La guerra sucia del Estado mexicano contra opositores y guerrilleros entre los años 60 e inicios de los 80 dejó más de 1.000 personas desaparecidas. Los restos de dos fueron encontrados en 2006, pero sólo ahora se excava en búsqueda de más.
Peritos de la Procuraduría General (fiscalía) y una arqueóloga forense argentina levantan desde el lunes matorrales y tierra en un antiguo destacamento militar en el municipio de Atoyac, en el sureño estado de Guerrero, que fue cuna de guerrilleros en la década de 1970.
Denuncias de organizaciones humanitarias indican que más de 300 personas fueron arrestadas por militares y luego desaparecidas en Atoyac, una población de 70.000 habitantes, la mayoría dedicadas a la agricultura. En el campo que se está excavando habrían sido enterradas varias de esas víctimas.
"Tarde y por la presión ejercida desde el extranjero", el Estado responde al fin al clamor de familias que buscan desde hace décadas a sus parientes, dijo a IPS Fabián Sánchez, ex presidente de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Las excavaciones, que se extenderán entre 15 y 45 días, se realizan a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que acudieron en 2001 los deudos del ex líder comunitario de Atoyac, Rosendo Radilla, con el apoyo y asesoramiento de la CMDPDH, ante la ausencia de respuesta de la justicia de este país.
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La CIDH, parte del sistema de justicia de la Organización de los Estados Americanos, emplazó en 2007 a México a llevar a cabo la búsqueda de Radilla, presidente municipal de Atoyac en 1955 y 1956 y simpatizante de las guerrillas de Guerrero en los años 70.
Radilla fue detenido por militares en agosto de 1974, cuando tenía 60 años, y jamás se volvió a saber de él. "Es un caso que tomamos por ser representativo. Hay muchos otros que, por éste, pueden salir a la luz", señaló Sánchez, uno de los primeros en auspiciar la denuncia de los familiares ante la CIDH.
La CMDPDH, que Sánchez dejó en enero para emprender proyectos propios, patrocina además a familiares de otros 60 detenidos desaparecidos en los años 70. Pero sólo el de Radilla llegó a la CIDH.
La ola represiva contra opositores del régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México entre 1929 y 2000, afectó a miles y dejó 532 personas desaparecidas, según la estatal Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Organizaciones no gubernamentales afirman que los desaparecidos fueron más de 1.000.
Aunque el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), primero ajeno al PRI en siete décadas, prometió esclarecer esa oscura etapa y hacer justicia, una fiscalía especial creada para ocuparse de las investigaciones no logró su cometido.
No obstante, en el último año de la gestión de Fox, esa fiscalía logró localizar en los alrededores de Atoyac los restos de Lino Rosas y Esteban Mesinos, dos personas ligadas a las guerrillas de Guerrero en los años 70.
En los alrededores de Atoyac, 84 kilómetros al norte del conocido balneario de Acapulco, surgió en 1968 el Partido de los Pobres, convertido después en grupo armado. Su líder fue el maestro rural Lucio Cabañas, muerto en 1974 en un enfrentamiento con militares.
La fiscalía de Fox logró presentar algunas acusaciones relacionadas a la guerra sucia y solicitó órdenes de detención contra el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), entre otros, pero las causas no prosperaron.
El actual gobierno de Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional como Fox, puso fin a la fiscalía especial y trasladó todos los casos de víctimas de la guerra sucia a la Procuraduría General.
El ex presidente de la CMDPDH, que ahora asesora a la estatal Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, indicó que la mayoría de aquellos casos se han vuelto a iniciar desde cero.
Un informe de la extinta fiscalía sostuvo que el "combate que el Estado emprendió" en el pasado contra grupos políticos, estudiantiles e insurgentes "se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio".
Titulado "Que no vuelva a suceder", el documento aseveró que el "Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo".
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los desaparecidos demandan el esclarecimiento de los hechos, pero no hay en la agenda política de este gobierno y del Poder Legislativo un interés especial y manifiesto.
Sánchez hizo votos porque las excavaciones en el destacamento de Atoyac tengan éxito y, con ello, recobre importancia el hallazgo de los restos y el esclarecimiento de los crímenes, impunes todavía.
La práctica de la desaparición forzada fue una constante en la represión ilegal de las últimas décadas en América Latina. Excavaciones e investigaciones forenses para hallar restos de víctimas se han llevado a cabo en Argentina, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay.
