La acusación penal internacional contra el presidente de Sudán, Omar Hassan Al-Bashir, despierta en su país el temor a una reacción violenta de las fuerzas del gobierno y las milicias árabes contra la desolada población de la occidental región de Darfur.
Al-Bashir es objeto de 10 acusaciones por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio en la Corte Penal Internacional (CPI), organismo judicial del sistema de las Naciones Unidas con sede en La Haya. La comunidad mundial de derechos humanos aplaudió la decisión.
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tienen la facultad de veto sobre las resoluciones del cuerpo, están profundamente divididos en torno a la posibilidad de tomar acciones contra el presidente sudanés.
Por lo tanto, es improbable que Al Bashir afronte un juicio en la CPI en el futuro cercano.
«No sabemos qué sucederá ahora. Para los sobrevivientes de Darfur, el proceso abierto por la CPI es, en sí mismo, de una enorme importancia», dijo el legislador sudanés Salih Osman Mohammed, quien además es abogado experto en derechos humanos.
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Luego de años de sobrevivir en estado de desamparo y de negligencia internacional, la acusación contra Al-Bashir es percibida por la población de Darfur y los refugiados procedentes de allí como una demostración de apoyo, explicó Salih.
Pero dentro de Sudán, la situación es diferente.
«El parlamento está dominado por los hombres de Al-Bashir. El sistema judicial es incompetente e incapaz de dar justicia. La comunidad internacional, durante mucho tiempo, se hizo la sorda ante el problema. ¿Qué otra opción que la CPI tiene el pueblo de Darfur?», se preguntó Salih.
Los problemas de Darfur, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en los años 70 como una disputa por las tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros, ambos musulmanes.
La crisis derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed («hombres a caballo»), a las que se presume apoyadas por Jartum.
Los Janjaweed y el régimen sudanés son acusados de implementar una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a los dos grupos guerrilleros.
La ONU calcula que el conflicto ha dejado 400.000 muertos, 2,5 millones de desplazados y 3,5 millones de personas luchando por sobrevivir en medio de la violencia y el hambre.
Arrestar y procesar a Al-Bashir podría ser un trámite predestinado al fraso, sostuvo Salih, ganador en 2007 del Premio Sajarov de Derechos Humanos, el principal galardón de la Unión Europea (UE) en la materia.
[pullquote]1[/pullquote]»Pero el hecho de que la comunidad internacional reconozca el sufrimiento del pueblo de Darfur y tenga voluntad de procesar a los responsables significa mucho para los darfurenses. Les hace sentir que tienen un aliado en algún lugar del mundo, dispuesto a oírlos y a apoyarlos», indicó el legislador.
Al-Bashir es ahora un hombre marcado, identificado y deshonrado, sostuvo. Ahora pende sobre él la prohibición de viajar a numerosos países y restricciones diplomáticas, así como el juicio pendiente en el marco del Estatuto de Roma, que creó la CPI y fue firmado por 106 naciones.
«Se desvaneció la sensación de impunidad que lo dominaba. Para la gente en los campamentos (de refugiados y de desplazados) es suficiente saber que alguien ha identificado a los responsables de los crímenes contra ellos», indicó Salih.
Una misión de la ONU en el terreno describió en 2004 a Darfur como el escenario de la peor crisis humanitaria de la actualidad. El Consejo de Seguridad derivó el caso a la CPI en marzo de ese mismo año. El equipo de fiscales debió trabajar desde entonces en circunstancias extremadamente volátiles y complejas.
El norte y el occidente de Sudán, país de 35 millones de habitantes, son predominantemente musulmanes. En el norte se concentra la mayoritaria población árabe, el sector más rico y que ha dominado tradicionalmente la política nacional.
El sur es de predominio cristiano, animista y negro, y fue escenario de una anterior guerra civil.
La línea divisoria de la población musulmana, entre los árabes y los negros, es volátil desde hace muchísimo tiempo.
La población negra del occidente de Sudán se queja desde hace muchos años de la negligencia que sufre por parte de las autoridades nacionales. Los conflictos por el agua y la tierra escalaron hasta el levantamiento general de 2003.
El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, observó en la demanda que, cuando Al-Bashir fracasó en el intento de derrotar al movimiento armado, se lanzó a reprimir al pueblo de Darfur.
«Sus motivos fueron principalmente políticos. Su excusa fue la ‘contrainsurgencia’. Su estrategia fue el genocidio», anotó.
Pero la CPI no tiene buenos antecedentes en el procesamiento de criminales de guerra en Sudán.
El tribunal ya acusó a dos funcionarios de bajo rango. Uno de ellos, el ex ministro del Interior Ahmed Haroon fue designado, luego de ser imputado, ministro de Asuntos Humanitarios, a cargo de proteger a los desplazados en Darfur a los que había atacado por las armas.
De los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña son los únicos que apoyan sin ambages la acusación de la CPI. Estados Unidos, que ha calificado de genocidio las acciones del gobierno sudanés contra Darfur, se muestra reticente a ordenar su arresto. Además, no es firmante del Estatuto de Roma y no reconoce a la CPI.
China tampoco es firmante del Estatuto y tiene fuertes intereses económicos en Sudán, del cual es su principal comprador de petróleo.
La Liga Árabe y la Unión Africana, de las cuales Sudán es miembro, también se niegan a apoyar la acusación.
* Con aportes de Skye Wheeler, desde Juba.
