Con la carta de expulsión de España bajo el brazo, Juan Mercado camina por última vez las calles de Madrid, a la espera del momento de embarcarse para retornar a la occidental ciudad boliviana de Oruro con pocos ahorros, pero «con dignidad», como aclara con voz firme.
Aunque su caso aún no está comprendido en la llamada directiva de retorno europea contra los inmigrantes indocumentados que regirá a partir de 2010, este boliviano fue sorprendido por la policía sin el permiso requerido para su estadía en España y renunció a la posibilidad de obtener la permanencia laboral, según expresó a IPS en una comunicación por correo electrónico.
La embajada de La Paz en Madrid estima que unos 350.000 bolivianos viven en España, pero sólo 70.000 cuentan con las autorizaciones que les permiten trabajar y gozar de los beneficios sociales.
Mercado renunció al trámite para anular la carta de expulsión, porque ya no encuentra muchas oportunidades de empleo en una economía en crisis y entonces resolvió volver al hogar para apoyar a su esposa en el cuidado de sus hijos, los cuales expresaron rebeldía ante la ausencia del padre.
"No vale la pena que pierda mis ahorritos esperando que la situación (económica) mejore. Pienso volver al país a vivir, pobre, pero con más dignidad", expresa casi derrotado.
Los datos difundidos por medios de comunicación en España señalan que unos 1.700 inmigrantes bolivianos son detenidos cada mes en ese país, y unos 20.000 por año, pero son repatriados solamente unos 900.
La comunidad boliviana es uno de los grupos más frágiles en Europa, no sólo por la falta de documentos, sino por las dificultades para adaptarse al viejo mundo, explicó a IPS el director de la Revista Raíz, el periodista boliviano Edwin Pérez.
Existe una tendencia de recomponer familias enteras, pueblos y barrios, y ello ha limitado su capacidad de interactuar con otros grupos o acudir a centros culturales y sociales europeos, señala Pérez.
"Si a eso se suma el creciente miedo a las detenciones policiales, encontraremos un mayor encierro en un continente donde debería ser más fácil el desplazamiento dentro de las ciudades y fuera de ellas", comentó.
En 2007, las remesas de dinero enviadas por los trabajadores bolivianos radicados en el extranjero alcanzaron a 869 millones de dólares, 341 millones más que el año anterior, según el informe proporcionado a IPS por el Banco Central.
La cifra representa aproximadamente 12 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Bolivia. La mayor contribución es de los residentes en España, con 35,4 por ciento del total, seguida de las procedentes de Estados Unidos, con 23,6 por ciento, y de Argentina, con 18,6 por ciento.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se pronunció con énfasis en contra de la restrictiva directiva sobre migraciones aprobada por el Parlamento Europeo y denunció la medida como una violación de los derechos humanos. El gobernante respondió con la exigencia de visas para los ciudadanos europeos que deseen ingresar a su país.
Los ciudadanos bolivianos apuestan por Europa con dos posibilidades: la primera es radicarse y luego trasladar al resto de su familia o retornar al país luego de acumular ahorros y emprender un negocio propio, dice Pérez.
Por el momento, un buen comportamiento y el respeto a las normas internas es la mejor recomendación de Teresa Suárez, una ciudadana nacida en el oriental departamento de Santa Cruz, y que vive en Madrid junto a su esposo e hijos.
Suárez atribuye a la crisis económica española la reducción de sus jornadas de trabajo. "Antes me contrataban para realizar tareas de limpieza doméstica tres veces a la semana, ahora sólo son dos. Tengo que reajustar la economía familiar", explicó a IPS.
Esteban Castro nació en la central ciudad de Cochabamba y emigró a España como obrero de la construcción, pero hace poco perdió el empleo y tiene escasas posibilidades de encontrar otro empleo por su situación de indocumentado, comentó a IPS.
"Menos mal que tengo conocimientos de informática y puedo hacer trabajos para los compatriotas y otros latinoamericanos. Antes ganaba unos 1.300 euros mensuales, ahora apenas llego a los 800", dice al lamentar la frustración de su proyecto para llevar a su familia hasta Madrid.
Sandra Torrez es una ingeniera comercial que vivió dos años en Estados Unidos, pero resolvió marcharse a España donde enfrentó, según relató a IPS, un "ambiente de discriminación y desinformación a quienes llegan con el sueño de vivir bien y recibir buena remuneración".
"En una iglesia, la coordinadora del empleo decía que a los nuevos bolivianos no se les debía pagar mucho porque no conocen el valor del dinero, no tienen experiencia y no saben cocinar ", recuerda Torrez.
Ella fue testigo de la actuación de policías vestidos de civil que ingresan en restaurantes y empresas de telefonía donde detienen a compatriotas indocumentados para entregarles las cartas de expulsión.
