La decisión del Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras (IAIP), de mantener en secreto por 10 años documentos de interés social de la Secretaría de Finanzas y la institución recaudadora de impuestos, desató una fuerte polémica.
El IAIP determinó que los hondureños no pueden acceder a ninguna información pública cuya reserva se ampare en cualquier "amenaza" a la soberanía, la gobernabilidad y la seguridad del Estado.
En esa condición quedaron comprendidos el presupuesto de la República, las liquidaciones presupuestarias, las transferencias entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los resultados de investigaciones de fraudes, evasión fiscal, contratos de alquiler del Estado y términos y montos de consultorías.
La ley de transparencia y acceso a la información pública, vigente desde hace casi dos años, señala en su artículo 18 que toda institución obligada por esa normativa debe pedir al IAIP su visto bueno para clasificar la reserva por 10 años de la información pública que produzca.
Amparadas en ese mandato, la Secretaría (ministerio) de Finanzas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (oficina recaudadora), pidieron clasificación de reserva a 36 puntos propios de su accionar, incluyendo datos estadísticos de interés social que antes eran conocidos por la ciudadanía, como la producción de cigarrillos, licores y cervezas, por citar algunos.
En respuesta, el no gubernamental Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), solicitó el lunes derogar la resolución de clasificación y advirtió a la ciudadanía que estas acciones sólo vienen a ratificar la cultura de opacidad y secretismo tradicional en este país.
El CNA fue creado por la ley de transparencia y acceso a la información pública para vigilar su cumplimiento y supervisar si el IAIP garantiza el derecho de máxima publicidad de las acciones estatales y el derecho de acceso a la información pública.
Rolando Sierra, de la Unidad de Conocimiento y Análisis del CNA, dijo a IPS que clasificar como reservada por una década información de interés público y social "es un contrasentido en un país que apuesta por la transparencia, la cultura de la información y la rendición de cuentas".
"Con estas resoluciones no sólo se está otorgando un enorme poder discrecional a la Secretaría de Finanzas y a la DEI, sino que también se deja abierta una rendija para seguir creando un ambiente favorable a la corrupción e impide que la sociedad vigile la actividad gubernamental encargada de la recaudación fiscal", dijo Sierra.
Mucha de esta información ya era pública y ahora, con las reservas, "el país se está cerrando a lo público. ¿Qué es entonces a lo que vamos a tener acceso? Nosotros creemos que estas resoluciones, incluso, atentan contra la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual el país es signatario", acotó.
Arturo Echenique, uno de los tres comisionados del IAIP, aseguró que "actuamos en base a ley, a lo que dice la Constitución y otras leyes especiales en cuanto a reserva, nosotros no vamos a violar la ley, pero claro, apostamos por la transparencia".
En términos similares se expresó la presidenta del IAIP, Elizabeth Chiuz. "Nosotros no hicimos la ley…, nosotros lo que buscamos es mantener la estabilidad del Estado de derecho", acotó.
Para Mauricio Díaz, del no gubernamental Foro Social de la Deuda Externa, las reservas del IAIP "sólo nos confirman las sospechas iniciales de que esta gente llegó a ese organismo a proteger la impunidad y no a promover la cultura de la transparencia".
"Respaldamos el esfuerzo del CNA porque es serio y válida su alerta y argumentos presentados en el documento de análisis sobre el impacto de estas resoluciones", recalcó a IPS.
"El horizonte no lo podemos centrar a leyes que restringen la información, deben valorarse otros conceptos y otras ciencias, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer sobre lo público", afirmó.
Cinco años atrás, la sociedad civil inició una campaña para obtener una ley de transparencia. Tras intensos cabildeos ante los poderes públicos y la ciudadanía, la norma entró en vigencia hace casi dos años, pero con restricciones en sus artículos 16 y 17, que establecen las figuras de clasificación restringida y reservada.
Un informe presentado hace un año por el CNA, indicaba que más de 70 por ciento de los siete millones de hondureños no confiaban en la autoridad pública, y otorgaban márgenes de confianza menores a 50 por ciento a las iglesias Católica y Evangélica y de apenas dos por ciento a los partidos políticos, según una encuesta nacional con más de 1.500 entrevistas en 16 de los 18 departamentos del país.
En una escala de cero a 10 de percepción de corrupción, Honduras obtiene un índice de 2,5, como país muy corrupto, según la organización Transparencia Internacional.
A la fecha, según el IAIP, se han reportado 900 peticiones de información pública, de las cuales gran parte han sido otorgadas, pero en la clasificación de reserva se escudan nueve áreas estratégicas, entre ellas, seguridad, electricidad, finanzas, impuestos, banca y seguros.
