El Parlamento Europeo aprobó este miércoles la «directiva de retorno», norma que permite a los gobiernos mantener hasta 18 meses detenidos a inmigrantes clandestinos o solicitantes de asilo rechazados, antes de su deportación.
El europarlamentario izquierdista italiano Giusto Catania reflejó los sentimientos de activistas por los derechos de los inmigrantes, al considerar que la votación en Estrasburgo marca uno de los "días más oscuros" de la Unión Europea (UE).
La "directiva de retorno", rechazada en bloque por los partidos de izquierda, establece a los 27 países del bloque un criterio común sobre el tiempo en que los inmigrantes que afrontan la expulsión pueden estar detenidos. Hasta ahora, en siete de los estados no regía un límite obligatorio.
Según la nueva norma, debería establecerse un máximo de detención de seis meses, aunque puede extenderse por otros 12 en una amplia gama de circunstancias.
Una amplia coalición de organizaciones religiosas, humanitarias y de derechos civiles calificó excesivos los 18 meses, pues la mayoría de los inmigrantes que podrían ser sometidos a una detención tan extensa no han sido condenados por ningún delito.
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Souhayr Belhassen, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, calificó la votación, además, de inoportuna.
Cuando falta poco para el 60 aniversario de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, "los legisladores europeos nos hicieron saber que los inmigrantes no son seres humanos como cualquier otro", advirtió Belhassen. "Los han deshumanizado", se lamentó.
Uno de los principales críticos de la directiva, el presidente de Bolivia, Evo Morales, la consideró una negación de "los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos".
"Existe la posibilidad de encarcelar a madres de familia y menores de edad sin tomar en cuenta su situación familiar o escolar, en estos centros de internamiento donde sabemos que ocurren depresiones, huelgas de hambre, suicidios", escribió Morales.
"¿Cómo podemos aceptar sin reaccionar que sean concentrados en campos compatriotas y hermanos latinoamericanos indocumentados, de los cuales la inmensa mayoría lleva años trabajando e integrándose?", preguntó el mandatario.
En una carta abierta publicada el viernes, Morales llamó a Europa a reconocer la contribución positiva de los inmigrantes a la economía del continente.
"Hoy, la Unión Europea es el principal destino de los migrantes del mundo, consecuencia de su positiva imagen de espacio de prosperidad y de libertades públicas", agregó.
"La inmensa mayoría de los migrantes vienen a la UE para contribuir a esta prosperidad, no para aprovecharse de ella. Ocupan los empleos de obras públicas, construcción, en los servicios a la persona y hospitales, que no pueden o no quieren ocupar los europeos", anotó.
Otro motivo de conflicto es la prohibición por cinco años del reingreso a territorio de la UE de un expulsado, lo cual, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, constituye "un ejemplo extremadamente malo para otras regiones del mundo".
Además, advirtió Amnistía, la norma no contiene garantías de que se satisfagan las necesidades de los niños y niñas inmigrantes que no estén acompañados por sus padres.
Otras organizaciones alertaron que la directiva permitiría deportaciones a países donde los migrantes podrían sufrir tortura, hostigamiento e incluso la muerte. En algunos casos, el traslado sería a países que no son los suyos, según diversas interpretaciones.
"El texto admite implícitamente que un menor no acompañado por sus padres nacido en el país A sea expulsado al país B", dijo Patrick Peugeot, presidente de la organización francesa de defensa de los refugiados Cimade. "¿Cómo es posible imaginar algo así?"
Pero la directiva fue defendida por los grupos políticos mayoritarios. La aprobación corrió por cuenta de 367 europarlamentarios, con el voto contrario de 206. Cien se abstuvieron.
La norma "no es perfecta" pero contiene varias salvaguardias, argumentó Patrick Gaubert, miembro del centroderechista Partido Popular Europeo, el principal grupo del Parlamento Europeo.
Las detenciones deben ser sometidas a control judicial y, en principio, las deportaciones deben realizarse con el consentimiento de los migrantes, afirmó.
Según Gaubert, la falta de normas vigente antes de este miércoles propiciaba criterios arbitrarios que han sido ahora sustituidos por reglas claras y adecuadas.
"La propaganda se refiere a una 'medida xenófóba', pero Europa está, en realidad, asumiendo con seriedad sus responsabilidades y se niega a abandonar a las personas vulnerables en un vacío legal", agregó.
Este punto de vista fue respaldado por la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.
La europarlamentaria holandesa Jeanine Hennis-Plasschaert consideró "meridianamente claro que este paquete negociado" entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea (rama ejecutiva de la UE) y los gobiernos nacionales "establece reglas donde antes no las había".
Pero el europarlamentario Catania, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, acusó a los gobiernos que apoyaron la directiva de asumir un "enfoque autoritario".
"Éste será recordada como uno de los días más oscuros en la historia de la UE", dijo el legislador italiano. "Estas medidas serán decisivas para los ocho millones de migrantes irregulares hoy residentes en Europa, decisivas para esos hombres y mujeres que, escapando de las guerras y del hambre, tratan de alcanzar nuestras costas."
