En el denso bosque de esta nororiental provincia camboyana de Ratanakiri, un equipo de abogados utiliza un aparato de ubicación satelital para identificar los bosques que según las creencias tradicionales están habitados por espíritus, así como los cementerios pertenecientes a la comunidad jarai.
El marcado contraste entre la última tecnología y las creencias ancestrales ilustra los cambios que atraviesa esta parte de Camboya de difícil acceso, principalmente poblada por indígenas.
También refleja la intensidad de una disputa por una ola de apropiación de tierras en todo el país y su impacto sobre las poblaciones originarias.
Los abogados trabajan para el Centro Comunitario de Educación Legal (CLEC, por sus siglas en inglés), con sede en Phnom-Penh. Sus clientes de la etnia jarai proceden de la aldea de Kong Yu, a unos 42 kilómetros de Ban Lung, la capital de Ratanakiri.
Las libélulas vuelan en el aire caliente mientras Roman Phil, un anciano de Kong Yu, dirige a los abogados hacia un tradicional sitio de enterramientos de los jarai, un denso segmento de bosque donde hay esparcidas urnas de cerámica. Los abogados marcan el punto en su GPS (siglas en inglés de Sistema de Posicionamiento Global).
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La ubicación del cementerio y otras áreas de significado espiritual serán usadas como evidencia en un caso presentado por los aldeanos de Kong Yu en el tribunal provincial contra la Asociación de Agricultores Progresistas que, alegan, los embaucó para que abandonaran esa tierra.
La empresa ya despejó buena parte de la tierra, incluyendo cementerios y "bosques de espíritus", y plantó árboles de caucho, muy populares en Camboya.
"Nunca destruiremos los bosques de espíritus. Son demasiado importantes para nuestros ancestros y para nosotros. Los destruyeron y ni siquiera nos dieron la oportunidad de sacar los restos", dijo Phil.
Ahora, los habitantes de Kong Yu están alarmados por las recientes sugerencias de las autoridades locales en cuanto a que la empresa quiere todavía más tierras suyas. "Si la compañía viene a despejar más tierra, protestaremos. Estamos determinados a proteger la tierra", sostuvo Phil.
Según un memorando de la organización Asistencia Legal de Camboya, la disputa se originó en marzo de 2004, cuando el entonces jefe de la aldea y otros funcionarios locales pidieron a los habitantes de Kong Yu que vendieran una porción de su tierra a un funcionario de alto rango en Phnom Penh.
Los aldeanos rechazaron la oferta, diciendo que su tierra ancestral era esencial para la preservación de su cultura.
Los funcionarios regresaron un mes después, según el memorando de enero de 2007, e informaron a los aldeanos que necesitaban la tierra para los soldados lisiados del primer ministro Hun Sen.
Ellos amenazaron con simplemente tomarla sin mediar compensación, dado que pertenecía al gobierno, señala el documento.
Creyendo que tenían pocas opciones, los aldeanos accedieron a donar 50 hectáreas.
Las autoridades volvieron varias veces más y pidieron a las familias que estamparan sus huellas dactilares sobre los documentos —la mayoría de los habitantes de Kong Yu no hablan ni leen idioma jemer—, que dijeron eran necesarias para facilitar el acuerdo.
En una ocasión trajeron alcohol para celebrar la donación de tierras. Una vez que los aldeanos estaban borrachos, les pidieron que imprimieran sus huellas dactilares en otros documentos y que hicieran lo mismo en nombre de los ausentes de la fiesta, según el documento de Asistencia Legal de Camboya.
La compradora resultó ser Keat Kolney, esposa de un prominente funcionario del Ministerio de Administración de la Tierra, Planificación Urbana y Construcción, y hermana de Keat Chhon, ministro de Finanzas de Camboya.
Kolney sólo visitó la aldea una vez, en agosto de 2007, junto con funcionarios de Phnom Penh y el gobierno comunal local, cuando distribuyó regalos y sobres con dinero en efectivo.
Se volvió a pedir a los aldeanos sus huellas digitales en los documentos en idioma jemer antes de que pudieran recibir los regalos. A quienes lo hicieron se les permitió conservar los obsequios, pero el jefe de la aldea recolectó los sobres inmediatamente después de su distribución.
Al día siguiente, el jefe distribuyó 400 dólares a las aldeas y una suma adicional a viudas y huérfanos. En ese momento, los informes de prensa alegaron que el jefe y los miembros del gobierno local recibieron pagas por facilitar el acuerdo.
Aproximadamente un mes después, la compañía informó a los aldeanos que iba a tomar 500 hectáreas de tierra.
Poco después, y en medio de las protestas de la aldea, aplanadoras pertenecientes a la Asociación de Agricultores Progresistas, que Kolney preside, comenzaron a despejar el área.
"Ya destruyeron buena parte de nuestros cultivos cuando despejaron. Entre ellos, castañas de cajú, mandioca y bananas", dijo Phil.
La tradicional práctica de rotación de cultivos también está ahora bajo presión, porque "la tierra se vuelve más pequeña", explicó.
Los abogados que representan a los habitantes de Kong Yu presentaron una demanda ante el tribunal provincial de Ratanakiri en enero de 2007, diciendo que la venta era ilegal.
"Tenemos los argumentos legales y mucha evidencia de que los habitantes no vendieron voluntariamente su tierra, sino que fueron embaucados", declaró Am Sokha, coordinador del Proyecto de Defensa Legal del Interés Público del CLEC.
Apenas 46 familias residen en Kong Yu, aunque el contrato final en la disputada venta cuenta con 101 huellas dactilares.
Los abogados que representan a los aldeanos sostienen que muchas de esas huellas sobre documentos sólo pueden pertenecer a personas que no viven en Kong Yu, entre ellas funcionarios locales que no tienen derechos legales sobre la tierra.
En respuesta a la acción del tribunal, los ancianos de Kong Yu dijeron que el gobierno local implementa una campaña de intimidación.
Roman Phil dijo haber sido amenazado con arresto y prisión. A los abogados que representan a los aldeanos en varias ocasiones se les impidió acceder a sus clientes.
Un documento presentado ante el tribunal de Ratanakiri por parte del abogado de Kolney en octubre de 2007 expresó que la tierra fue comprada legalmente a través de un intermediario que le dijo que los habitantes de Kong Yu querían vender su tierra desde 2001.
El documento establece que los aldeanos decidieron vender su tierra porque "enfrentan dificultades de sustento (y) están endeudados". También señala que temían que habitantes de una aldea vecina se apropiaran de sus tierras.
Agrega que Kolney no sabía nada sobre los reclamos hechos por funcionarios en cuanto a que los aldeanos necesitaban dejar 50 hectáreas de su tierra para que pasaran a manos de los soldados lisiados de Hun Sen.
En respuesta a dudas sobre la validez de las huellas dactilares en el pretendido documento de venta, el abogado de Kolney dijo al Cambodia Daily que algunos de los aldeanos habían impreso sus huellas dos veces para obtener más dinero.
El caso de Konh Yu es apenas una de muchas disputas por tierras que tienen lugar en toda la provincia, según organizaciones no gubernamentales y grupos indígenas locales.
En Chrung, otra comunidad jarai a 30 minutos de viaje en automóvil desde Kong Yu, los ancianos cuentan cómo fueron prácticamente embaucados para abandonar su tierra.
Aunque algunos de los detalles se confunden en la traducción del idioma jarai al jemer al inglés, fue probablemente en 2001 cuando los especuladores conectados a figuras empresariales en Phnom Penh llegaron a Chrung y dijeron a los habitantes que querían desarrollar su aldea.
A los residentes se les dijo que serían contratados como parte del acuerdo para trabajar la tierra. Se les pidió que estamparan sus huellas digitales en documentos a cambio de un kilogramo de sal por cada huella, aunque a algunos también se les dio dinero.
"Sólo dimos nuestras huellas porque pensábamos que el acuerdo era desarrollar nuestra aldea. Entonces nos dijeron que habíamos firmado un contrato para vender nuestra tierra", relató un anciano. Tras varios años de procedimientos legales, intervino el entonces rey de Camboya, Norodom Sihanouk, y los aldeanos recuperaron su tierra.
La ley camboyana no especifica un marco temporal dentro del cual se deba juzgar el caso de Kong Yu. Algunos dudan que el caso alguna vez llegue a tribunales.
