo de los gremios rurales. El diputado Oscar Massei, del gubernamental FPV, señaló este jueves que esa medida, que lleva el número 125, "está vigente".
"Cuando se envió el proyecto al parlamento fue para ratificarla, pero nunca dejó de estar vigente en ningún momento", aclaró Massei a la agencia estatal de noticias Telam. Si no se anula esa resolución, el aumento de impuestos sigue en vigor, y sin las compensaciones para pequeños productores que ofrecía el proyecto de ley.
Al momento de desempatar con un voto en contra del proyecto de su compañera de fórmula presidencial, y contra toda lógica política, Cobos señaló ante un auditorio tenso y expectante: "dicen que tengo que acompañar (el texto oficialista), pero mi corazón dice otra cosa"
"La presidenta me va a entender, no creo que sirva una ley que no soluciona el conflicto. Que me juzgue la historia. Perdón si me equivoco, pero mi voto no es positivo, es en contra", disparó finalmente Cobos, tras tomarse un buen tiempo para pronunciarse ante el cuerpo.
El jefe del bloque de legisladores del oficialismo, Miguel Pichetto, le había advertido que no podía votar en contra y que si lo hacía dejaría al gobierno "herido de muerte". Pero Cobos, quien ya había mostrado autonomía al pedir públicamente al gobierno que diera intervención al Congreso legislativo en este conflicto, rechazó la iniciativa.
La intervención de Cobos, que anticipó que no va a renunciar, provocó el rechazo del oficialismo, la euforia de los dirigentes del campo que esperaban la votación, y cierto alivio en amplios sectores de la sociedad que esperan una solución para esta crisis que mantiene frenada la economía y amenaza la estabilidad.
De todos modos, los empresarios y productores del sector agrícola-ganadero esperan que la presidenta anule la resolución que aumentó los impuestos a las ventas externas de soja y girasol. En caso contrario, tienen previsto apelar a la vía judicial en busca de que se declare su inconstitucionalidad.
"No voy a renunciar", remarcó el vicepresidente. "Este tema dividió inclusive al oficialismo. Yo no soy justicialista, y puedo tener una posición diferente", argumentó. Cobos fue expulsado de la Unión Cívica Radical por aceptar integrar la fórmula presidencial con Fernández.
"Es sorprendente que un vicepresidente tenga que hacer un desempate y vote negativo, pero refleja cordura", declaró a IPS la politóloga Liliana de Riz, de la estatal Universidad de Buenos Aires. "La sociedad reclamaba consenso y este gobierno se acostumbró a imponer", sostuvo la experta.
Para De Riz, quien fue asesora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el gobierno "no ve la realidad". No entiende que el campo, aún con una distribución desigual, es una categoría que se expande a un sector muy vasto de pueblos y oficios diversos que viven de esa prosperidad, sintetizó.
"Si la presidenta puede asimilar esta derrota y proceder con flexibilidad, debería suspender la resolución (que aumentó los impuestos) para buscar un consenso", recomendó la especialista. Si, en cambio, "persiste en la terquedad, el propio Partido Justicialista se va a encargar de relevarla", vaticinó.
También la directora de la organización no gubernamental Poder Ciudadano, Laura Alonso, celebró el resultado. Dijo a IPS que la votación, incluido el voto del vicepresidente, "no debe derivar en una crisis política, porque, al contrario, es una oportunidad para el fortalecimiento de las instituciones democráticas".
Para Alonso, la intervención del Senado muestra que "ante determinados temas pueden primar las lógicas regionales por encima de la cuestión puramente partidaria" y consideró que eso consolida la estabilidad del sistema. "El Congreso reaccionó muy bien en esta crisis", ponderó.
Frente a este nuevo escenario, Escolar consideró que el gobierno tiene dos caminos. O abre una negociación con sus propias pautas, o "hace como si no hubiera pasado nada", que es lo que hizo en estas primeras horas posteriores a la votación. "Esto último sería muy peligroso, porque vuelve a paralizar al país", opinó.
Desde que comenzó la protesta de los empresarios agropecuarios, éstos bloquearon carretera, se registró desabastecimiento de alimentos, alzas de precios y los camiones realizaron paros de actividades, entre otras distorsiones a la economía. El ritmo de crecimiento del producto, según expertos, se desaceleró y hay decenas de miles de trabajadores suspendidos en diversos rubros.
No obstante, asesores cercanos al oficialismo e incluso legisladores del Frente para la Victoria que son leales al gobierno consideran que la presidenta y su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner (2003-2007), difícilmente elijan el camino del consenso. "Creen que negociar es mostrar debilidad", estimó uno de ellos fuera de grabador.
"Si en lugar de bajar el tono de la confrontación e intentar una salida negociada el gobierno sigue negando el problema y acusa a Cobos de traición, entonces estamos en serios problemas", advirtió uno de los allegados al gobierno.
