El gobierno peruano de Alan García muestra una clara tendencia hacia el autoritarismo frente a la protesta social e intolerancia ante cualquier forma de crítica, al punto de promover leyes que criminalizan las manifestaciones opositoras, según la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
García, del Partido Aprista Peruano, respalda las industrias extractivas, especialmente a las mineras y petroleras, a pesar de los crecientes reclamos de las comunidades locales y ambientalistas, señala el último informe de la Coordinadora.
La respuesta del gobierno ante el descontento popular por su política económica ha sido la represión y no el diálogo, una conducta que estimula el conflicto social, advierte el estudio.
Las autoridades y habitantes de la meridional ciudad de Moquegua paralizaron en las últimas semanas por 10 días el sur del país porque el Poder Ejecutivo no atendió su reclamo de distribución equitativa del canon que pagan las empresas mineras.
En Moquegua, 25 por ciento de sus pobladores viven debajo de la línea de pobreza, uno de los índices más bajos de Perú. En un principio el gobierno ordenó a la policía reprimir a los huelguistas, pero finalmente se vio forzado a negociar un acuerdo.
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La Defensoría del Pueblo informó que en 2007 sólo fue posible resolver a través del diálogo 33 por ciento de los conflictos sociales. La amplia mayoría de las protestas, 85 por ciento, tuvieron como escenario zonas donde el sector más amplio de la población vive en la pobreza.
El organismo señaló que 48 por ciento de los conflictos registrados el año pasado se originaron por reclamos ambientales y 27 por ciento por cuestionamientos a las autoridades locales.
Frente a ellos, García "ha respondido con normas legales que criminalizan la protesta social", dijo el secretario ejecutivo de la Coordinadora, Ronald Gamarra.
"Ha dictado decretos preocupantes, porque se convierte a la fuerza pública en el único mecanismo para frenar los movimientos de carácter reivindicatorio, alentando leyes que tratan al reclamo popular como manifestaciones del crimen organizado. Es el reino de la intolerancia", aseguró.
El informe de la Coordinadora se refiere a hechos registrados en 2007, pero los activistas afirman que la tendencia autoritaria se ha acentuado en lo que va de este año.
"Sabemos que hay que hacer frente a la delincuencia y al crimen organizado, pero una cosa muy distinta es la protesta social. Parece que el modelo económico neoliberal no puede asegurar su existencia y continuidad sin la represión", señaló Gamarra.
El 19 de febrero, durante un paro de actividades agrícolas convocado por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho, la policía usó armas de fuego para dispersar a los manifestantes. Murieron dos campesinos.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, dijo ante el Congreso legislativo que los asesinos eran "infiltrados" y que la policía no empleó sus armas.
Sin embargo, la fiscalía de Ayacucho culpó al policía Carlos Rodríguez por la muerte de los campesinos Emiliano García y Rubén Pariona, y el acusado admitió haber disparado su arma. El gobierno, sin embargo, se aferra a su versión de que se demostró "que infiltrados fueron los que mataron a los campesinos".
La legisladora del PAP Mercedes Cabanillas responsabilizó a "la izquierda trasnochada" por haber organizado la protesta en Ayacucho, una de las zonas más pobres del país.
Otro legislador del mismo partido oficialista, Aurelio Pastor Valdivieso, figura de peso en la bancada, dijo a IPS que todos los derechos fundamentales son respetados y negó que exista una tendencia autoritaria.
"En Perú se respetan absolutamente todas las libertades y no sólo son respetadas sino también garantizadas. Hay además un compromiso por parte del gobierno y del partido de gobierno de respetar y defender absolutamente el ejercicio de las libertades", afirmó.
"Lo que pasa es que hay quienes confunden el respeto y la tolerancia del gobierno con una suerte de debilidad y pretenden aprovechar eso para promover protestas, violencia e inclusive muertes, como ha ocurrido en el último paro agrario en Ayacucho", argumentó.
Pastor Valdivieso dijo que, frente a eso, "el Estado tiene todo el derecho de actuar para defender a la ciudadanía y para eso cuenta con las fuerzas policiales, leyes y reglamentos. Tiene la firme decisión de no permitir que en Perú gobiernen el desorden, el caos y prevalezca la sensación de desgobierno".
El gobierno insiste en alentar leyes más duras. "La nueva legislación, contraria a lo estipulado en la Constitución, da pie a que muchos de los abusos que puedan cometer los policías para menguar estas protestas sociales queden impunes", advirtió el informe de la Coordinadora.
Esa respuesta, agregó, se aplica en forma paralela a la promoción de leyes que favorecen a los grandes capitales.
"Son las que favorecen a las industrias extractivas, como la titulación de tierras de las comunidades campesinas y la sostenida y cerrada postura del gobierno respecto de la defensa y promoción de los proyectos mineros y petroleros en zonas donde pueden afectar la salud de las poblaciones. Muestran la intransigencia de la política que el gobierno sostiene, incluso cuando el modelo no es muy fructífero y el costo social elevado", señaló la Coordinadora.
"El gobierno ha mantenido una posición severa e intransigente que favorece siempre a los grupos económicos en desmedro de las poblaciones", concluyó el documento de la red de derechos humanos, que agrupa a 67 organizaciones no gubernamentales de todo el país.
Para Carlos Reyna, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica identificado con el PAP, son varias las evidencias sobre la tendencia hacia el autoritarismo por parte del gobierno.
"Además de la serie de medidas y decretos para restringir la libertad política y el derecho de expresión de los ciudadanos, hay un estilo de desempeño del presidente García frente a las protestas sociales sumamente agresivo y provocador, incluso polarizante frente a las manifestaciones antigubernamentales", señaló Reyna a IPS.
"A esto hay que añadir que hubo casos en algunas protestas sociales en que la policía disparó causando muertes y, sin embargo, sólo se sancionaron a subalternos, ningún oficial ha sido acusado o señalado ni por el Poder Ejecutivo ni por la mayoría legislativa oficialista, que por el contrario ha 'blindado' constantemente al ministro del Interior.
Incluso el Poder Legislativo ha facultado a la policía a disparar en protestas sociales. Entonces, sí existen tendencias autoritarias", aseguró Reyna.
El jefe de policía de Moquegua, general Alberto Jordán, fue destituido por negarse a desalojar por la fuerza a los manifestantes que habían bloqueado una ruta. García lo calificó de "cobarde" por no acatar sus órdenes, pero el oficial afirmó que si la cumplía se habrían registrado numerosas muertes entre los 20.000 pobladores en huelga.
En un informe del 18 de este mes, la Defensoría del Pueblo alertó sobre 65 conflictos sociales, de los cuales 10 se encuentran a punto de estallar. Siete de ellos son protagonizados por comunidades que reclaman por la actividad de las compañías mineras.
"Hay una atmósfera social de contradicción y zozobra. Al generarse la sensación de que el Estado no está dispuesto a transigir, se pone en cuestión la búsqueda de entendimiento y la posibilidad de las soluciones dialogadas", advirtió la Coordinadora de Derechos Humanos.
