Los Estados deben establecer en sus presupuestos, y de manera explícita, sus políticas de afianzamiento de los derechos de las mujeres, pues, de lo contrario, la equidad de género se volverá una meta esquiva, según activistas y expertas.
Las mujeres representan una parte desproporcionadamente elevada de los pobres del mundo. Por lo tanto, la asistencia no puede considerarse efectiva a menos que aborde la "cuestión central de los derechos femeninos", según una declaración emitida por delegadas de organizaciones de la sociedad civil reunidas en la capital italiana.
La conferencia pidió a la comunidad de donantes "garantizar que las perspectivas de los derechos de las mujeres sean integradas a una agenda de efectividad de la asistencia".
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios y gobiernos locales se reunieron los días 12 y 13 en Roma para considerar los aspectos de la asistencia vinculados al género, junto con otros asuntos de desarrollo, entre ellos cómo alinear la asistencia con estrategias nacionales de desarrollo y reformular los condicionamientos a esa ayuda.
El foro fue organizado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de los preparativos del primer Foro de Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la institución mundial, que se realizará el 30 de junio y el 1 de julio en Nueva York.
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El informe de la reunión de Roma será elevado al Foro en Nueva York, considerado la oportunidad para analizar el cumplimiento de los compromisos y establecer la agenda de asistencia.
"Se trata de considerar cómo impacta la sistencia en los medios de subsistencia de la gente. Su eficacia redunda en la del desarrollo", dijo a IPS Patricia Blankson-Akapo, de la Red para los Derechos de las Mujeres en Ghana (Netright).
"Cuando hablamos de asistencia, deberíamos tener en cuenta la igualdad de género. Tal vez recibamos más dinero, pero sin poder considerar cuánto se gasta en igualdad de género", declaró.
Blankson-Akapo dijo que una mayor participación de la sociedad civil y de las organizaciones femeninas podría ayudar a hacer de la igualdad de género otro tema prioritario "en los procesos de asistencia". Pero ya "es muy difícil obtener financiamiento para que lleven a cabo el trabajo que hacen", agregó.
Según la Asociación para los Derechos de la Mujeres y el Desarrollo, con sede en Toronto, los recursos de donantes para la igualdad de género han decaído progresivamente desde la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995.
En 2003, de la asistencia oficial neta al desarrollo (69.000 millones de dólares), apenas 0,6 por ciento se destinó a programas que tenían como objetivo principal la igualdad de género.
Del presupuesto externo anual de la Unión Europea (UE), de 8.000 millones de euros (12.337 millones de dólares), apenas ocho millones de euros (12,3 millones) se dedicaron a esas tareas, según se informó en la reunión consultiva regional de mujeres africanas realizada a fines de mayo en Nairobi.
Además, según Blankson-Akapo, hay varios criterios de asistencia que la mayoría de las organizaciones de derechos humanos no pueden cumplir.
"Si los criterios se vuelven accesibles para todos, entonces las organizaciones de mujeres pueden acceder a un financiamiento central", que es lo que ahora no ocurre, señaló.
La condicionalidad es otro factor limitante. "Si hay condiciones desfavorables para las mujeres, serán, entonces, desfavorables para los pobres, por lo que la asistencia pierde sentido", dijo.
La práctica de establecer condiciones políticas al desembolso de fondos de asistencia al desarrollo debilitando la soberanía de los países receptores, porque niega a gobiernos y ciudadanos el derecho a elegir.
De ese modo, los gobiernos receptores son "responsables ante los donantes y no ante sus ciudadanos", establecieron en una declaración las organizaciones que asistieron a la reunión de Roma.
El profesor Roger Riddell, de la británica Universidad de Oxford, calculó que condicionar el desembolso de 15.000 millones de dólares anuales de la ayuda reduce el poder de compra de la asistencia oficial al desarrollo.
Si, por ejemplo, las condiciones establecen que el dinero aportado debe usarse para comprar material a empresas del país donante, los gastos adicionales ascenderán a 70 u 80 por ciento del total, según Blankson-Akapo.
La asistencia condicionada "no nos ayuda", destacó.
Algunos donantes se comprometieron a desvincular totalmente su asistencia, pero todavía aplican condiciones de política económica usuales en los créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Pero la condicionalidad implica algunos aspectos positivos.
"La condicionalidad es muy mala, porque es una imposición. Pero podría ser una 'presión positiva' para garantizar que nuestros asuntos sean tenidos en cuenta", dijo a IPS Pauline Vende-Pallen, de la Red Africana del Tercer Mundo.
Algunas reglas tienen mayores posibilidades de ser aceptadas si son dictadas desde afuera, señaló.
"En ese sentido se puede tener una presión positiva, un estímulo positivo a los gobiernos para dedicarse a algunos de estos temas, especialmente los de género y derechos humanos", expresó.
