Transitar por México es para la mayoría de inmigrantes de América Central y del Sur vivir un infierno de robos, extorsión, amenazas y vejaciones de parte de particulares y autoridades.
"Aquí dejan de ser personas y pasan a ser una mercancía, una mina de ganancias", denunció un sacerdote que apoya a esos viajeros.
"Las mafias y las autoridades vienen por ellos y abusan porque los ven como menos, por eso los llaman cachuco, palabra que traducimos como centroamericano sucio", dijo a IPS el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien maneja un albergue en ciudad Ixtepec, en el estado sureño de Oaxaca, uno de los lugares de paso más utilizado por los inmigrantes.
La estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), grupos humanitarios y los cónsules de los países centroamericanos vienen denunciando desde hace más de una década los abusos que sufren los inmigrantes en México. Las autoridades reconocen el problema y responden que trabajan para solucionarlo, pero poco o nada cambia.
En Ixtepec, donde hay un centro de trasbordo de trenes de carga que corren desde la frontera con Guatemala hacia el norte de México, Solalinde afirma que hasta marzo eran comunes los secuestros, robos y vejaciones contra los inmigrantes que transitan con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
Pero desde abril, luego de que el gobernante Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió sus operativos de vigilancia en Ixtepec, bajaron los delitos y las denuncias. "Saque usted conclusiones de este fenómeno, por algo será", señaló vía telefónica este sacerdote de 63 años que coordinada en la zona la llamada pastoral de Movilidad Humana. El INM decidió frenar las acciones de supervisión en Ixtepec y alrededores luego que el 31 de marzo unos 90 centroamericanos fueron golpeados y vejados por personal de la Marina durante una revisión en esa zona, hecho que aún está bajo investigación.
Antes de llegar a Ixtepec, los inmigrantes que se trasladan por tren sufrían usualmente dos asaltos previos a manos de delincuentes y pandilleros y una revisión con extorsión y robos de policías, personal del INM o militares, describió Solalinde. "Pero ahora, hasta las mafias entraron en vacaciones", declaró.
"Acabo de tener una reunión con delegados del INM y advirtieron que pronto regresarán los operativos, por lo cual me pidieron que no diga nada, yo les respondí que la vigilancia está bien, pero que no me voy a callar los abusos, que eso es inaceptable", añadió.
Cuando el tren se detiene en Ixtepec, Solalinde y sus colaboradores se acercan a pedir a los inmigrantes que no se separen y que vayan con él al albergue donde les brinda comida, medicinas y alojamiento por un día. El objetivo es evitar que los viajeros se dispersen y sean sujetos de asaltos, violaciones o detenciones.
La CNDH calcula que redes de tráfico de personas se disputan cada año un mercado de 500.000 inmigrantes latinoamericanos para traerlos a México y de aquí conducirlos a Estados Unidos. Se trata de un negocio millonario, pues cada inmigrante paga entre 4.000 dólares y 15.000 por el viaje, precisó.
Según el organismo, tales cantidades sitúan al tráfico de personas en un nivel "sólo comparable al del tráfico de armas, al de la trata de personas y al del narcotráfico".
En 2007 fueron detenidos en México 120.000 centroamericanos y sudamericanos que pretendían llegar a Estados Unidos. Un año antes, la cifra fue de alrededor de 180.000 y en 2005 de 240.000.
La caída en el número de detenciones indica una disminución del flujo, que según observadores se debe a las mayores dificultades que representa ingresar a Estados Unidos y a la contracción económica que enfrenta ese país, lo que pega a la oferta de empleos para los inmigrantes.
El presidente de México, Felipe Calderón, quien asumió en diciembre de 2006, prometió que hará su máximo esfuerzo por garantizar los derechos de los viajeros centroamericanos, pero las denuncias sobre abusos no se han detenido.
Activistas y políticos opositores acusan a las autoridades mexicanas de aplicar el doble rasero, pues cuando se trata de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reclaman con vehemencia, pero hay poca acción cuando se trata de los centroamericanos en México.
El gobierno, a través de su canciller Patricia Espinosa, se sumó el martes al fuerte rechazo que los cuatro presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de sus seis países asociados expresaron contra el endurecimiento de la política inmigratoria de la Unión Europea, concretado con la aprobación a fines de junio en el parlamento del bloque de la llamada directiva de retorno.
México, que tiene carácter de observador en ese bloque sudamericano reunido en Argentina en su encuentro semestral, siempre ha rechazado cualquier política internacional o nacional que denigre o maltrate a los inmigrantes. Sin embargo, en casa tiene un problema mayúsculo en la materia.
En abril, en el marco de un foro sobre derechos humanos, los cónsules en México José Armando Pineda, de Honduras y Vilma Mendoza, El Salvador, exigieron a las autoridades mexicanas respeto hacia todos los inmigrantes.
"¿Por qué ensañarse con un centroamericano? Como consulados estamos pidiendo, estamos exigiendo a las diferentes autoridades el respeto a los derechos humanos de nuestra gente. Así como las autoridades mexicanas exigen el respeto de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, nosotros también pedimos el respeto a nuestra gente", declaró Pineda.
El diplomático denunció que niños y niñas de 13 a 15 años, así como mujeres y madres de familia de su país han sido violadas sexualmente en su paso por territorio mexicano.
La pastoral de Movilidad Humana, que dirige el sacerdote Solalinde en Ixtepec, indica que entre 2006 y 2007 registró en esa zona 300 secuestros y 500 casos de extorsión contra inmigrantes de América Central y del Sur.
Solalinde sostuvo que dos terceras partes de los inmigrantes que pasan por Ixtepec sufren asaltos y extorsiones. Denunció además que uno de cada 10 personas es violada sexualmente.
A Ixtepec, localidad oaxaqueña de unos 24.000 habitantes, arriban vagones dos veces por semana y en ellos llegan en cada ocasión unos 250 inmigrantes.
Por su trabajo, Solalinde fue golpeado y detenido por policías municipales en enero de 2007. "Tengo muchas facturas debiendo, pues he denunciado a muchos policías, agentes migratorios, soldados y autoridades, pero aquí seguimos trabajando", expresó.
"Nosotros vemos a los inmigrantes como personas con dignidad y derechos, mientras las mafias y muchas autoridades las ven como mercancía, como la oportunidad de obtener dinero de los que llaman cachucos".
Según el mexicano Jorge Bustamante, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, la "impunidad rampante" con que se maltrata a los inmigrantes en México "hace de nuestro país el principal violador de los derechos humanos en el continente americano".
Bustamante reprocha al gobierno de México no reducir de manera significativa el problema y a la "sociedad civil mexicana" no ser capaz "de llamar a cuentas a los funcionarios gubernamentales que son los responsables de hacer cumplir nuestras leyes.
