El respaldo del presidente izquierdista de Nicaragua, Daniel Ortega, a la guerrilla de las FARC, con la consiguiente condena de su par de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, han abierto un intenso debate en la ya compleja situación política interna de este país centroamericano.
Ortega ha criticado con dureza a Uribe, ha defendido el derecho de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a "luchar por cambiar las cosas", ha llamado hermanos a los rebeldes, lamentado sus muertes y asilado a tres presuntas guerrilleras heridas, al tiempo que se ofreció como mediador de paz en el conflicto del país sudamericano.
El gobierno de Uribe, que niega la existencia de una guerra interna y considera terroristas a las FARC, llevó ya dos veces ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su denuncia de que Managua apoya al terrorismo.
El clímax de estas relaciones tormentosas se alcanzó cuando el embajador colombiano ante la OEA, Camilo Ospina, denunció por segunda vez al gobierno de Nicaragua, el 24 de julio.
En respuesta, su par Denis Moncada acusó a Colombia de ser un narco-estado que practica el terrorismo contra sus vecinos y denunció que Bogotá amenaza a los pescadores nicaragüenses en el mar Caribe, en una zona sujeta a un conflicto limítrofe que se dirime en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda.
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La mención del conflicto fronterizo "fue un arma política de Ortega para desviar el tema de las FARC y el terrorismo al campo del nacionalismo y atraer a la opinión pública a un terreno de mayor ventaja para él", dijo el director del Instituto de Estudios y Estratégicas de Políticas Públicas, Javier Meléndez.
Después del choque en la OEA, Ortega y algunos funcionarios han llamado "traidores a la patria" y "serviles del imperio" a quienes muestran una posición contraria al vínculo con las FARC.
El único fundador vivo del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el ex ministro Tomás Borge, ahora embajador ante Perú, apoyó el traslado a Managua de una estudiante mexicana y de dos colombianas heridas en el ataque de fuerzas de Colombia a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo.
El ex comandante guerrillero Edén Pastora, en los años 80 enconado adversario de los sandinistas, respaldó la posición de Ortega y dijo que el término "hermano" con que el presidente se dirige a los rebeldes colombianos es un "término cristiano y solidario, a favor de la paz".
Incluso el sacerdote católico Miguel D'Escoto, ex canciller, asesor de Ortega y actual presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se involucró en las tensiones bilaterales.
"Colombia tiene estacionados barcos de guerra frente a las costas de Nicaragua porque insisten en que eso es un límite marítimo y desacatan la orden o la disposición de la Corte Internacional de Justicia", dijo en Managua a la prensa oficial.
"Colombia está violentando el derecho internacional y amenaza con usar esos barcos de guerra, por eso los tiene apostados ahí y nos amenaza con usar la fuerza", agregó.
Pronunciamientos similares hicieron el canciller Samuel Santos, el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, el procurador general Hernán Estrada y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, entre otros.
Los medios de comunicación abrieron espacios de debate. Los frecuentes roces entre la prensa y el gobierno subieron de tono cuando se divulgó la supuesta presencia de miembros del Secretariado de las FARC en Nicaragua, en ocasión de la celebración del XXIX aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio.
Ortega ordenó al procurador Estrada preparar una acusación de traición a la patria contra el conservador diario La Prensa, que publicó versiones no confirmadas de la presencia de representantes de las FARC en este país. El delito está penado seis años de cárcel y suspensión de los derechos políticos y económicos mientras dure la pena.
La causa, según Ortega, se justifica porque el periódico ofreció información falsa a Colombia para que denunciara a Nicaragua ante la OEA y "contaminar" así el juicio en La Haya a favor de Bogotá.
La amenaza activó la protesta de la oposición y de medios periodísticos nacionales e internacionales.
La presidenta de la Comisión de Asuntos del Exterior de la Asamblea Nacional legislativa, la opositora Yamileth Bonilla, dijo a IPS que se crearía una comisión especial para investigar los vínculos de Ortega con la guerrilla colombiana.
"Si vemos que legalmente es imposible apelar al presidente por su fuero de inmunidad, nosotros emitiremos un pronunciamiento oficial como Estado de Nicaragua, condenando el apoyo a cualquier organización terrorista", dijo Bonilla.
Para el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Bayardo Izabá, la política exterior de la administración sandinista es "errática".
"Este país necesita políticas que nos abran las puertas y el apoyo de otros países, no que nos cierren las oportunidades. El gobierno, al apoyar a una fuerza terrorista y ofrecer el acero de la guerra a su pueblo, no hace más que acercar al país a otra guerra como la que ya pasamos", dijo Izabá a IPS.
También terció el embajador de Estados Unidos, Paul Trivelli, quien dijo en conferencia de prensa que los roces diplomáticos entre Bogotá y Managua por las FARC no tienen, todavía, ningún efecto en las relaciones con Washington.
Pero, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, "ningún país quiere ser visto como refugio de terroristas", añadió.
Las FARC están en los listados de organizaciones terroristas de Estados Unidos y de la Unión Europea. América Latina no ha aceptado hacer lo mismo, pese a los insistentes pedidos de Colombia.
El diputado José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista, consideró que Ortega "está cometiendo los mismos errores de los años 80", cuando Nicaragua fue escenario de la Guerra Fría.
Tras la derrota de la dictadura de la familia Somoza, en 1979, este país vivió una guerra civil hasta 1990 que dejó más de 50.000 muertos, 75.000 heridos y más de un millón de personas desplazadas y refugiadas.
Milicias derechistas, financiadas y organizadas por Estados Unidos se enfrentaron al gobierno izquierdista del sandinismo.
Enrique Sáenz, presidente del Movimiento Renovador Sandinista, disidente del gobernante FSLN, sostuvo que al citar el conflicto marítimo, Ortega busca llevar a la opinión pública a "una trampa del patriotismo y la división ideológica".
"Hay un asunto que se discute en La Haya y en eso tenemos que estar todos a favor, pero el gobierno pretende mezclar este diferendo objetivo con un diferendo artificial para hacernos caer en el patrioterismo", afirmó Sáenz.
