DD-HH-EEUU: Armas de electrochoque sobreviven a fallo judicial

La fabricante de armas de electrochoque Taser International fue otra vez implicada en muertes desencadenadas por el uso de sus pistolas aturdidoras, que disparan descargas eléctricas. Sin embargo, estas seguirán siendo usadas masivamente en esta ciudad.

La compañía perdió esta semana su primera demanda por responsabilidad de fabricación de un producto. Un tribunal le ordenó pagar 6,2 millones de dólares tras la muerte de Robert Heston, del occidental estado de California, sometido reiteradas veces a las descargas de una de esas armas disparada por un agente de policía.

Las acciones de la firma cayeron 11 por ciento después de que la Justicia dictaminó que la compañía era responsable por no haberle alertado a la policía que la exposición prolongada al dispositivo podía aumentar el riesgo de paro cardíaco. Taser se propone apelar el fallo.

Estas pistolas, conocidas como "taser" o "stun guns", son armas de incapacitación que administran una descarga eléctrica con poder para interrumpir las funciones superficiales de los músculos.

"Fue una tragedia para la familia de Robert Heston, así como para los policías", reza una declaración del vicepresidente y abogado de Taser International, Doug Klint.

"Pero no sentimos que el veredicto se base en hechos, incluidos los testimonios de especialistas de renombre que atestiguaron para nosotros con pruebas científicas y médicas", alegó.

"Nuestro compromiso sigue siendo defender nuestros productos para salvar vidas y respaldar a los agentes de la ley", subrayó Klint.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional señalan desde hace tiempo que la mayoría de las muertes con tasers se deben al uso múltiple o prolongado del arma contra la víctima.

A partir de 2001 hubo 300 muertes estudiadas por Amnistía causadas por tasers. En un alto porcentaje se debieron a un uso prolongado y múltiple del dispositivo.

En más de 20 casos, los investigadores atribuyeron a las propias tasers la responsabilidad. En sólo 10 por ciento de los casos fue culpa de la persona que empleó el arma en forma incorrecta.

"No hay que confiar en los científicos pagados por Taser International", subrayó la directora del programa de derechos humanos de la oficina local de Amnistía, Dalia Hashad.

"Hay una discusión científica abierta acerca de la seguridad de esos dispositivos. Existe una cantidad desconocida en muchas áreas y es necesario hacer más estudios antes de ponerlos a disposición de la población. Tenemos que comenzar a discutir si la fuerza es necesaria o no en situaciones específicas, en vez de si se usa un arma común o una taser", sostuvo.

Fuerzas del orden de Estados Unidos y otros países están a favor de ese dispositivo como forma de reducir el uso de armas de fuego en enfrentamientos con sospechosos.

Esta semana murió un hombre de 26 años del distrito neoyorquino de Brooklyn al ser contenido mediante un taser por agentes del Departamento de Policía del condado de Suffolk, en esta ciudad.

"El hecho es una extraña coincidencia, justo cuando Nueva York se dispone a emplear cientos de tasers sin la mínima intención de entrenar y dar pautas estrictas fundamentales para evitar que muera en Long Island tras recibir 50.000 voltios de electricidad", señaló la directora ejecutiva de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Donna Lieberman.

"Eso debería ser motivo suficiente para que el NYPD (Departamento de Policía de Nueva York) interrumpa y difunda el mensaje de que esas armas pueden ser mortales y susceptibles a abusos que pueden causar la muerte", apuntó. "Hay antecedentes de abusos en todo el país, publicidad engañosa y una tendencia a describir a los tasers como no dañinos".

"Las tasers pueden ser una alternativa menos peligrosa, pero si se las distribuye de forma masiva, se las considera una tecnología segura y, de forma errónea, una opción no dañina, las consecuencias serán aun más desastrosas en el futuro", añadió Lieberman.

El detective a cargo de la División Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Suffolk, Jack Fitzpatrick, dijo a IPS que se realizaría una autopsia y un análisis de toxicología. Además, informó que la persona detenida trataba de aspirar una bolsa con cocaína. El hombre murió luego en el hospital.

Fitzpatrick añadió que no tenía pruebas de que se hubiera hecho un uso excesivo de la taser, y dijo que desconocía las estadísticas relacionadas con el ingreso o el origen étnico de las víctimas de ese dispositivo.

La muerte ocurrió un día antes de que miles de oficiales de la policía de Nueva York empezaran a usar masivamente las tasers. La decisión de difundir el uso del arma se basó en una recomendación de la Rand Corporation, que escribió un informe para el NYPD en enero.

"Un análisis de los casos de disparos de armas de fuego en el NYPD y la experiencia de otras oficinas policiales sugiere que si el Departamento tuviera una mayor cantidad de armas eficaces y menos letales, como los dispositivos tasers, no sólo se hubiera evitado que algunos incidentes terminaran en la muerte de una persona, sino también se hubiera reducido la cantidad de policías y civiles heridos, como sucedió en otras dependencias", señala el informe.

"Mientras el NYPD provee gas paralizante a todos sus oficiales de patrulla y dispositivos taser a los supervisores en forma limitada, los autores recomiendan que el Departamento implemente un programa piloto que expanda la actual disponibilidad de las taser a todas las patrullas en zonas seleccionadas", añade.

El informe fue duramente criticado por la NYCLU por no haber recolectado información del público e ignorar aparentes disparidades raciales en las prácticas del Departamento.

"Luego de que oficiales de policía dispararon 50 tiros contra el (ciudadano) desarmado Sean Bell y otros dos hombres negros, el comisionado (Ray) Kelly prometió un estudio cuidadoso e independiente de las prácticas de la policía, dejando a la neoyorquinos sin respuestas a muchas preguntas", señaló entonces en un comunicado el director legal asociado de la NYCLU, Christopher Dunn.

Un portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas dijo no estar al tanto de la proliferación del uso de tasers a nivel mundial, pero señaló que las instituciones de derechos humanos del foro mundial seguirían de cerca el tema.

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