El gobierno francés, que acaba de estrenarse en la presidencia rotativa semestral de la Unión Europea (UE), trata de ampliar su política de mano dura contra la inmigración y el asilo a todos los miembros del bloque de 27 países.
Antes de asumir la presidencia de la UE el martes, el presidente francés Nicolas Sarkozy promovió un "Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo", a fin de armonizar las políticas en la materia de los miembros del bloque.
El convenio, ya discutido en todas las capitales europeas, será oficialmente presentado a la UE el 7 y 8 de este mes en la meridional ciudad francesa de Cannes.
Sarkozy urge a la UE a adoptar una "inmigración selectiva" y una expulsión masiva de residentes extranjeros indocumentados.
En un discurso frente al parlamento griego a principios de junio, Sarkozy declaró que su gobierno no quiere "una Europa cerrada, pero tampoco impotente ante las olas de inmigrantes sin control".
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Según el presidente francés, el problema es urgente porque Europa "no puede tener al mismo tiempo un área común de libre tránsito de hombres y mujeres y 27 políticas nacionales al respecto".
Sarkozy se propone expulsar de Francia a 25.000 inmigrantes indocumentados por año. Las organizaciones de derechos humanos advierten que el objetivo pone mucha presión sobre la policía y es motivo de excesos.
"Esa política, basada sobre el cumplimiento de estadísticas, es incompatible con un trato humano a inmigrantes y refugiados y crea un clima atroz", dijo a IPS Christophe Deltombe, presidente de la organización humanitaria francesa Emmaus.
"Miles de inmigrantes perfectamente integrados a la sociedad francesa y que trabajan, tienen una familia y llevan una vida correcta, viven aquí con temor de que una orden de control de la policía francesa destruya sus vidas", relató.
"¿Por qué el Estado francés tiene que perseguir a estas personas útiles para nuestra economía, que no suscitan ningún problema legal, y expulsarlas de nuestro país?", preguntó Deltombe.
La política francesa "viola la libertad de personas que no cometieron otro delito más que vivir en Francia y en Europa de forma ilegal", escribió el periodista del periódico francés Le Monde Thomas Ferenczi.
También lleva a la creación de los llamados centros de detención, "lugares donde las condiciones de vida son deplorables", remarcó.
Un tunecino detenido en el "centro de retención administrativa" de inmigrantes en Vincennes murió el 21 de junio, al parecer de un ataque cardiaco. Los allí confinados se amotinaron y al día siguiente le prendieron fuego al recinto.
"Quisimos saber más sobre él. Vomitaba sangre y le sangraba la nariz", relató Koné, un marfileño preso en Vincennes. Tras las protestas, "la policía lanzó gases lacrimógenos y la situación se deterioró". Fue el segundo incendio intencional en ese centro en los últimos dos años.
Vincennes tiene capacidad para albergar a 140 presos, pero el gobierno tiene confinadas al doble, según un informe del Cimade (Conseil dEntraide Oecuménique), Consejo Ecuménico de Ayuda Mutua, organización religiosa de ayuda a refugiados e inmigrantes.
El Cimade había advertido al gobierno en su informe del 5 de junio que la situación en ese centro era "insostenible".
El documento señalaba que el centro de Vincennes se volvió "por su tamaño y su modo de gestión un símbolo de la industrialización de captura y detención" de inmigrantes.
También mencionaba "el clima de tensión y de violencia permanente dónde no se necesita nada para que se prenda fuego".
El informe no lo decía literalmente, pero eso fue exactamente lo que sucedió menos de tres semanas después.
El primer ministro François Fillon declaró enseguida después de la tragedia que "no habrá cambios en la política del gobierno. Las leyes están hechas para respetarse y no se puede permanecer en territorio francés sin autorización".
El ministro del Interior Brice Hortefeux, cercano de Sarkozy, celebró la expulsión de inmigrantes como "logros del gobierno".
Dos días antes de la muerte del tunecino, Hortefeux había anunciado que "la expulsión de inmigrantes había aumentado 80 por ciento en los primeros cinco meses de este año".
Las expulsiones son "un signo de que, conforme a la voluntad de nuestros ciudadanos, Francia controla su inmigración", declaró el ministro en conferencia de prensa el 19 de junio.
Los centros de detención franceses "son mejores que la mayoría", señaló Hortefeux.
Francia tiene 31 centros de detención para inmigrantes indocumentados. Organizaciones de derechos humanos denuncian que en ellos son comunes los suicidios, las automutilaciones y las huelgas de hambre.
"Cuando personas que no cometieron ningún delito son esposadas y llevadas a prisión, cuando se las amenaza con arruinar sus vidas, sus familias y con una expulsión que ellas consideran el fin de todo, no sorprende que veamos actos de desesperación", dijo a IPS el director de Cimade, Damian Nantes.
El gobierno francés quiere ahora que ése sea el modelo europeo.
***** +Emmaus, en francés (http://www.emmaus-france.org/) +Rechazo a directiva por violar derechos básicos (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88841) +Lecciones de ciudadanía (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=88909) + Migraciones, puentes y muros: Cobertura especial de IPS Noticias (https://www.ipsnoticias.net/_focus/migracion/) + Cimade, en francés (http://www.cimade.org/)
