América Central vive un «franco retroceso» en materia de derechos humanos y «focos de conflictividad» que podrían derivar en guerras internas como las vividas en las últimas décadas del siglo XX, señala un informe presentado este martes por varias organizaciones de la región.
"Estamos preocupados ante los abusos, retrocesos (…) y por la adopción de políticas y prácticas tendientes a violar los derechos civiles y políticos de los centroamericanos (…), manifiesta en agresiones contra defensores de derechos humanos", señala el pronunciamiento de siete instituciones.
En Nicaragua, "la situación se ha agravado en los últimos años. Vivimos ataques constantes de las autoridades, incluyendo del procurador de derechos humanos, afín al presidente Daniel Ortega, quien nos acusa de ser pagados por la oligarquía y de ser espías" de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), dijo a IPS Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El informe Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2007-2008 documenta el aumento de amenazas, torturas y crímenes, como el asesinato en marzo de 2007 de Villanueva Delgadillo, madre de Raúl y William, torturados por la policía en el municipio de Nueva Guinea, 280 kilómetros al sudeste de Managua.
Tras haber denunciado las torturas contra sus hijos, Delgadillo fue acribillada por cuatro encapuchados que vestían uniformes militares y policiales.
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Una advertencia sobre el riesgo de aumento de violaciones de derechos humanos en Nicaragua fue incluida en el informe 2006-2007 sobre Nicaragua.
La investidura de Ortega como presidente, en enero de 2007, "ha trastocado el acceso a la información pública", y aunque existe una ley al respecto, los procedimientos no favorecen ese derecho. Hay además ataques a los medios de comunicación, en especial aquellos que "difunden el descontento de la población hacia el gobierno", dijo Ruiz.
"Estamos decepcionados y frustrados" con la gestión de Ortega, afirmó. "Vivimos en una dictadura institucional", subrayó.
Además del Cenidh, en la elaboración del informe participaron el Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala (GAM), el departamento jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense, el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Codefam-El Salvador), el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Honduras y el Comité de Derechos Humanos de Honduras.
También tomó parte la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y el Comité de Derechos Humanos de Panamá, con el auspicio de la Federación Luterana Mundial (FLM).
Guatemala, El Salvador y Nicaragua vivieron guerras civiles entre los años 1960 y 1996, año en que se firmó el acuerdo de paz guatemalteco que dio por finalizado el último de los conflictos regionales, que dejaron cientos de miles de muertos, miles de lisiados y desaparecidos.
La llegada de Álvaro Colom al gobierno guatemalteco en enero de este año ha posibilitado "avances en cuanto al respeto a la libertad de expresión y disminución de violaciones a derechos humanos en los últimos seis meses, aún hace falta mucho camino por andar", dijo Estuardo Galeano, del GAM.
Uno de los retos de Colom es "el fortalecimiento del Programa Nacional de Resarcimiento" que debe "reparar los daños económicos y morales causados a miles de víctimas del conflicto armado entre 1960 y 1996", dijo.
Galeano recordó sin embargo que 53 líderes, candidatos y activistas políticos fueron asesinados durante la campaña electoral de 2007.
Para el titular de la Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, "es preocupante" el crecimiento de actos contra la integridad personal, como malos tratos, uso excesivo de la fuerza y abuso de poder, al tiempo que se ha vulnerado el derecho a la libertad con detenciones arbitrarias, intimidación o persecuciones ilegales, cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC).
En 2007, la estatal pero autónoma Procuraduría recibió 2.779 denuncias, 1.826 de ellas, 65,7 por ciento del total, contra la PNC.
Luna dijo a IPS que "las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado no hayan sido superadas", en los 16 años transcurridos desde la firma de la paz, en enero de 1992.
Otra de las "preocupaciones es el clima de impunidad" que no permite esclarecer los crímenes del conflicto armado salvadoreño, apuntó Armando Pérez, de Codefam. La Ley General de Amnistía, dispuesta en 1993 por el entonces Alfredo Cristiani, impide juzgar a los responsables.
"Si los Estados no son capaces de tomar medidas para que violaciones a derechos humanos del pasado y del presente sean esclarecidas, habrá una crisis de gobernabilidad y descrédito de las instancias estatales, secuestradas por intereses de corporaciones, crimen organizado o la partidocracia", el dominio de los partidos políticos sobre la sociedad, dijo a IPS Celia Medrano, de la FLM.
El documento de 53 páginas lanza además una "voz de alerta" sobre posibles "focos de conflictividad" que, de no ser abordados, van a generar conflictos en cada uno de los países de la región, que pueden adquirir dimensiones similares a las de las guerras civiles de hace más de 25 años, advirtió Medrano.
Este año, la elaboración del informe se coordinó con la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Prevención de Conflictos y Construcción de la Paz, y se concentró en la impunidad y la violencia.
Andrés Serbin, coordinador de la Plataforma, manifestó que "el proceso involutivo" en materia de derechos humanos se debe a "falencias muy marcadas" en la construcción de una institucionalidad democrática que garantizaría libertades políticas, civiles, socioeconómicas, culturales y ambientales de la población tras la firma de los acuerdos de paz.
Cualquier concepción de prevención de conflictos tiene que ir a las causas de los mismos: pobreza, exclusión social, desigualdad, exclusión política y ausencia de Estado de derecho, dijo Serbin a IPS.
Si esos "factores persisten, las condiciones para que se atente contra los derechos humanos evidentemente van a aumentar", concluyó.
