La convocatoria a una consulta ciudadana, por iniciativa de la alcaldía de la capital de México, añade leña al candente debate sobre la industria petrolera que se realiza en el parlamento.
La consulta, de carácter no vinculante, se llevará a cabo el 27 de julio y pedirá a los ciudadanos capitalinos su aprobación o rechazo a las reformas propuestas por el gobierno del conservador Felipe Calderón para la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Algunos observadores y políticos opinan que se trata de una trampa sin validez jurídica, pero sus mentores de la izquierda, que gobierna la capital y se opone a las reformas, argumentaron que la consulta es "la mejor forma de democracia" en cuestiones trascendentes.
El izquierdista Frente Amplio Progresista, que aglutina al Partido de la Revolución Democrática (PRD, principal fuerza opositora) y a los pequeños Partido del Trabajo y Convergencia, saludó la convocatoria y exhortó a seguir el ejemplo a los gobiernos de ocho de 32 estados federados del país, en los que también existe la figura del referendo.
El Frente también llamó al parlamento a alentar una consulta similar en todo el país.
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"No hay ningún argumento para eludir una consulta pública cuando hay un tema de esta naturaleza, salvo que se tenga temor de que la mayoría de la población no esté de acuerdo con lo que se está planteando", dijo el jefe de gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, del PRD, impulsor de la iniciativa.
Legisladores y gobernadores estaduales del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron la idea de la consulta.
Se argumenta problemas jurídicos para llevarla a cabo, pues no está contemplada en la Constitución, pero además dificultades para formular preguntas sobre una reforma que incluye muchas aristas, varias de ellas vinculadas a la tecnología.
Los referendos y plebiscitos funcionan cuando las decisiones a tomar implican disyuntivas claras, pero no cuando abordan asuntos como el petrolero, que requiere varias soluciones o una combinación de ellas, y en medio de un mar de aspectos jurídicos y técnicos, dijo a IPS el consultor en cuestiones energéticas, Marcelo Contreras.
"El llamado a consulta sólo es una forma de hacer política opositora", opinó.
En mayo se puso en marcha un debate parlamentario sobre las reformas a cinco diferentes cuerpos legales vinculados a Pemex que propone el gobierno, luego de la presión ejercida por los parlamentarios del Frente Amplio, que ocuparon en abril las tribunas de las dos cámaras legislativas.
Más de 160 especialistas y políticos debaten hasta el 15 de julio en 21 jornadas programadas. El proceso es transmitido en vivo por el Canal del Congreso. Se han celebrado ya ocho foros, donde se exponen todo tipo de opiniones y posiciones.
Un aspecto en común es que Pemex sufre una aguda escasez de fondos y tecnología y graves problemas de administración. Aun así, las ventas de crudo siguen financiando 40 por ciento del presupuesto del Estado y no hay a la vista ninguna otra fuente de ingresos disponible.
Además, las evaluaciones indican que las reservas probadas de petróleo mexicano tienen un horizonte de apenas nueve años. A pesar de ser exportador de crudo, este país importa cada vez más gasolinas y otros derivados.
En este contexto, la propuesta del referendo "que no va a resolver ni los diferendos, ni la falta de acuerdos, ni la polarización social", opinó la politóloga María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
"No porque sea un método malo, inadecuado, defectuoso o complicado, sino porque el asunto no es de métodos sino de compromisos: con las instituciones y con la regla de mayoría. Hasta donde yo sabía, los mexicanos ya nos habíamos dado un método: la democracia representativa, esa que dice que las reformas pasan por el Congreso", sostuvo Casar.
El gobierno sostiene que sus propuestas apuntan a dotar a Pemex de autonomía de gestión y de un perfil que lo acerque más al funcionamiento de una empresa que de un ministerio, como sucede hoy.
El proyecto pretende, según el discurso oficial, dotar a Pemex de flexibilidad para negociar contratos con particulares y realizar todo tipo de compras, ámbitos en los que ahora enfrenta engorrosos pasos administrativos.
Pero la izquierda y numerosos expertos sostienen que es una propuesta privatizadora y carente de transparencia, que debe ser rechazada, mientras el oficialismo y otra porción de especialistas afirman lo contrario.
Las reformas no incluyen modificar la Constitución, que establece la propiedad estatal del petróleo. Sin embargo, algunos observan aspectos inconstitucionales, mientras otros recuerdan que la participación privada, incluso de corporaciones extranjeras, se mantiene desde hace décadas en el negocio petrolero mexicano.
El ex presidente de Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, criticó el llamado a consulta ciudadana y sugirió mantener el debate en el parlamento, espacio diseñado para "que las corrientes políticas se escuchen mutuamente, para dialogar, para matizar, para limar, para tender puentes de arreglo, para, en una palabra, acordar".
"La consulta, a querer o no, tendrá que poner las opciones en sus extremos, en blanco o negro, suprimiendo los grises, que es en la zona en que se encuentra una posible salida del laberinto. Lo digo de otra manera: por la complejidad de la reforma y porque en buena hora el Congreso fue colonizado por la pluralidad, es el lugar idóneo para desahogar el litigio", sostuvo.
Para el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, del PRI, la consulta convocada por la alcaldía capitalina es una manipulación política.
Para el analista económico Enrique Quintana, del diario Reforma, se trata de una "inteligente trampa" dirigida simplificar el debate entres las opciones privatización sí o no. Las preguntas que se formulen serán hechas "a modo" para conseguir las respuestas que la izquierda espera, opinó.
Al contrario, el columnista del diario Excélsior, Humberto Musacchio, sostuvo que "la feroz resistencia" a la consulta popular obedece a los políticos que quieren "aprobar en privado el atraco a la nación".
La Constitución de México no establece las figuras del referendo ni del plebiscito, consideradas mecanismos de "democracia directa". Pero un artículo establece que el gobierno está facultado para crear "los procedimientos de participación y consulta popular", en materia de definición de planes de desarrollo.
La normativa del distrito capitalino que establece el referendo es la Ley de Participación Ciudadana.
La consulta es el instrumento a través del cual el "Jefe de Gobierno" o alcalde "somete a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal", establece esa ley.
El resultado no es vinculante, pues la autoridad sólo puede llamar a consulta para obtener "elementos de juicio" para el ejercicio de su función, afirma la Ley de Participación Ciudadana.
En los demás distritos que contemplan la consulta popular, el alcance de los temas es estadual.
