El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega lanzó una agresiva campaña verbal contra organismos financieros internacionales, la Unión Europea (UE) y un grupo de países que otorgan asistencia a esta nación centroamericana.
En medio de la polémica, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de izquierda, intercambia críticas con la oposición, mientras líderes religiosos y representantes de la sociedad civil advierten que el país podría perder la ayuda externa.
La campaña comenzó este mes como respuesta a comunicados de representantes de la UE, del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y de la llamada Mesa de Donantes, integrada por 24 países y organismos que brindan asistencia a Nicaragua, en los que expresaban preocupación por entender falta de transparencia en el manejo de fondos que Managua recibe de Venezuela.
Ortega reconoció que, como producto de un convenio petrolero con Caracas, el país recibe anualmente 520 millones de dólares, que se manejan discrecionalmente desde Albanisa y Petronic, empresas de capital mixto cuyos balances se encuentran al margen de la fiscalización pública.
Los representantes de los organismos internacionales también criticaron, por separado, la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de quitar la personería jurídica hasta 2012 a dos partidos políticos de la oposición: el izquierdista Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), un grupo disidente del oficialismo, y el Partido Conservador.
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En consecuencia, ambas agrupaciones se ven impedidas de participar en los comicios municipales de noviembre de este año y las elecciones presidenciales de 2012.
Según el presidente del CSE, Roberto Rivas, esos partidos violaron la legislación electoral al no comunicar las listas completas de sus convencionales, informar parcialmente sobre los cambios en las estructuras internas a nivel departamental y al violar sus estatutos en materia de nombramiento de autoridades.
Tanto el MRS como los conservadores se oponen al FSLN y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), condenado a 20 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Ortega y Alemán mantienen desde 2000 un pacto político que les permite un mayor peso político.
Sin embargo, el MRS obtuvo cinco bancas en el Congreso legislativo en las elecciones de 2006, mientras que los conservadores, en alianza con liberales disidentes, obtuvieron 22, lo cual impidió que el FSLN y el PLC gozaran de la mayoría necesaria para lograr la aprobación de sus iniciativas legislativas sin resistencia.
La Mesa de Donantes señaló su preocupación respecto de que la proscripción de las fuerzas opositoras "represente una reducción de los espacios democráticos y vaya en una dirección contraria a la orientación incluyente del cuerpo legislativo nacional e internacional sobre derechos civiles y políticos de los ciudadanos".
El grupo está integrado por los embajadores de Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Japón, Noruega, Suecia, Suiza, la UE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El comunicado, que fue leído en conferencia de prensa por la embajadora de la UE para América Central, Francesca Mosca, agregó que la decisión del CSE "genera serias inquietudes para la comunidad cooperante sobre el avance de la consolidación democrática y gobernabilidad del país, particularmente en lo referente a los derechos de participación ciudadana".
Según cifras del Banco Central de Nicaragua, el país recibe en promedio 500 millones de dólares al año en préstamos reembolsables, donaciones en efectivo y en alimentos, maquinarias y capacitación, con el objetivo de reducir la pobreza y fortalecer las instituciones públicas.
El vicecanciller Manuel Coronel Kautz advirtió a los representantes de la Mesa de Donantes que cualquier intromisión en los asuntos internos era causa suficiente para declararlos "personas no gratas" y expulsarlos del país.
El secretario de Cooperación Externa de la cancillería, Valdrak Jaentschke, planteó que los donantes "deben aprender a comportarse en el nuevo contexto de una Nicaragua más digna, o irse del país con sus monedas a otra parte".
"Si nos plantean que no hay cooperación porque nosotros no hacemos tal cosa, no tenemos otro camino que decir: bueno, si te lo quieres llevar, llévatelo, ese es el planteamiento de dignidad", añadió.
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, por su parte, mandó a callar al entrante embajador de España, Antonio Pérez Hernández, luego de que el diplomático cuestionara un embargo judicial del gobierno sandinista a una empresa de su país, el Grupo Barceló, dedicado a la hotelería.
"Embajador, usted sabe muy bien que no puede andar dando declaraciones públicas sin antes haber entregado sus cartas credenciales al jefe de Estado, que es el presidente de la República. No ande haciendo esas cosas", dijo Estrada, antes de amenazar con rechazar el plácet del diplomático.
Luego Ortega fue aún más lejos. "La UE tiene el descaro de sacar un comunicado queriendo darnos lecciones. ¡Son unas verdaderas moscas! Y ya sabemos dónde se paran las moscas… sobre la inmundicia", atacó.
"Se creen en el derecho de criticar por darnos unas minucias que ellos llaman ayuda, cuando no es ninguna ayuda. Se pueden ir con sus 30 monedas a comprar a otros", dijo.
La posición del gobierno contra los donantes fue ratificada esta semana por el propio canciller de Nicaragua, Samuel Santos, quien repitió en tono más moderado las declaraciones de Ortega y demás funcionarios.
"Los países donantes deben aprender a respetar a Nicaragua, no estamos en tiempos de imposiciones ni de condiciones fuera de la dignidad y la soberanía", dijo Santos el pasado miércoles 25, a su regreso del exterior.
La Mesa de Donantes insistió ese mismo día con otro comunicado ratificando la posición de los organismos internacionales y países cooperantes ante el cierre de los espacios políticos.
Agregó, además, que el comunicado era firmado y respaldado por 24 países, agencias de desarrollo, bancos financieros y organizaciones humanitarias que aportan recursos para combatir la pobreza.
Las declaraciones gubernamentales generaron reacciones de rechazo entre la oposición política, la Iglesia Católica, los donantes y organizaciones de la sociedad civil, a las que Ortega también ha cuestionado duramente.
La Conferencia Episcopal emitió un comunicado recordando que el país, debido a su alto nivel de pobreza, necesita la cooperación internacional. Nicaragua, advirtió, no puede darse el lujo de rechazar la ayuda extranjera.
La Organización de las Naciones Unidas identificó a Nicaragua como el segundo país más pobre del hemisferio, detrás de Haití, con 47 por ciento de su población en la pobreza extrema.
Kerry Max, presidente de la mesa global de países donantes a Nicaragua, cuestionó las críticas gubernamentales y defendió el derecho a emitir juicios cuando está en riesgo la ejecución de los programas en los cuales participan.
"Cuando se trata de asuntos internos, que no tocan a la cooperación internacional, no hacemos nada. Y no debemos hacer nada. Pero cuando hay asuntos internos que sí tienen incidencia en el logro de la reducción de la pobreza, en la estabilidad social, económica, que pueden afectar nuestra capacidad de apoyar al pueblo de Nicaragua, tenemos por supuesto la responsabilidad de estudiarlos y comentarlos", afirmó.
Marcos Carmona, presidente de la no gubernamental Comisión Permanente de los Derechos Humanos, llamó a Ortega y su gobierno a la reflexión.
"Señor presidente: si la ayuda se va a otros países, serán los más pobres los que padecerán hombre. Usted no sufrirá porque es millonario, pero no todos tienen el petróleo" que llega de Venezuela "en sus bolsas como para soportar la hambruna que se nos vendría", señaló.
