El salvadoreño Matías Carazo vivió en un limbo legal por más de 26 años en Nicaragua. Huyó en 1982 de los militares de su país que lo acusaban de colaborar con la guerrilla izquierdista y sólo ahora pudo acogerse a una ley que le brindó el estatus de refugiado.
Carazo fue en ese lapso un inmigrante, sin documentación de residencia o ciudadanía en Nicaragua ni en El Salvador, por lo cual sus hijos tuvieron que buscarse padrinos y testigos para ser inscritos en las escuelas y hospitales con apellidos de tutores.
"Mis hijos llevan mi sangre, pero ni mis apellidos. Yo como soy paisano (campesino), nunca supe qué hacer y ahora me dicen que me van a poner legal. Ojalá así sea porque así voy a vivir legal", dijo con alegría a IPS.
La oportunidad a don Carazo le llegó el 3 de este mes, cuando la Asamblea Nacional (parlamento) aprobó, tras cinco años de estudio, la ley de Protección a Refugiados que beneficiará a 3.986 personas que se cobijaron en este país desde 1980.
La mayoría de ellos son campesinos y viven en zonas rurales, según el censo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la oficina local de Migración y Extranjería.
Blanca Fonseca, delegada del Acnur para Nicaragua, celebró la decisión parlamentaria y dijo a IPS que la norma vino a llenar un vacío jurídico en la materia desde 1984, cuando el gobierno de entonces del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) autorizó la apertura de sus fronteras a extranjeros perseguidos por razones políticas e ideológicas.
Fonseca recordó que en ese entonces los refugiados fueron incorporados de manera temporal al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero a partir de 1990 se modificaron las leyes y con ello se excluyó esa protección a los extranjeros tras perder el gobierno el FSLN, que volvió a ocupar la presidencia ahora de la mano otra vez de Daniel Ortega.
"Hasta hoy no ha habido una ley en la materia y los refugiados han tenido que adaptarse a vivir indocumentados o optar con soluciones temporales ante la Dirección General de Migración y Extranjería", indicó.
Según el diputado René Núñez Téllez, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la nueva norma "presenta importantes conceptos como la defensa de género, la no discriminación por ningún motivo o causa, el principio de unidad familiar, el principio de no devolución, la prohibición de la expulsión y el papel mediador del Acnur y agentes locales".
La ley establece la creación de un consejo nacional integrado por autoridades de migración, derechos humanos y de la seguridad social, y delegados del Acnur, de organizaciones religiosas, de organizaciones humanitarias y otros grupos de la sociedad civil.
Núñez Téllez detalló que también se estableció la asesoría legal para solicitantes de refugio, particularmente si son menores de 18 años no acompañados y adultos vulnerables, el derecho de esos extranjeros a trabajar y el acceso a todos los servicios estatales.
Además estipula la obligación del personal de migración, la policía y el ejército a identificar y referir de manera expedita a los solicitantes al procedimiento de elegibilidad de refugiado establecido en la ley.
La aprobación de la norma fue de manera unánime y mereció los aplausos de organizaciones de la sociedad civil y de la alta representación del Acnur.
"La aprobación de la ley nicaragüense sobre refugiados pone de manifiesto cómo la experiencia de un país puede traducirse en un paso positivo hacia el fortalecimiento de los derechos de los refugiados y los derechos humanos", comentó Kevin Allen, representante regional del Acnur.
Esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas considera que Nicaragua no es un territorio de destino sino de paso de inmigrantes en ruta a Estados Unidos. No obstante, muchas veces las personas son detenidas y, ya sin dinero y opciones, optan por quedarse a vivir.
Datos de esa organización señalan que en los últimos dos años más de 94 personas han pedido solicitud de refugio en el país.
"Ciudadanos de Angola, Eritrea, Etiopía, Pakistán y Somalia han llegado a Nicaragua, algunos de ellos como polizones. La norma ayudará a las autoridades a identificar y asistir a aquellas personas que necesitan protección internacional", dice el comunicado emitido por el Acnur en víspera de la aprobación de la ley.
El representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, coautor de la norma, recordó que Acnur fue fundamental para reagrupar a los nicaragüenses tras más de 10 años de guerra entre la guerrilla izquierdista del FSLN y la dictadura de Anastasio Somoza (1967-1979) dispersos muchos de ellos por el resto de América Central y Estados Unidos.
La discusión parlamentaria por este asunto se caldeó más allá de lo pensado debido a que dos meses antes el gobierno de Ortega otorgó asilo diplomático a tres jóvenes mujeres sobrevivientes del ataque militar de Colombia contra un campamento de guerrilleros de ese país en territorio de Ecuador, que desató una severa crisis diplomática regional.
Managua otorgó primero asilo humanitario a las colombianas Doris Torres Bohórquez, de 21 años, y Martha Pérez Gutiérrez, de 24 años, que estaban en el campamento de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 1 de marzo, cuando fue bombardeado y donde murieron 26 personas, entre ellas unos de sus máximos jefes, "Raúl Reyes".
Las dos colombianas, junto con la mexicana Lucía Morett que también se encuentra en Nicaragua bajo la figura de refugiada, fueron rescatadas por soldados ecuatorianos tras esa operación militar.
Al final, según Carrión, la ley separa las facultades de cada país para otorgar asilo a las personas que sean consideradas aptas por las autoridades y el estatus de refugiado que la ley obliga a proteger al Estado de Nicaragua.
"El refugio es una figura legal que obliga a los beneficiarios a estar en el país para acceder a ese beneficio bajo argumentos amplísimos que demuestre que no puede seguir viviendo en su país de origen", explicó el activista.
Nicaragua ratificó en 1980 la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
Martha Cranshaw, de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, expresó que la ley "es el producto de un esfuerzo de consulta desde hace más de cuatro años, donde la voz de la sociedad civil y de los organismos expertos internacionales en el tema fue integrada".
Una de las cosas que más le llama la atención a Cranshaw, como aspecto positivo, es que la norma incorpora el derecho de reintegración familiar, prioriza la protección a la niñez y adolescencia, contempla la violencia de género como argumento válido para pedir refugio, así como la persecución por discriminación sexual.
