El presidente izquierdista de Bolivia, Evo Morales, se apresta a devolver al Estado el sistema de pensiones, con la intención de otorgar una jubilación a quienes carecen de ese beneficio, pero enfrenta oposición de empleados y empresarios.
Sectores de trabajadores insatisfechos con la propuesta se suman a grupos patronales, convencidos de que el Estado es ineficiente, y temerosos de que se desvíen para otros usos sus aportes a la seguridad social, que suman 3.300 millones de dólares, hoy en manos de administradoras privadas.
De momento, el Poder Ejecutivo está elaborando el proyecto que enviará al parlamento, donde una comisión se ocupará del debate inicial y de consultas a la Central Obrera Boliviana y a otros sectores interesados.
La medida es coherente con la política del gobierno de Morales de reestatización de empresas privatizadas en los años 90, cuando quedaron en manos del capital extranjero la petrolera nacional junto con compañías de aviación, ferroviarias y eléctricas, entre otras.
Ahora, las administradoras privadas de fondos de pensión Futuro de Bolivia, propiedad de Zurich Financial Services, y BBVA Previsión, del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, están preparando sus maletas para ceder su espacio a una gestora estatal.
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Esas compañías administran las cuentas de capitalización individual de aproximadamente algo más de un millón de trabajadores, cuyas deducciones salariales en concepto de seguridad social, sumadas a la cuota de aportes patronales, han sido invertidas para generar una masa de ahorro empleada para pagar sus jubilaciones mensuales cuando les llegue el momento del retiro.
Los jubilados por este sistema perciben una pensión equivalente a 80 por ciento del salario promedio que recibían en sus últimos cinco meses de actividad.
Según la ley vigente, todo trabajador dependiente está obligado a aportar a alguna de estas administradoras privadas. A quienes restaban pocos años para jubilarse los acogió el Estado, que gasta 400 millones de dólares para pagarles una pensión, una cifra elevada para un país que tiene un producto interno bruto de apenas 11.000 millones de dólares.
Mientras, los trabajadores autónomos e informales, el grueso de la fuerza laboral de este país, tienen la puerta para acceder a un fondo previsional privado, pero muy pocos lo han hecho, pues no cuentan con condiciones de empleo ni ingresos suficientes.
A ellos va dirigido el fondo solidario que el gobierno aspira a poner en funcionamiento a partir de la reforma.
Debido al retiro paulatino del Estado de la economía boliviana, a partir de 1985, sólo 34 por ciento de la población económicamente activa trabaja en relación de dependencia. Los dos tercios restantes son independientes o se dedican a actividades informales, sin aportes al sistema de seguridad social.
En entrevista con IPS, el director de Pensiones del Ministerio de Hacienda, Javier Terrazas, defendió la reforma, porque a su juicio incluirá entre los beneficiarios a los trabajadores autónomos e informales que de otra forma no tienen acceso a una jubilación.
Una vez concluido el proceso de reformas, todo trabajador informal que llegue a los 60 puede llegar a percibir una suma mensual de 124 dólares, compuesta por el monto mínimo universal, de unos 98 dólares, más los 26 dólares de la llamada "Renta Dignidad", aseveró Terrazas.
Para acceder a ese derecho, los trabajadores deberán aportar un monto de unos 11 dólares mensuales. Así se crearía el sistema previsional solidario, que coexistirá con el régimen de cuentas de capitalización personal, si bien administrado por una entidad estatal.
La creación de esa gestora estatal, según el analista Gonzalo Chávez, recuerda el pésimo papel jugado por una entidad similar, que terminó en un escandaloso juicio por corrupción contra el entonces administrador de los fondos para jubilaciones, Dante Escobar, actualmente en prisión.
LA PALABRA OFICIAL
El gobierno espera incorporar al fondo solidario a 500.000 trabajadores independientes en los próximos cinco años, señaló Terrazas. IPS: — ¿Cuál es el argumento para prescindir de las administradoras privadas y el retorno del Estado a la administración del sistema de jubilaciones?
JAVIER TERRAZAS: — La idea es buscar el mejor esquema que se adecue a la realidad de los trabajadores bolivianos. Se considera que el sistema de capitalización individual es positivo y por eso se mantendrán las cuentas individuales y la propiedad de los trabajadores sobre ellos. Pero un esquema de administración público nos va a permitir utilizar instrumentos de inversión exterior como los que proporciona el Banco Central de Bolivia y estaremos en condiciones de incrementar nuestras inversiones.
— Actualmente las administradoras Futuro de Bolivia y BBVA Previsión obtienen una rentabilidad de entre 7,7 y 8,8 por ciento. ¿Cómo se proyecta la gestión de la nueva administradora estatal?
— Se puede hacer mejor uso de los canales financieros para mejorar el rendimiento de las cuentas individuales.
— ¿Cuántas personas se beneficiarán con la reforma?
— En el actual sistema de pensiones tenemos 1.098.000 afiliados. Sin embargo, sólo 52 por ciento de ellas aportan regularmente, es decir unos 540.000 afiliados. Nuestra población económicamente activa es de más de tres millones de personas, pero sólo 34 por ciento trabaja en el sector formal de la economía.
— ¿Cómo atraerán a los cuentapropistas que no aportan?
— La gente participa cuando percibe que obtendrá beneficios. Antes, una persona de 45 años no hacía aportes porque no tenía expectativa de conseguir más que la devolución de sus aportes a los 65 años. Sin embargo, bajo este esquema, con un aporte de alrededor de 11 dólares mensuales puede lograr una pensión mensual vitalicia de más de 80 dólares a los 60 años.
— ¿Cuál es la fuente de recursos financieros que creará el fondo para pagar a los trabajadores independientes?
— Se repondrá el aporte patronal de 1,5 por ciento, calculado sobre la totalidad de la masa salarial de los trabajadores en relación de dependencia, que tendrá como destino la cuenta solidaria. Por otro lado, las personas que ganen más de 20 veces el salario mínimo deben contribuir con uno por ciento del total ganado. Se aplicará este descuento a quienes tienen un salario mayor a 1.550 dólares, que en Bolivia se considera bastante alto.
— ¿Cómo devolverán la confianza a la gente que teme perder su aporte individual, que en conjunto alcanza 3.300 millones de dólares?
— Esta es una preocupación tomada con la seriedad que amerita. Diseñamos una entidad blindada donde el presidente y miembros de directorio de la institución gestora serán nombrados por el presidente en base a ternas propuestas por el parlamento. De esta manera evitamos que esta institución se convierta en botín político, garantizando la idoneidad de los ejecutivos.
El tema de las inversiones tiene lineamientos de seguridad básicos en cuanto al tipo de inversión y el monto que se puede invertir en un solo instrumento. Además, cuenta con un sistema de alerta temprana que nos permitirá identificar fallas en las operaciones.
— Frente al descontento de los contribuyentes del Fondo de Capitalización Individual ante los cambios anunciados, ¿el Estado estaría en condiciones de devolver los montos acumulados?
— Los aportes que se hacen a la seguridad social tienen una fecha definida para formar un capital, que se empleará cuando la persona ya no esté en condiciones de trabajar. No se pueden devolver porque significaría quitar la seguridad de un futuro decente a miles de personas.
— Con la nueva ley de pensiones, ¿acudirán a estos recursos para operar el fondo solidario destinado a los trabajadores independientes?
— Los recursos que son personales y ahorrados por el trabajador son de propiedad privada y no se tocan. Nos inspiramos en tres principios: universalidad, solidaridad y sostenibilidad sin costo para el Tesoro General de la Nación. Elaboramos un modelo muy boliviano.
