Activistas de derechos humanos exigieron judicialmente al gobierno de Estados Unidos que entregue documentos sobre detenciones secretas, torturas y traslados a prisiones clandestinas de sospechosos de vínculos con el terrorismo.
La demanda coincidió esta semana con el inicio del juicio de Salim Ahmed Hamdan, señalado como ex chofer del líder de la red extremista Al Qaeda, Osama bin Laden, que se realiza en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, convertida en centro de detención hace siete años.
Por otra parte, el fiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, urgió al Congreso legislativo a aprobar una ley para evitar que reglas contradictorias impuestas por los jueces sean origen de confusión, nuevas demandas judiciales y demoras respecto de los presos en Guantánamo.
Hamdan, de nacionalidad yemenita, es el primer sospechoso de terrorismo juzgado en Guantánamo en siete años. El proceso pone a prueba la imparcialidad del sistema de justicia instaurado allí por ley, compuesto por una corte marcial y un jurado también integrado por militares.
Sus reglas, según constitucionalistas, desequilibran la balanza en favor de la fiscalía.
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Evidencias obtenidas a través de métodos de interrogatorio "crueles e inhumanos" serán admisibles en ciertos casos, al igual que los testimonios "de oídas", es decir que no pueden ser respaldados con pruebas concretas.
Este tipo de evidencias son rutinariamente descartados en los tribunales civiles.
Si se lo encuentra culpable, Hamdan puede ser condenado a cadena perpetua.
"Se supone que éste es un sistema creado para procesar a los cerebros del peor crimen cometido en territorio de Estados Unidos en la historia", dijo Tom Malinowski, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Pero "el único resultado en siete años fue la condena de un cazador de canguros australiano, que ahora está en libertad", ironizó.
Malinowski hacía referencia así al australiano David M. Hicks, quien el año pasado se declaró culpable de los cargos de terrorismo que pesaban contra él. Fue enviado desde Guantánamo a su país de origen, como parte de un acuerdo político, y poco después salió en libertad.
Los abogados de Hamdan han señalado que su cliente fue víctima de abusos y golpizas en Guantánamo y sometido a un programa sistemático de privación del sueño al cual equipararon con la tortura.
El caso de este ciudadano yemenita es uno de alrededor de 20 que serán considerados por jurados compuestos por oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses.
Este juicio, y los que le seguirán, han sido criticados por constitucionalistas. Brian J. Foley, profesor de derecho en la Universidad de Boston, dijo a IPS que las reglas están diseñadas para alcanzar "victorias fáciles".
"Cuando permitimos que los tribunales admitan confesiones obtenidas por medio de la coerción, o testimonios de oídas, cuando hacemos que resulte muy complicado para los acusados llamar a testigos de la defensa o interrogar a los presentados por la fiscalía, no podemos saber si los identificados como terroristas por el tribunal lo son, o si las conspiraciones en las que admiten haber participado no son una mera fantasía", aseguró.
Scott Horton, profesor de derecho en la Universidad de Columbia, con sede en Nueva York, se pregunta si es posible obtener condenas de los acusados sin recurrir a evidencias obtenidas mediante la tortura.
Horton señaló a IPS que los procesos podrían seguir un cronograma destinado a fortalecer las posibilidades del gobernante Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre.
Quienes apoyan a los tribunales militares argumentan que el debido proceso está garantizado, pues los condenados pueden apelar sus sentencias ante un tribunal federal civil.
Sostienen, asimismo, que quienes cometieron actos atroces contra Estados Unidos no merecen disfrutar de las garantías constitucionales observadas en su sistema judicial.
Incluso si Hamdan es encontrado inocente —algo poco probable— es posible que no sea liberado, ya que ha sido caracterizado como "combatiente enemigo" por los militares.
La semana pasada, centenares de legisladores europeos pidieron que se postergue el juicio mientras Hamdan cuestiona la legalidad de las cortes militares.
Los parlamentarios expresaron su preocupación ante la posibilidad de que "no se excluya evidencia que contraviene los estándares internacionales sobre un juicio justo, el debido proceso y la protección de los derechos humanos".
El caso de Hamdan se ha convertido en una suerte de hito en la historia constitucional de Estados Unidos. En 2006, un juicio iniciado por sus abogados llegó a la Corte Suprema, que falló en contra del sistema de tribunales militares: el principal tribunal del país advirtió que no estaban autorizados por las leyes federales y violaban la Convención de Ginebra.
El Congreso legislativo reaccionó aprobando la Ley de Comisiones Militares, bajo cuyos términos se está juzgando a Hamdan.
Esa ley prohíbe el empleo de evidencia obtenida a través de la tortura, pero indica que declaraciones logradas con métodos de interrotorio "severos" son admisibles si los jueces las encuentran confiables y relevantes.
El Congreso también prohibió en 2005 el empleo de tratamientos "crueles, inhumanos o degradantes", pero testimonios obtenidos a través de su uso antes de esa fecha pueden ser utilizados.
La mayoría de los interrogatorios de Hamdan se registraron antes de la sanción de esa norma, según testimonios judiciales.
Una de las figuras más prominentes entre las que exigen la postergación del juicio a Hamdan es el coronel de la fuerza aérea estadounidense Morris Davis, ex jefe de los fiscales en Guantánamo.
El militar renunció a ese cargo el año pasado en protesta por lo que calificó de interferencias políticas en su trabajo.
"Mi actitud como jefe de los fiscales fue la de no ofrecer ninguna evidencia" obtenida a través de la tortura, dijo. "Sentí que no podía garantizar juicios justos y abiertos, por lo que renuncié."
En abril, Davis testificó a favor de Hamdan y formuló una severa crítica al sistema de tribunales militares.
En coincidencia con el inicio del juicio contra Hamdan, organizaciones de derechos humanos exigieron judicialmente, invocando la Ley de Libertad de Información (conocida por sus siglas en inglés FOIA), que el Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía general) y otras agencias gubernamentales revelen los documentos solicitados en 2004 y 2006 sobre el programa de detenciones secretas o irregulares.
Entre esas organizaciones figuran la filial estadounidense de Amnistía Internacional, el Centro para los Derechos Constitucionales y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Internacional de la Universidad de Nueva York.
La directora de investigaciones de este centro universitario, Jayne Huckerby, dijo que "cuanto más demore el Departamento de Justicia en admitir su papel en las desapariciones, torturas y traslados secretos de prisioneros, se volverá más obvio que ha contribuido sustancialmente a la ilegalidad que ha caracterizado a este gobierno en los últimos siete años".
