Belarús, único país europeo que aplica la pena de muerte, podría abolirla mediante decreto presidencial o resolución parlamentaria. La vía del referendo está descartada, pues una abrumadora mayoría se pronunció en 1996 en las urnas por mantener el castigo.
"La Corte Constitucional cree que, bajo las actuales circunstancias, sólo el presidente y el parlamento pueden abolir la pena capital o declarar una moratoria", informó a IPS el fiscal general de Belarús, Grigory Vasilevich, en una declaración escrita.
La vigencia del castigo en el país, explicó, es sólo una medida "temporaria".
Pero la subdirectora del Gabinete del Presidente, Natalia Petkevich, había insistido, antes de la declaración de Vasilevich, que la pena capital solo podría ser eliminada a través de una consulta popular.
Sólo un referendo, dijo, puede modificar lo establecido por otro referendo, dijo en referencia al convocado en 1996, en el que 80,4 por ciento de los votantes rechazaron la idea de abolir la pena de muerte.
[related_articles]
Las autoridades bielorrusas han utilizado ese resultado para ignorar los llamados a poner fin a las ejecuciones.
Vasilevich también mencionó el resultado de la consulta de 1996, pero dijo que el "carácter temporal" de la pena de muerte ahora figura en la Constitución, y que en 2006 el código penal fue modificado para reflejar esa condición.
Sin embargo, no ofreció ningún indicio sobre cuándo Belarús, una nación de casi 10 millones de habitantes, que integró la disuelta Unión Soviética, podría abolirla.
Desde la independencia, en 1991, hubo ejecuciones todos los años. En 1997, se autorizó por primera vez a los tribunales a impartir condenas a prisión perpetua por delitos graves. Luego, la cantidad de ejecuciones alcanzó un récord de 47 en 1998 y declinó rápidamente.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, el año pasado hubo al menos cuatro condenas a la pena capital y una ejecución.
Y en febrero de este año, tres miembros de la llamada "pandilla Morozov", condenados por robos y asesinatos, fueron fusilados.
Esas ejecuciones provocaron una dura reacción del Consejo de Europa, organización integrada por los 47 países del continente —excepto Belarús— que promueve los derechos humanos y la democracia. La abolición de la pena de muerte es un requisito para ser miembro de la institución.
"Las autoridades de Belarús una vez más han optado por la barbarie y la injusticia", dijo el presidente de la asamblea parlamentaria del Consejo, Lluis María de Puig.
"El presidente Alexander Lukashenko podría haber conmutado esas sentencias y así mostrar una clara determinación de acercar a Belarús al Consejo de Europa", agregó..
El presidente de la Cámara de Diputados de Belarús, Vadim Popov, respondió preguntando al Consejo porqué no criticaba a Estados Unidos, donde también se aplica la pena capital en algunos estados de su territorio.
Pero Popov también extendió una rama de olivo. Admitió que era tiempo para "discutir este tema" y crear el ambiente propicio para tomar una decisión.
"Unamos fuerzas para modificar la opinión pública, veamos cómo reacciona la gente", dijo.
Sin embargo, Popov advirtió que resultaría "imposible" eliminar la pena de muerte en forma inmediata y sugirió que el primer paso sería declarar una moratoria.
El presidente de la Corte Constitucional, Valentin Sukalo, señaló en una entrevista con la agencia oficial de noticias Belta que "jamás insistimos en mantener su vigencia" y agregó que el camino está abierto para establecer "al menos" una moratoria.
Según Vitali Silitski, director del Instituto Bielorruso de Estudios Estratégicos, dijo a IPS que una moratoria era posible a cambio de un tratamiento más favorable por parte de la Unión Europea (UE).
El director de la no gubernamental Tercera Vía, Pavel Marazau, considera que establecer la moratoria sería sencillo. "Es una decisión personal del presidente, que puede ser tomada sin ninguna discusión pública", señaló a IPS.
Pero Valery Filippov, director ejecutivo de la Asociación Pública Republicana para Iniciativas Legislativas, se mostró cauteloso respecto de los comentarios oficiales sobre la pena de muerte.
En el pasado, las autoridades realizaron comentarios deliberadamente contradictorios a causa de las presiones de la UE, dijo a IPS.
Filippov agregó que se trata de una cuestión especialmente complicado. Modificar la opinión pública será difícil a causa del completo control gubernamental sobre la prensa y muchos ciudadanos apoyan la pena de muerte para buscar venganza por los delitos, comentó.
Para el copresidente del opositor Partido Demócrata Cristiano, Vitak Rymashueski, la ausencia de libertad de expresión impide actuar sobre la opinión pública.
Amnistía Internacional realiza una campaña para que Belarús elimine la pena de muerte.
La propaganda y los prejuicios han convencido a la gente de que la pena capital es una solución para los delitos graves, señaló Slava Kudryavtsev, experta de Amnistía sobre Rusia y la ex repúblicas soviéticas.
"Sería mucho mejor que Belarús la aboliera no a causa de la presión externa sino porque el gobierno y la población comprenden los beneficios de esa decisión", dijo a IPS.
