Organizaciones de derechos humanos aplaudieron a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por restituirle el principio de hábeas corpus a los detenidos en la prisión para supuestos terroristas que este país tiene en Guantánamo, Cuba.
El último de los reveses sufrido por el gobierno del presidente George W. Bush por el trato dispensado a los acusados habilita a los presos en la base naval de Guantánamo a recusar la legalidad de su detención en tribunales estadounidenses.
"La decisión del jueves repudia de forma inequívoca la falta de respeto a la legislación que significa la fallida política del gobierno de Bush respecto de Guantánamo", remarcó el director legal de la organización Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, Steven R. Shapiro.
El veredicto del caso de Boumediene versus Bush sostiene que el calificativo de "combatientes enemigos", que, según el gobierno, lo habilita a mantener los detenidos en prisión por tiempo indefinido dada la amenaza que representan, no implica privarlos del derecho de hábeas corpus.
Ese mecanismo legal sirve para garantizar la libertad personal de los ciudadanos, pues dispone la comparecencia de detenidos ante un juez o tribunal que resuelva si debe, o no, permanecer privado de ella.
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Pero el gobierno se atribuyó amplias facultades, establecidas en dos leyes que instauraron los "tribunales para revisar el estatus de combatiente", creados por el subsecretario del Departamento (ministerio) de Defensa, Paul Wolfowitz (2001-2005).
Pero el Departamento de Defensa, en tanto que integra el Poder Ejecutivo, no puede asegurar la garantía de hábeas corpus asumiendo el concepto de juez independiente en casos donde la misma rama del Estado sea responsable de las detenciones.
"La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reafirmó con razón el antiguo derecho fundamental de las personas detenidas a recibir una audiencia neutral y justa y a conocer la causa de su arresto y recusarlo", subrayó el director ejecutivo del capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, Larry Cox.
El veredicto "marca el comienzo del fin de un proceso militar injusto que permite el uso de evidencia forzada y niega otras protecciones fundamentales del debido proceso", declaró este viernes la organización de abogados Human Rights First, con sede en Nueva York.
"El alto tribunal simplemente dispuso lo que prevé la Constitución: que el ejercicio de privar de libertad a un hombre practicado por la autoridad ejecutiva debe someterse a una significativa reconsideración de la justicia federal", prosigue.
De hecho, el juez Anthony Kennedy, miembro de la Corte que votó a favor del dictamen de la mayoría, escribió que "pocos ejercicios del Poder Judicial son tan legítimos o tan necesarios como la responsabilidad de escuchar recusaciones a la autoridad del Poder Ejecutivo de detener personas".
Kennedy, un voto decisivo en casos de veredictos politizados, votó junto con los jueces John Paul Stevens, Stephen Breyer y David Souter y la jueza Ruth Bader Ginsburg.
Los magistrados que votaron en contra fueron los cuatro conservadores: el presidente de la Corte, John Roberts, y los jueces Samuel Alito, Antonin Scalia y Clarence Thomas.
"El alto tribunal finalmente dijo basta y resolvió que las detenciones por tiempo indefinido y sin recusación eran inaceptables, ilegales e inconstitucionales. La decisión puede significar una sentencia de muerte para la prisión de Guantánamo", señaló el presidente del Centro de Derechos Constitucionales, Mark Ratner.
El dictamen no termina, de hecho, con el sistema de detención de Guantánamo, que es lo que exigen desde hace años las organizaciones de derechos humanos. Pero sí allana el camino emprendido por los activistas hacia el cierre definitivo.
"La decisión de la Corte Suprema quitó a Guantánamo su razón de ser: una zona sin justicia donde los presos no pueden recusar su detención", señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
Según los defensores del sistema establecido en Guantánamo, las pruebas contra los detenidos deben permanecer en secreto para que los enemigos no descubran los canales de inteligencia por los que se recaba información.
Toda divulgación de esos detalles podría poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, advierten. "Temo por mi país. Realmente tengo miedo", escribió el conductor de radio Mark Levin en el sitio de Internet del conservador National Review.
Los tribunales estadounidenses ya tienen rigurosos criterios de seguridad para aplicar en los juicios que involucran terroristas.
"Los tribunales federales ya cuentan con los procedimientos necesarios para proteger información sensible para la seguridad nacional", reza una declaración de Human Rights Watch.
"No es sólo un triunfo para el imperio de la ley, también fortalece la política estadounidense de lucha contra el terrorismo", sostuvo la directora de Human Rights First en Washington, Elisa Massimino.
"La detención prolongada de personas sin cargos ni juicios viola nuestros valores como nación, aviva la propaganda terrorista y socava los esfuerzos para cultivar la democracia y el derecho en el mundo, tan importantes para luchar contra el terrorismo", añadió.
El Consejo para las Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés) también celebró el dictamen.
"La reiterada falta de un proceso legislativo apropiado y el doble discurso administrativo resultaron perjudiciales para nuestra nación", señaló la directora de CAIR, Tahra Goraya.
"La prisión de Guantánamo es una vergüenza legal y pública para nuestro país y debe cerrarse de inmediato", apuntó.
Los procedimientos de la justicia militar fueron recusados varias veces en tribunales civiles estadounidenses que llevaron a numerosas derrotas para el gobierno de Bush y contribuyeron a demorar los juicios.
Esta saga legal comenzó en 2001, cuando Bush emitió un decreto por el cual pasaba a la órbita militar los juicios a personas detenidas en el marco de su "guerra contra el terrorismo".
Cuatro años de batallas legales después, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que el mandato militar definido en aquel decreto violaba el derecho castrense y las convenciones de Ginebra.
Las convenciones de Ginebra son la base del derecho internacional humanitario, que protege a la población civil afectada por conflictos armados y a los prisioneros de guerra.
El Congreso se apresuró a aprobar la ley de mandatos militares de 2005 y Bush la promulgó a principios de 2006.
